CARACAS/AP
Los hermanos Luis y Carlos Solórzano cumplieron el viernes dos días de huelga de hambre frente al consulado de España en Venezuela para exigir el pago de una indemnización por una finca que fue tomada en el 2005 por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
“El último recurso que hemos tenido, ya hemos transcurrido todos los senderos de la legalidad de Venezuela”, dijo a la prensa Luis Solórzano, quien tiene la nacionalidad española y venezolana.
Las autoridades venezolanas no han emitido de momento comentarios sobre la protesta por la expropiación del hato “La Vaca”, de 33,000 hectáreas, ubicado en las cercanías de la ciudad de Calabozo en el estado central de Guarico, una propiedad compartida por nueve hermanos.
“Nos quitaron prácticamente el único medio de sustento de mi familia desde 1965”, destacó Luis.
Indicó que con el Gobierno “pactamos un acuerdo por 10 millones de bolívares (unos 2,3 millones de dólares), muy por debajo de su valor, pero nunca tuvimos ningún tipo de erogación”.
La figura de expropiación usualmente contempla compensaciones, pero según los críticos del Gobierno, dada la falta de independencia de los poderes del Estado, los afectados deben esperar que se concrete en un tiempo indeterminado bajo los términos del Gobierno y difícilmente pueden esperar una medida favorable en los tribunales. Algunos han recurrido a instancias internacionales.
PRÁCTICA COMÚN
Funcionarios del Gobierno venezolano empezaron a tomar las riendas de una importante empresa de suministros agrarios cuya expropiación fue ordenada por el presidente Hugo Chávez y a la que los opositores le ven motivaciones políticas.
Alejandro Giraud, un gerente en Agroisleña CA, dijo que los funcionarios habían arribado a la oficina central de la compañía, en el estado de Aragua, y estaban reunidos con la junta directiva. Además, ya se tomó el control de las tiendas y almacenes de la empresa en todo el país.
Chávez firmó un decreto para expropiar la compañía, a la que acusó de especular con los precios, y dijo que la toma por el Estado reduciría los costos de la producción agrícola.
La creciente expansión de la banca pública, las acciones de confiscación y expropiación emprendidas por el Instituto Nacional de Tierras y una Agroisleña en manos del Ejecutivo serían “tres pinzas que le darían al Gobierno poder y control sobre los productores”, acotó el bloque opositor de la llamada Mesa de la Unidad Democrática.
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