La Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones presentada por una Comisión Interinstitucional no resiste un análisis serio y profesional.
Sería interesante conocer la experiencia en seguridad social de sus integrantes, calidades profesionales y académicas a fin de tener una idea de sus capacidades, y además, sus tendencias partidarias, ya que, en un informe altamente técnico no caben opiniones partidarias o políticas.
Este documento debió informar resultados de un estudio integral de los programas que administra el INSS, pues, no solo el de pensiones está en crisis y lleno de deficiencias financieras, actuariales, administrativas y de control, pues, el resto gozan de la mismas fragilidades.
Los tres primeros párrafos de la introducción se dedican a culpar de los fracasos del sistema a los gobiernos neoliberales olvidando convenientemente que el de los ochenta dejó sin reservas al instituto y sin posibilidades de recuperación si no se tomaban acciones adecuadas para su sobrevivencia y la verdadera razón por la que se abortó la implementación del Sistema de ahorro para Pensiones fue que no se podría sostener la Pensión Mínima Garantizada que la Ley ordenaba.
El párrafo cuarto enaltece los esfuerzos del gobierno actual para fortalecer al INSS olvidando las violaciones a la Ley, reglamentos y protocolos en beneficio de los miembros del partido de gobierno y el fortalecimiento de la seguridad social para los militares y policías…
En el análisis de la situación actual en el párrafo primero indican que las pensiones en curso se pagan con las cotizaciones actuales desconociendo que el programa de pensiones está siendo cubierto con el superávit del programa de Enfermedad y Maternidad y con los sobrantes del programa de Víctimas de Guerra.
El resto del análisis solo refleja los que todos conocemos y solo aporta elementos para conocer la situación del programa, salvo el punto seis que indica que el programa está solvente hasta el año 2021 si no se incluyen los asegurados inactivos y si se incluyen, el programa se mantiene solvente hasta el año 2017 lo cual contradice la conclusión del análisis financiero donde indican que al finalizar el año 2009, el INSS contaba con activos por el orden de 14,804 millones de córdobas que equivalían a 3.2 años de pagos de pensiones lo que refleja una solvencia desde el punto de vista financiero en el corto plazo.
¿Cuál es lo verdadero? El Balance General analizado no sirve de base ya que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables al giro de la organización mandan que los Estudios actuariales sean contabilizados para establecer los pasivos atingentes y el último estudio serio efectuado por Melinsky, indica que dichos pasivos rondaban los 77,000 millones de córdobas y no 7,614 millones que aparecen en el informe.
Lo anterior indica que las cifras analizadas no son confiables porque sus Estados Financieros fueron declarados inauditables por empresas de auditoría internacionales serias y confiables. Además no se reflejan las cuentas a cobrar al Estado de Nicaragua por aportes que no ha enterado durante cincuenta años y que en cifras gruesas suman más de 100,000 millones de córdobas y tampoco aparecen registrados los activos trasladados al Estado en los “gloriosos” años ochenta.
Sobre las opciones propuestas para consolidar al INSS es imposible valorarlas porque se desconocen las bases que tomaron para hacer los cálculos y sin esas bases no se pueden analizar las conclusiones.
Lo interesante del estudio es que no analizan el impacto sobre las finanzas del instituto bajo el escenario en que el Estado cancele, abone o haga un plan de pagos por aportes no enterados e inicie sus pagos corrientes, escenario que cambiaría el panorama, pues lo adeudado es superior al déficit actuarial y no serían los trabajadores y empleadores quienes nuevamente aportarían para financiar sus pensiones y nuevas aventuras políticas.
Hay que hacer un análisis serio e integral, donde se tomen en cuenta todos los elementos que conforman el problema y no recomendar la capitalización de la institución con el dinero de los mismos aportantes sin garantía de que serán bien administrados.
El autor fue auditor General del Banco Central de Nicaragua. Consultor de la Superintendencia de Pensiones
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Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
