GINEBRA/AFP
El Comité de Derechos Humanos de la ONU le reiteró a El Salvador que revoque la ley de amnistía de 1993 que protege a los responsables de los crímenes de la guerra civil que asoló el país de 1980 a 1992, en un documento conocido este jueves en Ginebra.
“El Comité reitera su recomendación en el sentido que se revoque la ley de Amnistía”, señala el documento, emitido por este órgano de control del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes.
El Salvador “debe impulsar activamente las investigaciones por las serias violaciones de los derechos humanos (…) entre las cuales destaca el asesinato de monseñor Romero”, agrega el texto en referencia a las 75,000 muertes y 8,000 desapariciones que causó el conflicto armado en ese país entre 1980 y 1992.
Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de El Salvador, fue abatido de un disparo en el corazón el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer, pero el homicida nunca fue localizado.
El Comité precisa que El Salvador debe investigar “las violaciones a los derechos humanos” perpetradas durante el pasado, y enjuiciar “a los responsables y (que) éstos sean sancionados con penas apropiadas a la gravedad de las violaciones cometidas”.
En cuanto al presente, el Comité exhorta también a El Salvador a esclarecer “las violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de la policía, especialmente las relacionadas con tortura y malos tratos, identificar a los responsables, enjuiciarlos”.
Al respecto, el Comité expresa su particular preocupación por “las denuncias de acoso sexual y laboral contra mujeres por parte de agentes de policía”.
El Comité añade su preocupación por “los casos de asesinatos de mujeres (que) se han mantenido constantes e incluso han aumentado”, reclamando “prevenir y sancionar la violencia doméstica” o “intrafamiliar”, y erradicar “el trato discriminatorio que enfrentan las trabajadoras domésticas”.
Las disposiciones legales “que criminalizan el aborto en todas sus formas”, son criticadas por el Comité, que alienta a El Salvador a revisar su legislación.
El Comité insta a El Salvador a un mejor reconocimiento de los pueblos indígenas y a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza la consulta previa y “el consentimiento libre e informado” de esos pueblos para la explotación de las riquezas naturales que se encuentren en sus territorios ancestrales.
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