CORRESPONSAL/BLUEFIELDS
Gregorio García Blanco, de 40 años —quien denunció ante organismos de derechos humanos que productores vinculados con la finca El Encanto, en el municipio La Cruz del Río Grande, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), querían matarlo porque no se dejaba arrebatar su propiedad— fue ultimado a balazos el pasado 4 de octubre, víctima de al menos diez sicarios que lo emboscaron para asesinarlo.
“Quieren matarme porque quieren mi finca, echaron sus ganados en mi corral para confundirlos con mi ganado, se me llevaron 300 cabezas de ganado y nadie hace nada”, se quejó en su momento García.
También denunció hace un año que al menos tres trabajadores de los propietarios de la finca El Encanto le hacían propuestas indecorosas a su esposa Josefa Sequeira, “delante de mí para que actuara y ellos aprovechar para matarme; yo sé que me quieren matar y por eso no reacciono”.
Uno de los hijos de García, de 11 años, quien lo acompañaba en una huerta, dijo a la Policía que su papá fue emboscado.
“Cuando estábamos por llegar a la casa, escuchamos varias detonaciones y vi caer a mi papá, eran como diez (hombres), tenían los rostros descubiertos”, dijo el pequeño a los agentes policiales.
La Policía de Bluefields confirmó que García murió en La Cruz del Río Grande a consecuencia de varios balazos.
Este hecho sangriento ocurrió en la comarca Wankalaya, La Cruz del Río Grande, sitio hasta donde García se había trasladado para evitar problemas con supuestos trabajadores de la finca El Encanto.
Semanas anteriores a este crimen, la portavoz policial, inspectora Lorena Rosales Soza, había declarado que de las fincas de La Cruz se han robado decenas de cabezas de ganado, mismas que han logrado recuperar cuando se trasladan hacia el municipio de El Rama.
García había sido denunciado en la Policía y el Juzgado de La Cruz por los propietarios de El Encanto, por el supuesto delito de amenazas, pero éste había recuperado su libertad tras demostrar su inocencia, pero el lunes pasado fue asesinado.
Gregorio García es el mismo que denunció la supuesta existencia de armas ilegales en la propiedad El Encanto y que dio pie a la presencia de una patrulla combinada, cuya actuación dejó como resultado tres personas muertas y un soldado del Ejército herido.
Ese caso, ocurrido el 21 de mayo de 2008, quedó en la impunidad. Un año después de la matanza, los socios de El Encanto fueron acusados por Gregorio García Blanco como supuestos cabecillas de un grupo de 20 armados que se dedicaban al abigeato, lo que fue desmentido por éstos.
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