Al Poder Judicial y Fiscalía General de la República remitió el diputado liberal Wilfredo Navarro a las organizaciones civiles, para que denuncien los atropellos legales del presidente Daniel Ortega, quien el pasado 14 de septiembre tomó una inventada Promesa a la Bandera.
El decreto legislativo 50-90 está vigente desde el 7 de septiembre de 1990 y establece que la Promesa a la Bandera la efectuará el funcionario designado, diciendo: “Prometéis solemnemente ante Dios, la Patria y Mártires y Héroes Nacionales, por vuestro honor y dignidad ciudadana, respetar, honrar y defender nuestra bandera azul y blanco, símbolo de nuestra independencia, libertad y soberanía”.
Sin embargo, en medio del acto en que destacaban las banderas rojinegras del partido de gobierno, relegando a la azul y blanco de la patria, el presidente Ortega lo que dijo fue: “Todos juramos ante Dios, ante la patria, ante nuestra bandera seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Seguir comprometiéndonos en el estudio y en la formación en todos los campos, incluyendo el campo cultural y el campo deportivo. Seguir contribuyendo al bienestar de nuestro pueblo, comprometidos con la solidaridad que es el principio cristiano de amarnos los unos a los otros”.
NAVARRO PREFIERE PELEARSE CON ANALISTAS
Navarro recomendó a los “analistas” que manifestaron que la Asamblea Nacional debe intervenir para hacer un llamado al presidente Ortega, a impulsar acciones ciudadanas concretas, porque en el caso del Poder Legislativo ellos tienen la responsabilidad relacionada con el proceso de formación de la ley y lo que pueden emitir es una declaración de los partidos políticos y de las bancadas.
“Ninguno hace alguna acción penal y quieren que otros hagan lo que ellos no tienen la valentía de hacer”, observó Navarro.
Sin embargo, el inciso 13 del artículo 138 Cn. dice que una de las funciones de la Asamblea es aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.
Pero para el parlamentario, la falta de una denuncia oficial para que se abra un proceso al presidente Ortega, de parte de grupos de la sociedad civil y de todos los que cuestionan la lenidad del Poder Legislativo, se debe a que conocen que el caso no prosperará, a causa del control que el FSLN tiene sobre el sistema de justicia.
Una de las opciones presentadas por Navarro es que los grupos de la sociedad civil inicien movilizaciones.
Argumentó que la única razón de los grupos de la sociedad civil para criticar la labor de la Asamblea Nacional es la búsqueda de notoriedad, ya que les interesa ganar puntos para postularse como candidatos a cargos de elección.
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