A juicio del jefe de la bancada Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Ramiro Silva, el ex mandatario Arnoldo Alemán seguiría siendo una especie de “rehén” del oficialismo debido a que no se aprobó, algunos meses atrás, un proyecto de amnistía que iba a beneficiar al principal dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y al diputado Eduardo Montealegre.
Silva dijo ayer que las presiones contra Alemán existen y añadió que no las hacen públicas porque el PLC demostraría “debilidad”, por lo cual consideró como un error político no haber aprobado la amnistía.
El parlamentario señaló que a pesar de que el ex mandatario logró su sobreseimiento —en 2009— mediante una negociación política con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sus negociadores nunca tuvieron el cuidado de limpiarle por completo todo el camino judicial.
El miércoles el contralor de facto Guillermo Argüello dio a entender que Alemán ordenó a los funcionarios del PLC cobijarse en el decreto presidencial 3-2010 para evadir el sonado caso de los “tarjetazos”, el cual tiene pendiente un amparo en el Poder Judicial.
ALEMÁN SE DEFIENDE
Por su parte, el ex presidente Alemán negó, a través de un comunicado, que existan chantajes en su contra y más bien sostuvo que las versiones responden a la “desesperación” de los sandinistas.
Alemán retó a que le demuestren las supuestas irregularidades cometidas en el caso conocido como el “tarjetazo”.
“Que me muestren un solo recibo de tarjeta de crédito firmado por mi persona. No van a encontrar nada, porque nunca firmé ningún recibo de tarjetas de crédito del Gobierno o del Estado”, sostuvo Alemán.
Agregó que “todo esto es cortina de humo para opacar la presentación que le hicimos a nuestras autoridades partidarias del Plan de Nación para Volver a Crecer de la Gran Alianza Nacional-PLC”.
Para el jefe de la bancada del PLC, Ramón González, las acusaciones de un nuevo pacto con el FSLN pueden derivar en la intención de algunas personas de “ensuciar o embarrar más la imagen del partido”.
Insistió que la decisión de sus ex correligionarios —a quienes pidió que declaren que ya no pertenecen al PLC—, de integrarse a “las plazas que no le corresponden”, fue individual y no institucional.
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