Un hombre denunció que fue víctima de confiscación de 25 manzanas de tierra, tras la anulación del asiento registral por la vía administrativa y no judicial, por disposición de la Procuraduría General de la República (PGR). El afectado cuenta con un título extendido por la Reforma Agraria durante el primer gobierno del presidente Daniel Ortega en los años 80.
La propiedad, ubicada en San Juan de Nicaragua, fue cedida a la Empresa Aeroportuaria para la construcción de la terminal aérea en esa localidad.
“Soy el primer ciudadano al que este gobierno le está procediendo a confiscar una finca”, declaró Julio César Chamorro Vanegas, tras reclamar a los representantes de las instituciones a cargo del proyecto de construcción del aeropuerto, que “lleguemos a un acuerdo satisfactorio”.
[/doap_box]
Según dijo, antes de denunciar el caso públicamente agotó las instancias correspondientes, y uno de sus recursos fue recurrir de amparo al Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, en Juigalpa, Chontales, instancia que el judicial mandó a suspender lo actuado.
Según la copia de la certificación registral, el Registrador Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Río San Juan, Manuel de Jesús Reyes, certificó: “Se cancela esta propiedad por certificación emitida por la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones”. La resolución fue firmada el 5 de marzo.
Inicialmente utilizarían 30 mil metros cuadrados, aproximadamente unas cinco manzanas de la propiedad de Chamorro, pero después le confiscaron las 25 manzanas, dijo.
En representación de la Empresa Aeroportuaria llegó una funcionaria a las instalaciones del Registro, anuló el asiento registral y lo puso a nombre de la PGR. “Y en tiempo récord la traspasa a la Empresa Aeroportuaria”, sostuvo el denunciante.
El asesor legal de Chamorro, José Tomás Murillo, expresó que introdujeron un recurso de amparo porque la Constitución de la República establece que no existen confiscaciones en el país.
El tribunal de Apelaciones de Chontales mandó a suspender el acto administrativo y a poner nuevamente el asiento registral a nombre de Chamorro.
Pero apareció una carta que habría sido emitida por el Procurador General de la República, Hernán Estrada, donde le ordena al registrador Reyes hacer una reversión de la cancelación efectuada y que el último asiento debe estar a favor del Estado.
“Usted procedió a inscribir, que equivale a desinscribir, el derecho patrimonial del Estado de Nicaragua, tan sólo por una simple carta orden emitida por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, producto de un recurso de amparo interpuesto por el señor Julio César Chamorro”, indica parte de la carta.
Y le señala Estrada a Reyes que la ley de Registros Públicos lo faculta a no inscribir documentos que no califiquen “como era la carta orden por estar dilucidándose el caso en la vía judicial”.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
