Como una nueva violación al ordenamiento jurídico del país fue calificada, por especialistas en Derecho Constitucional, la disposición del presidente Daniel Ortega de ignorar por tercer año consecutivo el decreto 50-90 que establece la Promesa a la Bandera.
Ortega la sustituyó por un improvisado juramento en el que pidió a los asistentes al acto oficial de celebración del 189 aniversario de la Independencia de Centroamérica y 154 aniversario de la Batalla de San Jacinto, asumir el espíritu cristiano y solidario con que identifica a su gobierno.
El decreto legislativo 50-90 está vigente desde el 7 de septiembre de 1990 y establece que la Promesa a la Bandera la efectuará el funcionario designado, diciendo: “Prometéis solemnemente ante Dios, la Patria y Mártires y Héroes Nacionales, por vuestro honor y dignidad ciudadana, respetar, honrar y defender nuestra bandera azul y blanco, símbolo de nuestra independencia, libertad y soberanía”.
- La Embajada de los Estados Unidos, a través de un mensaje publicado en medios locales, saludó ayer el Día Internacional de la Democracia, establecido por las Naciones Unidas en 2007 y recordó que la declaración firmada en esa fecha exige:
Temporalidades cortas y finitas en el ejercicio del poder gubernamental, así como el respeto a la libertad de prensa y el derecho a transmitir y recibir información sin censura previa.
Poderes públicos autónomos, eficientes y apegados a la institucionalidad vigente y el Estado de Derecho, que trabajen por el bien común reafirmando la necesidad de controles y fiscalizaciones entre los poderes del Estado.
El escrito señala que dicha declaración rechaza cualquier interferencia o presiones indebidas del Ejecutivo o el Legislativo sobre el Poder Judicial.
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Sin embargo, en medio del acto en que destacaban las banderas rojinegras del partido de gobierno, relegando a la azul y blanco de la patria, el presidente Ortega lo que dijo fue: “Todos juramos ante Dios, ante la patria, ante nuestra bandera seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Seguir comprometiéndonos en el estudio y en la formación en todos los campos, incluyendo el campo cultural y el campo deportivo. Seguir contribuyendo al bienestar de nuestro pueblo, comprometidos con la solidaridad que es el principio cristiano de amarnos los unos a los otros”.
Para Cairo Manuel López, especialista en Derecho Constitucional y ex presidente de la Asamblea Nacional, evadir el cumplimiento de esta disposición jurídica conlleva también una violación de los artículos 130 y 183 de la Constitución, que establecen la primacía constitucional de que ningún funcionario, autoridad o poder tiene más atribuciones que las conferidas expresamente a través de la Constitución y las leyes de la República.
Para López, estas faltas contra la Constitución que el presidente Ortega comete constantemente deberían denunciarse.
Sin embargo, eso no ocurre, y lo atribuye a que quizás los ciudadanos y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos consideran que ante la “subordinación” y “supeditación” de la autoridad judicial ante la voluntad de un partido político, y sobre todo de la presidencia de la República, estos esfuerzos serían inútiles.
SUGIEREN QUE ASAMBLEA NACIONAL INTERVENGA
El también especialista en Derecho Constitucional, Omar García Palacios, señala que otro de los motivos que impide actuar ante estos casos es que la violación del ordenamiento jurídico del país por los gobernantes se ha convertido en un aspecto cultural.
“Hay una cultura muy arraigada dentro de los funcionarios públicos, en general, de no observar el ordenamiento jurídico. Por el otro lado está la falta de aplicación de sanciones en los casos en que amerita, o que existe un procedimiento para aplicarlas. Eso se repite constantemente y no es exclusivo del gobierno del presidente Ortega, es algo que se ha vuelto un elemento muy arraigado en la cultura”, explicó García Palacios.
Los especialistas coinciden en que lo más adecuado es que la Asamblea Nacional intervenga, haciendo un llamado de atención al presidente de la República e invitándolo a sujetarse al ordenamiento jurídico del país.
En cuanto a la contaminación de la celebración patria con la propaganda del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), López advierte que Ortega se arriesga a que la propaganda reeleccionista, que se respira en todo el país, se le convierta en un bumerán que sature la mente de los votantes y los lleve al cansancio, lo que podría provocar efectos no esperados.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunció, a través de un comunicado, que la presencia y manipulación de la bandera roja y negra del FSLN, junto a los símbolos patrios, “es un irrespeto y una ofensa a los nicaragüenses”, porque en esa celebración “la única bandera que se debe honrar y respetar es la bandera azul y blanco de Nicaragua”.
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