Gilbert Antonio Vanegas Vargas es el décimo condenado por narcotráfico que en este mes de diciembre ordenaron liberar los magistrados liberales de Granada, Julia Selva y Alejandro Estrada, junto a la sandinista Ligia Rivas, mediante la sentencia 40-2010 de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur (Granada).
Antes, en la sentencia número 39-2010, ordenaron liberar a otros nueve condenados por narcotráfico.
En la sentencia 40-2010 los magistrados de Apelaciones le rebajan la pena de 17 a cinco años de prisión al condenado por narcotráfico Max Antonio Castaño García.
Mientras que al procesado Carlos Enrique Siézar Robles, condenado a 19 años de cárcel por narcotráfico, le anulan el juicio por supuestas irregularidades de la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Ivette Toruño.
Tanto la reducción de pena a Castaño García como la anulación del juicio a Siézar Robles, abre las puertas a ambos condenados para que por medio de recursos alcancen la libertad.
Pero los magistrados de Apelaciones no solo ordenan liberar y reducir penas a los narcotraficantes, sino que también devolverles bienes que la Policía les ocupó al momento de la detención.
Los tres magistrados de Granada ordenaron la devolución de la camioneta Nissan Terrano, color azul, propiedad del procesado Vanegas Vargas, aduciendo que se la habían robado.
En la misma sentencia 40-2010 ordenan devolver otros vehículos cuyos propietarios no son ninguno de los acusados que continuaron con sentencia firme, cumpliendo condenas de 17 años de prisión.
Entre los vehículos que la Policía deberá devolver están un Varú, una Land Cruiser y una Toyota de placas caraceñas, a nombre de León Hilario Silva Quintana.
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Además, una camioneta Rodeo, año 1999, placas de Managua, de Diego Alfredo Osorio Gutiérrez y Esperanza del Rosario Jáenz; un camión Nissan, propiedad de Benita Antonia García; un auto Hyundai Excel tipo sedan, de Jonás Víctor.
SE PIERDE MOTO DE PARQUEO DE POLICÍA DE RIVAS
Los magistrados de Granada reconocieron como propietario de una motocicleta ocupada a los procesados, a Juan José Cordón Espinoza, quien —según los judiciales en dicha sentencia— demostró ser el dueño de la moto que le fue ocupada por la Policía y decomisada en la sentencia de la juez Toruño.
El mismo Tribunal granadino hace la salvedad que no pueden devolverle la moto, puesto “que según informe remitido por el jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Rivas ( ) dicha motocicleta se encuentra circulada a nivel nacional, tras haber sido hurtada (robada) del parqueo policial de Rivas y hasta la fecha se desconoce su paradero”, indica textualmente la sentencia de la Sala Penal granadina.
Todos los acusados que aparecen reflejados en la sentencia 40-2010 fueron capturados en noviembre del año 2008, en el sector de El Astillero, en Tola, Rivas.
Supuestamente una parte pertenece a una banda de tumbadores (ladrones de droga) y otra parte son los dueños de la droga que iba a ser robada al momento del operativo de la Policía Nacional.
A Gilber Vanegas Vargas los magistrados lo absuelven porque supuestamente no encontraron pruebas que lo incriminen en el caso.
Este principio de inocencia los magistrados de la sala granadina también lo fundamentaron en el hecho “lógico” de que Vanegas Vargas había denunciado en la Policía que le habían robado su camioneta, y toman como referencia que dos policías dijeron en el juicio que habían visto a Vanegas Vargas llegar a denunciar el robo de su camioneta, y únicamente un testigo había dicho que había visto al acusado cerca del lugar del trasiego de la droga.
LES PEDIRÁN INFORME
La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que ya se está pidiendo informe de las narcoliberaciones a los magistrados Alejandro Estrada, Ligia Rivas y Julia Selva, esta última recién nombrada en el cargo en enero de este año 2010.
El problema en estos casos en que jueces y magistrados ordenan liberaciones de criminales, es que alegan la independencia que debe tener todo judicial para ejercer su cargo en una determinada jurisdicción, explicó la magistrada Ramos.
Ramos agregó que a pesar de esa independencia de los jueces y magistrados de Apelaciones, “cuando la evidencia es muy evidente, cuando la falta de pruebas suena fuera de lugar, es una falta grave resolver en contra de ley expresa” y la CSJ puede indagar sobre las actuaciones judiciales.
En este caso, de los magistrados de Granada, Ramos aclaró que solamente hasta que dichos judiciales informen de su actuar es que se podrá decidir si se abre un proceso en contra de los mismos o no.
Ramos reiteró que en lo personal para ella no fue placentero ver cómo en la sentencia 39-2010 los magistrados de Apelaciones “regañan” a la juez Toruño, a quien le dicen que pudo haber inventado pruebas en contra de los nueve primeros condenados por narcotráfico que ordenan liberar.
“Eso me parece que es una ignominia (atacar a la juez Toruño)”, expresó Ramos, quien señaló que la juez es una persona que viaja de Managua a Rivas y expone su vida al peligro para realizar su labor de administrar justicia.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A ,1 A
