Por Lucydalia Baca y María José Uriarte
A pesar de las “modificaciones sustantivas” que sufrió el proyecto original de la recién aprobada Ley de Defensa Nacional y de la “inclusión de nuevos conceptos” a la Ley de Seguridad Democrática, el temor a las posibles consecuencias que provocará la aprobación de esas iniciativas persiste en diferentes sectores del país.
Uno de los temores expresados por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) es que la Ley de Defensa carece de “mecanismos de transparencia y rendición de cuentas” que garantizarían “que el alcance de las funciones del Ejército no transgreda competencias que son de naturaleza eminentemente civil”, como las actividades de “desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial del país”, que, según el numeral 9 del artículo 16, ahora le competen también a la institución castrense.
El IEEPP consideró que deberá prestarse “especial atención al monitoreo de las actividades del Ejército en este ámbito, para prevenir que esta institución sustituya las labores que debe cumplir el ministerio civil correspondiente (Ministerio de Transporte e Infraestructura), y para evitar que existan riesgos de operaciones de la unidad de ingeniería del Ejército con fines de lucro”.
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En cuanto a la Ley de Seguridad Democrática, dicho organismo consideró que, a pesar de las modificaciones realizadas al Sistema Nacional de Seguridad Democrática, si se tiene en cuenta quiénes son sus integrantes y las misiones que desarrollarán, sigue siendo un aparato de inteligencia. Y agregó que, pese a las competencias que le recortaron a la Dirección de Información de la Defensa (DID), lo cierto es que el Ejército de Nicaragua estará al frente de la secretaría ejecutiva.
El IEEPP mantuvo que el trámite de urgencia con que se aprobaron estas leyes no fue el indicado, ya que si el objetivo era beneficiar “los intereses de la nación”, los diputados debieron contar con el consenso y la aprobación de una gran parte de los nicaragüenses, a través de un debate amplio y pausado.
OJO CON EL REGLAMENTO
Por su parte, el general en retiro Hugo Torres advirtió que otro peligro latente para la población y el mismo Ejército es que el presidente Daniel Ortega, al emitir su reglamento, termine “modificándolas y acomodándolas a su conveniencia”.
Hay que señalar que un reglamento nunca está por encima de una ley, pero “recordemos que estamos en presencia de un Presidente que es capaz de retorcer la misma Constitución Política, con tal de acomodarla a sus intereses personales y familiares. Con esos antecedentes es razonable pensar que el Presidente vaya a hacer lo mismo con estas leyes, que tienen menor rango que la Constitución”, señaló Torres.
Para el ex militar también es peligroso que, en lugar de afianzarse el desarrollo del concepto de subordinación del poder militar al civil, se retrocedió, dejando la subordinación directamente al Presidente de la República, poniendo a los militares de su lado ante cualquier eventualidad.
“Arrastraron a los militares al campo de la deliberación, Ortega debe estar disfrutando mucho con esto, al ver que ya les embarró un poquito de lodo”, dijo Torres.
AVILÉS FIRME CON LAS LEYES
El jefe del Ejército, Julio César Avilés, defendió la aprobación de las leyes, calificándolas de “sumamente necesarias” para el país, similares a las que rigen en la mayoría de naciones del continente.
Ante la urgencia con que fueron enviadas para su aprobación en el parlamento, Avilés dijo que lo que se hizo fue poner en mejores condiciones al Ejército de Nicaragua para prevenir las amenazas y riesgos, entre los que mencionó el crimen organizado y las posiciones expansionistas de otros estados contra Nicaragua.
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