El Ejército de Nicaragua descartó ayer que la movilización de tropas hacia poblados aledaños a la frontera con Costa Rica esté relacionada con los roces diplomáticos generados la semana pasada por los supuestos daños que estarían provocando los trabajos de dragado del río San Juan, que ya pasaron del reclamo verbal y escrito a una causa judicial.
La institución asegura que la movilización militar obedece únicamente a un trabajo de persecución de una banda vinculada con el narcotráfico.
El coronel Juan Ramón Morales, jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, confirmó que la movilización de un contingente militar a la zona de San Juan de Nicaragua tuvo como único objetivo reforzar el trabajo de patrullaje y para puntualizar información que desde hace varios días se realiza, a fin de capturar a una banda formada por nicaragüenses que apoyan estructuras del narcotráfico internacional.
Morales aseguró que las autoridades de Costa Rica estaban informadas de las acciones que la Policía y el Ejército de Nicaragua en conjunto realizan en la zona, ya que al confirmar que los prófugos se trasladaron a territorio costarricense, se comunicaron con las autoridades de ese país para ponerlas al tanto sobre la situación y para pedir ayuda para su localización y captura.
El coronel Morales descartó cualquier relación entre estas acciones y los roces diplomáticos que se registraron a mediados de la semana pasada, por los supuestos daños que el dragado al río San Juan estaría provocando en territorio costarricense y que ocasionó una fuerte movilización de policías que permanecen desplazados en la zona de Barra de Colorado.
DE ROCES DIPLOMÁTICOS A DISPUTA LEGAL
Mientras tanto, aunque el conflicto por el dragado bajó de tono, se trasladó a lo legal porque el Ministerio Público de Costa Rica abrió una causa por posibles daños ambientales que estaría provocando, aunque el fiscal Celso Gamboa ve difícil que logren individualizarse a los presuntos responsables.
La policía de élite con fuerte armamento se mantendrá en Barra de Colorado, para realizar vuelos de vigilancia en helicóptero en la ribera costarricense del San Juan.
El Ministro de Seguridad, José María Tijerino, explicó que la draga ubicada cerca de la margen sur del río —a orillas de Finca Aragón y donde según Costa Rica se violó su soberanía al depositar sedimentos extraídos del río, así como tala de árboles y la apertura de una trocha— fue removida.
“Lo que notamos es que la barcaza donde se encuentra instalada la grúa ha sido separada de la margen derecha del río San Juan, estaba siendo remolcada río arriba por otra nave. Nosotros queremos interpretar esto como un acto de buena voluntad con las autoridades nicaragüenses, como una contribución a desactivar esta crisis”, añadió el Ministro.
Tijerino considera que como parte de las labores de limpieza que Nicaragua hace en su río, se pretendió hacer un canal sobre un pedazo de Finca Aragón que uniría a río San Juan con laguna Los Portillos.
Costa Rica está clara del supuesto daño ambiental generado en su territorio y por eso la Fiscalía abrió una causa penal por infracción a la Ley Forestal.
El fiscal que recabó evidencias es Celso Gamboa, del Ministerio Público de Pococcí, cantón al que pertenece el territorio donde se ubica la finca.
Gamboa viajó al sitio el día que este país desplegó a policías con ametralladoras, médicos especializados en auxilios por heridas de bala, funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Seguridad y de Ambiente.
Costa Rica habla de daños en un área de 2,500 metros cuadrados en un humedal, en una investigación que el mismo Gamboa considera como contra ignorado, pero en declaraciones a la prensa local el fiscal explica que “no hay posibilidad concreta de saber sus nombres porque no podemos entrar al lado nicaragüense a identificarlos, pero lo que nos está diciendo la evidencia es que son los operarios de la draga”, apuntó.
Gamboa afirmó que en la finca no encontraron rastros de eventual trasiego de droga, aunque según el diario La Nación, el fiscal admitió que es una zona limítrofe usada por el narcotráfico para trasladar estupefacientes.
Nicaragua vincula la finca de Agustín Reyes Aragón con la captura de seis supuestos narcotraficantes hondureños. Agustín Reyes Aragón sería el dueño de Finca Aragón y padre de Marco Reyes, según dijo el abogado de éste, quien la semana pasada denunció que Edén Pastora y el Ejército de Nicaragua se habrían tomado su terreno.
No obstante, en las revisiones que ha hecho la policía tica en el lugar no encontraron militares nicaragüenses sino supuestos daños ambientales.
Marco Reyes no ha informado claramente el destino de su padre. El jueves pasado dijo vía telefónica que su padre les heredó a cuatro hermanos la finca, la cual él representa por ser mayor de edad.
Su abogado Geovanny Incera asegura que Agustín no está en el lugar, es decir en la finca. Marco dijo a un diario de Costa Rica que no saben de su padre desde hace mucho tiempo.
Además niega que esté vinculado con el narcotráfico y calificó estas aseveraciones como un pretexto de Pastora para supuestamente ingresar a su finca. Insiste en que Finca Aragón, ubicada en Isla Calero, se dedica al engorde de ganado que comercian en Guápiles y Sarapiquí, en el Atlántico de Costa Rica.
De momento Reyes y su abogado preparan una denuncia penal que sería contra Pastora, por supuestos daños a la propiedad y el martes darán una conferencia de prensa con el diputado opositor Claudio Monge.
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