Las autoridades de Nicaragua detuvieron ayer al salvadoreño Noel Rivera Gálvez, presunto miembro de la Mara Salvatrucha (M-S), informó el subjefe de la Policía Nacional, comisionado general Carlos Palacios.
En declaraciones dadas al Canal 4 de la televisión, afín al Gobierno de Managua, Palacios dijo que Rivera Gálvez ingresó por el puesto fronterizo de El Espino legalmente, y tras ser trasladado a Managua fue entrevistado en una delegación policial.
“(Rivera Gálvez) tiene unos tatuajes sumamente interesantes de la Mara Salvatrucha”, dijo Palacios, tras indicar que la detención del salvadoreño refleja parte de los trabajos que la Policía desarrolla en sectores fronterizos.
“En el norte del país tenemos a nuestros compañeros a la expectativa para que no entre al país esta gente (miembros de las Maras) y hasta este momento no tenemos información de que lo hayan hecho, pero estar alertas es parte del trabajo”, declaró.
Según Palacios, el detenido ingresó legalmente a bordo de un autobús procedente de Honduras, pero que por los tatuajes que le detectaron y como parte de la protección que hay que dar a la población nicaragüense lo están entrevistando.
La fuente dijo que las autoridades de Managua se comunicaron con la Policía Internacional (Interpol) de El Salvador y funcionarios del Centro Antipandillas de ese país para intercambiar información.
Ya se pasaron a las autoridades de El Salvador fotos y todos los datos de Rivera Gálvez y están a la espera de las respuestas procedentes de San Salvador, indicó Palacios.
La detención de Rivera Gálvez se produce dos días después de que en El Salvador comenzó a regir una ley de proscripción de maras que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas y de otros grupos de naturaleza criminal, informó EFE.
URGE LEY
Aunque el diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, minimizó un posible ingreso masivo de mareros de El Salvador con la reciente puesta en vigencia de una ley antimaras en ese país, consideró que es el momento para que el presidente Daniel Ortega mande a publicar la ley contra el crimen organizado.
Recordó el parlamentario que la ley permitiría a Nicaragua enfrentar en mejores condiciones un posible ingreso de mareros, pues también son una expresión del crimen organizado.
A criterio de Pallais, la ley contra el crimen organizado es mucho mejor que la ley de El Salvador, que únicamente prohíbe las maras.
“Las maras no pueden prohibirse (con sólo una ley). Las maras se combaten, se enfrentan con mejores mecanismos de investigación, con mejores herramientas y mejores técnicas”, sostuvo.
Insistió que la ley antimaras en El Salvador, denominada Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, “por sí sola no tiene efecto”.
Pallais valoró que no sólo debería haber mayores controles migratorios en las fronteras, sino también mayor intercambio de inteligencia con Honduras y El Salvador.
A su criterio son mecanismos que deben desarrollarse, con una política bien coordinada del Estado, lo que no existe hasta que entre en vigencia la ley contra el crimen organizado.
La ley prevé que la Fiscalía General de la República implemente un nuevo sistema de protección de testigos. También se creará la unidad que administrará los bienes incautados, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para Pallais la puesta en vigencia de la Ley contra el crimen organizado también “es urgente” porque cada vez se hace más grave el problema del tráfico interno de la droga.
Las pandillas mafiosas que azotan América Central, conocidas como maras, mantienen en vilo a varios gobiernos, que multiplican leyes y normas para combatir a los miles de integrantes de estos grupos surgidos un cuarto de siglo atrás en los barrios hispanos de Los Ángeles.
El fenómeno de las maras se concentra en el denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países caracterizados por la pobreza y la desintegración familiar debido a la migración.
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