Luego de varias asambleas en las diferentes delegaciones del país, los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) decidieron aceptar la propuesta que el pasado viernes les hizo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de otorgarles un bono mensual de mil córdobas a los ancianos que no reciben la pensión reducida de vejez por no haber completado las 750 semanas de cotización.
Pero, tal como lo indicó el presidente de la asociación, Porfirio García, esto no significa que bajaron la cabeza ante el INSS, pues dejaron bien claro que ese bono que recibirían de los fondos del Alba es algo completamente independiente de la pensión, pues no tiene ninguna seguridad de ley.
“Es independiente, o sea que no hay que firmar ningún tipo de compromiso. El bono no va a ser algo permanente, no tiene ninguna seguridad de ley. Pero nosotros, en vista de nuestra necesidad económica, necesitamos resolver los problemitas de alimentación y salud”, manifestó García.
El presidente de la Unidad dijo que ya se le notificó a las autoridades del INSS que aceptarán el bono. sin embargo aún no está definido a partir de cuándo comenzarían a recibirlo.
Pero, lejos de haber resuelto el problema, el INSS seguirá siendo el blanco de las protestas de los adultos mayores, hasta que el pago de las pensiones reducidas se haga efectivo.
“El presidente (Daniel Ortega) nos da el bono, bien, nos resuelve un problema. Pero no hay ningún compromiso en el que nosotros decimos que suspendemos la lucha. La verdad es que nuestra lucha es por la pensión”, aseguró García.
El próximo miércoles 10 de noviembre los adultos mayores realizarán una marcha hacia las instalaciones de la Asamblea Nacional, demandando a los diputados que se ponga en vigencia y se aplique el artículo 56 del reglamento a la Ley de Seguridad Social, que establecía que el monto de las pensiones reducidas de vejez era el equivalente al salario mínimo vigente.
Este artículo fue derogado en 1994, durante la administración de la ex presidenta Violeta Barrios.
Por otro lado, pedirán a los miembros del parlamento que le se otorgue la personería jurídica a la asociación.
“Así vamos a tener el reconocimiento jurídico y cuando se nos dé la pensión vamos a tener derechos que ahorita se nos están negando”, puntualizó García.
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