Un grupo de trabajadores de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Hacienda denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la suspensión en sus labores de diez de ellos, al atribuirles una defraudación al Estado de más de seis millones de córdobas.
La autoridad administrativa de esa dirección los responsabiliza de no haber utilizado el procedimiento y las normativas establecidas dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la subasta de equipos y medios.
Según los denunciantes, el trasfondo de la suspensión es el despido, para ser sustituidos con personal de confianza del Gobierno.
En una copia del informe presentado por la directora interina, Celia Teller, se señala que las presuntas ineficiencias en las inspecciones realizadas por los denunciantes, que en su mayoría son supervisores, han traído críticas como que se diga que el Estado “a través del Ministerio de Hacienda ha vendido vehículos robados. Hemos estado en algunos casos siendo instrumentalizados por la mafia del crimen organizado para legalizar el robo de vehículos”, lo que rechazan los empleados suspendidos.
Luis García Oconor, miembro del sindicato Vladimir Robleto Altamirano, refirió que sin haber efectuado el debido proceso a los diez servidores públicos, la parte administrativa les ha amenazado con abrir un proceso judicial, al atribuirles pérdidas por vehículos desmantelados.
García refirió que, aunque tienen prohibido poseer talleres a lo interno, “en muchas instituciones del Estado hay talleres donde desmantelan los vehículos”, en vez de cotizar con talleres proveedores del Estado para darlos de baja o repararlos. También mencionó que, una vez que los supervisores de inventario llegan a verificar, “se encuentran con vehículos desbaratados, desmantelados, sólo carrocería”.
El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva Sánchez, manifestó que junto a la oficina de Asuntos Laborales de la CPDH realizarán las investigaciones correspondientes.
Mencionó Leiva Sánchez que solicitarán la intervención inmediata de la Dirección Económica de la Policía e interpondrán una acción por injurias y calumnias en contra de los funcionarios que han aseverado que es “una banda altamente organizada para delinquir contra el Estado de Nicaragua”.
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