“La ignorancia es la carga más pesada.
Pero quien la lleva no la siente”.
Valeriu Butulescu
Qué tristeza la que causa ver cómo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se aprovecha del engaño para dividir el movimiento de adultos mayores aplicando la vieja consigna de dividir y vencer, ¿por qué no decir la verdad, o es que la desconocen?
El Art. 49 de su Ley Orgánica indica que la pensión reducida no será menor que el 40 por ciento del salario prescrito. Pero el Art. 56 original del reglamento mandaba a pagar una pensión equivalente a dos tercios del salario mínimo, violando el artículo en mención.
Cuando finalizó el gobierno de los ochenta el artículo del reglamento, en un acto populista y sabiendo que en INSS quedaba sin reservas, fue reformado en decreto 514 publicado en La Gaceta No. 73, del 16 de abril de 1990, estableciendo que la pensión reducida sería equivalente al salario mínimo general vigente y en su defecto al salario mínimo que pague el INSS a su personal. Como siempre, este gobierno tomó decisiones con el hígado y estas reformas al reglamento no tomaron en cuenta lo que dice el Art. 49 de la Ley Orgánica y vía reglamento quiere modificarla, pero la supremacía de la ley se mantiene.
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Todo esto es derogado con la emisión del decreto 38-94, publicado en La Gaceta No. 175, del 21 de septiembre de 1994, que se emitió tomando como base el estudio actuarial solicitado a la Organización Internacional del Trabajo, por lo que tiene una base técnica, y la decisión no fue visceral o populista, pero el Art. 49 sigue vigente.
¿Por qué evadir la ley? ¿Por qué ofrecer un mil córdobas a un grupo de afiliados a una organización y no a todos los que tienen derecho? El INSS tiene las bases de datos de los aportes de más de millón y medio de personas que han cotizado, es altamente sospechoso que no le dé una orden al sistema de información para que emita un listado con nombres de todos los asegurados que llegaron a los sesenta años y no alcanzaron las setecientas cincuenta cotizaciones y con mínimo de doscientas cincuenta, en rangos necesarios para hacer los cálculos con base en la misma fórmula que aplican a la liquidación de las pensiones normales y los que resulten menores o iguales al 40 por ciento del salario mínimo ajustarlos a ese monto. Simple lógica.
Hacer lo anterior está sujeto a que las bases de datos estén completas, actualizadas, se tenga acceso a ellas, que el personal a su cargo las conozca, sepa manejarlas y manipularlas adecuadamente y sobre todo usarlas para obtener y dar información adecuada para tomar decisiones acertadas.
Aquí caben alguna observaciones sobre la administración y el control interno sobre estas bases de datos y el sistema de información gerencial del instituto, pues es bien sabido que las claves de acceso a los sistemas no tienen ningún control, pues en la administración anterior un operador se marchó de la institución y se quedó con las claves en su cabeza y el instituto se paralizó hasta que se logró una negociación con dicho señor y previo pago de una suma acordada entregó las claves.
Preguntamos si esto no ha vuelto a suceder y no se tiene acceso a la totalidad de los sistemas y no se puede obtener toda la información que se necesita para tomar las decisiones requeridas para la buena administración de una institución tan compleja y complicada de administrar para ejecutivos sin ninguna experiencia en el negocio ni capacidad técnica adecuada para detectar y corregir errores cotidianos, pues hasta el día de hoy no se sabe si el INSS ya es auditable, si ya fue auditado por última vez y por quién.
Sin esa información es imposible determinar la veracidad de los reclamos de los adultos mayores, pues si no existe evidencia de sus aportes es imposible que el INSS pague esas pensiones reducidas; ahora bien, si no es el INSS el que desembolsará de sus fondos y serán los “hermanos bolivarianos” los que lo hagan, no existe ningún problema. Ojo, Contraloría. [email protected]
Tras las elecciones del martes en EE.UU., el tiempo y las promesas incumplidas desvanecieron la esperanza y ahora se pretenden cambios reales en la dirección del gobierno.
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