“Ni la primera vocal (Alba Luz Ramos) ni otro colega, ni funcionarios con plazos vencidos y conjueces integrados ilegalmente tienen la facultad de destituirme; la Asamblea Nacional me nombró magistrado hasta el 28 de marzo del 2012”, contestó por escrito el magistrado judicial Sergio Cuarezma Terán, luego de que Ramos insinuó que éste puede ser destituido.
“Seguiré cumpliendo mi labor, respetar y defender el orden constitucional y democrático como lo he venido haciendo, sea o no magistrado”, dijo Cuarezma, el único de los seis magistrados liberales constitucionales que no se une a legitimar las ilegalidades de los magistrados del régimen orteguista en el Poder Judicial.
La página web de los Juzgados de Managua informó el viernes que Ramos indicó que Cuarezma podía ser destituido por no integrarse al trabajo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La primera vocal (Ramos) debe de distinguir entre estar ausente e impedir mi función como magistrado. Yo no estoy ausente, ella y sus colegas (orteguistas) me impiden ejercer mi función como magistrado, todo porque no acepto como legales sus actos que violan la Constitución y la ley. Le recuerdo a la magistrada Ramos que yo no estoy ausente, sino que ella me sustituyó ilegalmente con un conjuez y me quitó arbitrariamente mis derechos como magistrado, sólo porque no acepto ni me sumo a las ilegalidades”, dijo Cuarezma.
Ramos señaló que sus declaraciones sobre el magistrado Cuarezma las vertió en un programa de televisión cuando le preguntaron al respecto.
UTILIZAN ARGUMENTOS DE MAGISTRADO LIBERAL
La magistrada del régimen orteguista indicó que respondió a una pregunta del entrevistador televisivo, citando lo que llamó la “doctrina de Iván Escobar Fornos”.
Según Ramos, Escobar Fornos, uno de los liberales que se reintegró a la Corte este lunes, escribió el libro Integración e Interpretación Constitucional, en cuyas páginas 93 y 94 afirma que si un magistrado se rehúsa a ejercer sus funciones, se convierte en ausencia y violenta la Constitución y se convierte en una infracción penal y puede ser destituido.
EL AUTORITARISMO Y LA PERSECUCIÓN PENAL
El magistrado Cuarezma Terán respondió que él no ha caído en ninguna infracción penal. “La cultura autoritaria siempre amenaza y persigue con la ley penal a los que piensan y actúan diferente a ellos. La primera vocal fundamenta que me pueden destituir por el delito de desobediencia. Basta ojear el artículo 438 del Código Penal para darse cuenta que nada tiene que ver con mi conducta, ya que dicho delito castiga a la autoridad o funcionario que desobedece o se niega a cumplir una resolución judicial dictada por un juez o magistrado competente. En cambio mi actuación se resume a protestar y señalar los abusos de poder y arbitrariedad, y señalar que para que las sentencias tengan valor legal y sean legítimas, deben hacerlas personas competentes y con el sometimiento de las formalidades que la Constitución Política y la ley establecen”, dijo Cuarezma Terán.
MAGISTRADA RAMOS QUIERE VEHÍCULO DE CUAREZMA
Ramos también habría dicho que le pedirán a Cuarezma el carro que el Poder Judicial le asignó como magistrado.
“La magistrada Ramos puede disponer del vehículo que me asignaron, se encuentra estacionado en la Corte. Desde hace varios meses utilizo mi vehículo personal que es más económico que el asignado. También puede disponer de mi escritorio, silla, archivero, bolígrafos y de todo lo que ella quiera, pero no podrá (ella) disponer ni obligarme a irrespetar la Constitución Política y la ley, ni a participar en el concierto de ilegalidades y abusos que se hacen y ejecutan en la Corte en contra de la Constitución Política y el pueblo de Nicaragua”, finalizó Cuarezma.
Rafael Solís, uno de los dos ex magistrados a quienes Cuarezma se niega a reconocer, señaló que los sandinistas no están pensando en destituir a Cuarezma ni en quitarle el vehículo.
Los otros cinco magistrados liberales, Manuel Martínez, Edgard Navas, Iván Escobar Fornos, Antonio Alemán y Gabriel Rivera ya dictan sentencias con los orteguistas.
LIBERALES SE SOMETIERON A ORTEGUISTAS
Solís dijo que la semana pasada liberales y orteguistas firmaron 38 sentencias y que los liberales ya no están protestando por la permanencia como magistrados de él y de Armengol Cuadra, quienes tienen el período vencido desde el mes de abril pasado.
En reunión de grupo de lo Penal, los magistrados liberales realizaron audiencias penales de casación haciendo quórum de Corte Plena con ocho miembros junto a los orteguistas, aceptando la tesis de estos últimos sobre la mayoría en Corte Plena.
Los liberales venían sosteniendo que la mayoría era de nueve miembros, porque la Corte está conformada por 16 magistrados, pero ayer se olvidaron de ese argumento.
MAGISTRADO NAVAS CÓMODO Y OPORTUNISTA
“Yo no he querido objetar eso (el quórum con ocho miembros como mayoría) prácticamente para que las salas puedan movilizarse”, dijo el magistrado liberal Edgard Navas.
Navas también expresó que cuando se integraron al trabajo en la Corte establecieron su protesta y su presencia en la Corte no se trata de reconocer a Solís y a Cuadra como magistrados.
“Si ya los diputados fallaron y no pudieron ellos mantener la lucha, mucho menos que podamos nosotros que somos solo cinco”, dijo Navas.
“Simplemente aquí (en la CSJ) hay que coexistir”, agregó Navas, quien señaló que todavía no se discute sobre los salarios que los magistrados liberales dejaron de percibir mientras fueron sustituidos por conjueces de manera ilegal.
Al ser consultado sobre el costo político que le está causando a los liberales, Navas respondió: “Pues yo no sé quién lo va a pagar (el costo político)”.
PACTO ALEMÁN-ORTEGA AL DESCUBIERTO EN CSJ
Rafael Solís reafirmó que los magistrados liberales ya aceptaron todas las acciones que los orteguistas realizaron durante el tiempo que trabajaron con los conjueces, entre éstas la emisión de dos supuestas sentencias, una de las cuales ordena al Consejo Supremo Electoral (CSE) que inscriba al presidente Daniel Ortega como candidato presidencial para las elecciones del 2011, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, y la otra declarando vigente el decreto 3-2010 de Ortega y el inexistente segundo párrafo del artículo constitucional 201.
Solís agregó que para en noviembre terminarán de conformar la Corte ya con salas integradas y se realizará la reelección de magistrados de apelaciones a quienes se les vencieron sus períodos en octubre de este año 2010.
Además, Solís indicó que pedirá a la magistrada Ramos que convoque a Corte Plena para que se apruebe el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Laboral y sea enviado a la Asamblea para su aprobación.
Solís manifestó que lo más probable es que la Asamblea no apruebe ese código sino hasta después de las elecciones presidenciales del 2011.
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