Las reformas aprobadas en julio pasado a la Ley 661, mejor conocida como Ley Antifraude entraron en vigencia a partir de octubre y las empresas distribuidoras de energía Disnorte-Dissur de Gas Natural ya comenzaron a realizar una serie de inspecciones a nivel nacional para detectar a todos aquellos clientes de la empresa que estén cometiendo fraude energético.
La Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley 661), ahora establece sanciones para unos 70 mil nuevos clientes ubicados en el rango de consumo que va desde los 200 hasta los 500 kilovatios hora mes, que sean encontrados consumiendo energía ilegalmente.
El proyecto fue propuesto por el Gobierno y aprobado por una mayoría de diputados de la Asamblea para ayudar a disminuir las pérdidas por sustracción ilegal de energía en el país.
La ley establece sanciones y multas a los usuarios, de comprobarse el acto ilícito.
ATENTOS A INSPECCIONES
Representantes de organismos defensores de los consumidores advirtieron ayer a los usuarios estar atentos ante las inspecciones que pretendan realizar Gas Natural y sólo permitir que se den si existe un aviso previo, presencia de los inspectores del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y de un representante de cualquier instancia que promueva los derechos de los consumidores.
Marvin Pomares, dirigente del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec), manifestó ayer que la estrategia de la empresa es lograr recuperar su cartera lo más pronto posible, sin importar perjudicar a los usuarios.
Juan Carlos López, promotor del Movimiento de Consumidores en Acción (MCA), recordó que la Ley 661 establece que si se detecta algún fraude energético, únicamente se realizará un llamado de atención al usuario sin aplicar multas.
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