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Con 54 votos del gobernante Frente Sandinista y sus aliados, contra 10 votos de diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), junto a 18 abstenciones, fue aprobada hoy en lo general la Ley de Contrataciones Administraticas del Sector Público. La oposición protestó porque su discusión no se encontraba en la agenda del día del Plenario.
Ya en lo particular la ley pasó con la aprobación de 51 votos sandinistas y sus aliados del BUN y ALN, a los que se sumaron los diputados Alfredo Gómez Urcuyo y Enrique Quiñonez. Antes de su discusión en lo particular los diputados opositores se retiraron del hemiciclo a modo de protesta.
Dicha ley no estaba en la agenda del día, pero sopresivamente a las 9 y 30 de la mañana el presidente de la Asamblea, René Núñez, la incluyó.
El PLC, la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y el MRS criticaron esto por cuanto no conocían las mociones que se incluirían al dictamen original aprobado por la Comisión de Economía.
Incluso ni siquiera estaban presentes los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por cuanto éstos aún estaban terminando de revisar las mociones en una reunión en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Unos 15 minutos después de iniciada la sesión, aparecieron los personeros del Cosep, encabezados por el presidente de la Cámara de la Construcción, Mario Zelaya.
Wilfredo Navarro, diputado liberal y tercer vicepresidente de la Junta Directiva, al momento de retirarse acusó al Cosep de «aliarse en esta aplanadora con el Frente Sandinista» y les responsabilizó de «abrir y avalar la corrupción» que considera permitiría la ley con el manejo de los proyectos de inversión pública.
La ley terminó de aprobarse en su totalidad a la 1:55 de la tarde.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) finalmente logró aprobar en lo general con el apoyo de los diputados aliadas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN), la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
El dictamen de ésta ley fue frenada a inicios de octubre por la Comisión Económica del Parlamento en un intento por corregir una serie de debilidades en el control público que estaban siendo promovidas por el oficialismo.
La intención de los diputados de la Comisión Económica era presentar dicho dictamen a un nuevo proceso de consulta ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Cosep, los que en su momento presentaron algunas propuestas, cuyos detalles estaban pendientes de discutir.
