El diferendo surgido con Costa Rica a raíz del dragado del río San Juan de Nicaragua ha demostrado una vez más el fervor nacionalista de nuestro pueblo. Todos sin excepción, sociedad civil, empresa privada, asociaciones gremiales, partidos políticos y pueblo en general han manifestado su repudio a las pretensiones del gobierno de la presidenta Chinchilla. Al respecto deseo recordar al gobierno costarricense, que hace escasamente un año la Corte Internacional de Justicia reafirmó los derechos de Nicaragua sobre nuestro río, ratificando además en esa sentencia lo establecido en el tratado Jerez-Cañas y en los Laudos Cleveland y Alexander.
En ese sentido creo que los nicaragüenses podemos estar tranquilos, ya que nuestros derechos y sumo imperio sobre el río San Juan están plenamente establecidos y claramente reconocidos por el derecho internacional. Junto con prestigiosos juristas considero que estando delimitada y amojonada nuestra frontera sur, no existe controversia o litis que debamos someter ante el Tribunal de La Haya, correspondiendo únicamente en las actuales circunstancias activar el diálogo binacional reuniendo a la comisión de ambos países para continuar el proceso de densificación de mojones iniciado hace varios años.
El consenso generado en la defensa de nuestra soberanía territorial me ha hecho recordar los tres elementos de la organización de un Estado moderno: la Población, el Territorio y la Soberanía o Poder. Los nicaragüense que hemos adoptado una constitución democrática establecimos en nuestro artículo 2 constitucional que “la soberanía nacional reside en el pueblo ” y que “ el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos ” Los nicaragüenses somos ciudadanos y no súbditos, somos sujetos de la actividad del Estado y no objetos del ejercicio del poder. Si la soberanía es un atributo esencial del poder político y para otros la manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado y somos los ciudadanos los soberanos o detentores del poder político y los funcionarios públicos los servidores de ese poder, debemos preguntarnos: ¿Por qué no defendemos con igual energía, ahínco, firmeza y en unidad nuestra propia soberanía ciudadana? ¿Por qué descuidamos los otros dos elementos del Estado negándonos a nosotros mismos, la población, el libre ejercicio de nuestro poder?
Daniel Ortega con sus reiteradas violaciones a la Constitución, su desprecio al Estado de Derecho, al impedirnos elegir a nuestras autoridades mediante procesos electorales legítimos, e imposibilitar nuestro derecho a escoger y a gobernarnos ha agredido nuestra soberanía de igual forma que lo pretenden hacer los costarricenses al intentar apoderarse de una porción de nuestro territorio y querer afectar nuestro derecho de restablecer la navegación de nuestro río.
Si en el San Juan de Nicaragua confluyen nuestros sentimientos soberanos, esas mismas aguas deben refrescar nuestro ser nacional permitiéndonos tomar conciencia de nuestra soberanía popular, víctima del agresor interno, respondiéndole a éste de igual forma a como reaccionamos frente al agresor externo.
El Principio de la Indivisibilidad del Estado es preciso considerarlo o atribuirlo a los pobladores de ese Estado, la soberanía como parte esencial de los Estados no puede ser considerada para un elemento en detrimento o disminución de los otros elementos que lo integran, el solo territorio no es suficiente, ni nos complace ni nos enorgullece si no podemos decidir nuestra forma de gobierno, si se nos impide diseñar nuestro futuro, si nos niega nuestra facultad de gobernarnos por nosotros mismos, si no nos defendemos de quien pretende erigirse en soberano absoluto y nos desconoce como dueños de este bello país. Territorio y soberanía solo se entienden, se justifican y se realizan en manos de la población. El poder político solo existe en la voluntad popular, existe quien manda porque el pueblo lo manda y dentro del pueblo manda la mayoría libremente expresada.
Sanjuanizando los anteriores pensamientos es preciso llamar la atención de todos aquellos nicaragüenses que nos hemos sentido ofendidos con las ilegítimas pretensiones del gobierno costarricense, para que una vez superado este incidente continuemos unidos llenos de ese fervor patriótico y lo convirtamos en una férrea defensa de nuestros valores democráticos; comprometiéndonos a evitar mayores violaciones a nuestra Constitución, a nuestro derecho soberano de seguir viviendo bajo un sistema republicano y representativo, en donde nuestro voto cuente y en donde todos seamos iguales ante la ley. La defensa monolítica mostrada por todos los sectores de nuestra sociedad, nos comprueba que la lucha es posible. Para lograrlo recordemos aquel clamor de nuestro poeta Rubén Darío y unamos todos esos vigores dispersos.
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