La propuesta presidencial de leyes en materia de defensa, seguridad y régimen jurídico de fronteras, además de facilitar al Ejército de Nicaragua un mando absoluto durante un Estado de emergencia —y por ende al presidente Ortega quien es el Jefe Supremo— no beneficiaría en nada al país en la disputa que mantiene con Costa Rica, afirmaron ayer el general en retiro Hugo Torres y el diputado Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de la República.
Sin embargo, una comisión especial de diputados, integrada por jefes de bancada, iba a reunirse ayer, en el auditorio militar David y René Tejada, con los uniformados, para tratar de consensuar mociones a las tres leyes.
Estas leyes trastocan de fondo el devenir de las relaciones entre los civiles y el Ejército (…) toda ley de interés supremo y de interés nacional deben ser consensuadas con el pueblo nicaragüense, que es donde reside la soberanía, dijo el diputado Carlos Landgrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
El jefe de BDN, Adolfo Martínez, criticó que las iniciativas no se refieran para nada al Ministerio de Defensa o a Cancillería.
Para el coordinador de la bancada FSLN, Edwin Castro, lo importante es que las iniciativas podrán mejorarse y se aclarará que no habrá reclutamiento forzoso.
Hay una voluntad política de nación, de todas las bancadas, de todos los partidos para aprobar esta ley, y trabajar para perfeccionarla, eso es lo importante. Que me pregunten qué es lo que se va a perfeccionar, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a trabajar y vamos a empezar el día de hoy (ayer), manifestó Castro.
El jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ramón González, también apuntó que hay disposición a mejorar las iniciativas y mencionó que ya hay 45 mociones para el proyecto de Ley de Defensa Nacional.
Pero el MRS y BDN insistieron ayer en que las iniciativas deben enviarse a comisión y discutirse con calma, aunque admitieron que el FSLN y PLC han coincidido en que las propuestas sean aprobadas el 13.
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- El general en retiro Hugo Torres, ex jefe de Inteligencia Militar, advirtió ayer que la Ley de Seguridad Nacional podría facilitar a los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC) convertirse en órganos de inteligencia.
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De acuerdo con diputados opositores, el Ejército de Nicaragua ha exigido una pronta aprobación del paquete de leyes para que el país tenga más fuerza jurídica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, en el diferendo con Costa Rica, cuyas audiencias preliminares están programadas entre el 11 y 13 de enero de 2011.
“En nada va a cambiar la situación que debe defender jurídicamente Nicaragua respecto de los vecinos”, precisó ayer Torres, quien mantuvo que las tres iniciativas otorgan demasiados poderes al Ejército.
Costa Rica acusó a Nicaragua de invadir su territorio en octubre, pero el gobierno de Ortega lo ha negado por completo. Luego, señaló al gobierno de dañar el medio ambiente en la zona del río San Juan de Nicaragua, por lo cual exigió frenar un dragado.
El diputado Tinoco coincidió con Torres. “Mirá, de quién es el pedacito de tres kilómetros cuadrados que está en disputa con Costa Rica, no va a depender de los aspectos de defensa militar, eso lo decidirá la Corte en La Haya y para eso se necesita una buena estrategia jurídica, de derecho internacional y diplomática”, señaló Tinoco.
Ortega había enviado con carácter de urgencia las tres propuestas y los diputados habían acordado, en un inicio, discutirlas el 6 de diciembre.
Pero ayer, tras una reunión con el jefe de la secretaría general del Ejército de Nicaragua, coronel Leonel Gutiérrez, los legisladores pospusieron la sesión hasta el 13 de diciembre y en el ínterin buscarán mociones de consenso para asegurarse que las Fuerzas Armadas siempre estén subordinadas a las instituciones civiles y que no habrá reclutamiento obligatorio.
El coronel Gutiérrez defendió ayer la posición del Ejército de Nicaragua, negando que busquen una supremacía respecto a las instituciones civiles o que quieran instaurar el servicio militar obligatorio.
“No existe nada de eso, si ustedes leen la ley que en ese artículo se habla de coordinación y cooperación interinstitucional, como existen en otra leyes. No existe subordinación de una institución a otra, cada institución tiene sus leyes, competencias y funciones, aquí hablamos de coordinarnos interinstitucionalmente”, dijo Gutiérrez.
No obstante, el artículo 7, del proyecto de Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, establece que el Ejército de Nicaragua coordinará operativamente a la Comisión Nacional de Territorio Fronterizo, es decir que jerárquicamente las Fuerzas Armadas estarán por encima de los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Público, Policía Nacional y otros.
NO HAY SERVICIO MILITAR, PERO…
Por otro lado, Gutiérrez negó enfáticamente cualquier interés en imponer un reclutamiento forzado.
“Si todos los aquí presentes leen esa ley (Defensa Nacional), en ningún artículo de la misma habla del servicio militar, recordemos que la Constitución establece que el Servicio Militar es prohibido, no hay reclutamiento forzoso y ningún artículo de las leyes propuestas habla del servicio militar (…) tenemos que leer lo que dice el artículo número 1 de la Constitución, en todo caso es un deber de todos, ustedes, nosotros, de todos los ciudadanos nicaragüenses defender su Patria, ése es el espíritu, no hay nada más”, afirmó Gutiérrez.
EJÉRCITO EN CONTROL DE TODO
El diputado Víctor Hugo Tinoco desarmó el argumento de Gutiérrez, al decir que en el artículo 22 de la propuesta de Ley de Defensa Nacional se establece que durante un Estado de emergencia el Ejército de Nicaragua estará a cargo de todo el aparato público, es decir que dominará abiertamente a por lo menos 100 mil empleados.
“El artículo 22 del proyecto de Ley de Defensa Nacional dice textualmente que el Estado de emergencia será aplicable a las instituciones y dependencias gubernamentales, regionales y municipales y sus funcionarios, quienes quedarán bajo el control del Ejército para las necesidades de la defensa y esto es claramente un roce con la Constitución, porque obligan al reclutamiento forzoso”, sostuvo Tinoco.
“¿Cuál es la prisa, por qué tenemos que aprobarla en cinco días? ¿Vamos acaso a la guerra con Costa Rica o con Honduras? Y vemos estos horrores de estar poniendo bajo control del Ejército a civiles, para roles de defensa nacional”, añadió el legislador, ex vicecanciller de Nicaragua, durante los años ochenta, en el primer gobierno de Ortega.
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