Como una “acción desesperada” que buscaría evitar la llegada a Nicaragua de una misión de observación preelectoral, y a la vez enviar un mensaje de intimidación al resto de organismos internacionales con representación en el país, ha sido calificada la decisión del presidente Daniel Ortega de solicitar “el retiro inmediato” del representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vuskovic, horas después de haberse reunido con el misionero católico Alberto Boschi.
El viernes por la mañana Boschi, acompañado de dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), presentó a Vuskovic un informe de las acciones legales que ejecuta para recuperar la nacionalidad nicaragüense, que considera le fue arrebatada ilegalmente.
Por la tarde en un breve mensaje los medios oficialistas informaron que la solicitud de retiro ya había sido presentada por el representante de Nicaragua en la OEA, Dennis Moncada, al secretario general José Miguel Insulza.
Ayer la vocera de la Cancillería desconocía los detalles de la decisión gubernamental, y el canciller Samuel Santos no contestó las reiteradas llamadas que LA PRENSA hizo a su teléfono móvil. Lo mismo ocurrió con Vuskovic.
Para el ex vicecanciller y diputado del MRS, Víctor Hugo Tinoco, la decisión es una “acción desesperada” para impedir la posible llegada de una misión de observación electoral temprana, que podría detectar las posibilidades de fraude que se preparan.
CANDIDATO DE CONSENSO PREOCUPA A ORTEGA
Añade que ver cómo la posibilidad de un candidato de consenso se está concretando, preocupa a Ortega y lo empuja a pensar en que necesitará un fraude para lograr la reelección. Usa como pretexto la reunión con Boschi para demandar un cambio de representante, sabiendo que eso llevará su tiempo y dificultará que los observadores de la OEA, que durante la última elección fueron los más importantes, lleguen con antelación al país.
Para el especialista en derecho constitucional e internacional, Julio Icaza Gallard, la decisión del Gobierno es una “acción desesperada” fuera de proporción e inadmisible, que demuestra la falta de voluntad del Gobierno para cumplir con los principios y objetivos de la OEA.
OPOSICIÓN DEBE ACTUAR
Esto sumado a las amenazas del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, que recientemente advirtió que si pudiera expulsaría a los embajadores que les gusta andar “dando opiniones”, son señales graves que deberían preocupar al resto de miembros de la organización. Icaza considera que el Consejo Permanente debería reunirse para analizar la situación y rechazar la petición.
En tanto, el ex representante de Nicaragua en la OEA, José Luis Velásquez, estima que hacer pública la petición de retiro, que pudo manejarse de manera discreta y guardando las normas diplomáticas, podrían tener como fin demostrar una prueba de fuerza y provocar un enfrentamiento directo, para mandar un mensaje a la OEA y al resto de organismos con representación en el país, a los que el Gobierno les dice que si se inmiscuyen en los asuntos internos ésa será la suerte que correrán.
Tinoco e Icaza consideran urgente que la “oposición verdaderamente democrática” se organice para “emplazar” al presidente Ortega, a que se siente a dialogar para buscar solución a la crisis institucional que afecta al país y para establecer las condiciones básicas para realizar elecciones libres y transparentes.
En dichas pláticas debe ser imperante la participación de testigos calificados como la OEA y la Conferencia Episcopal, por lo que es necesario que la petición cuente con el respaldo de un gobierno amigo, ya que según las normas del organismo si el Gobierno local no lo pide, puede hacerlo otro Estado miembro.
“De la misma forma que el pueblo hondureño exige que la OEA vigile que los golpistas respeten los derechos humanos, el mismo derecho tiene el pueblo de Nicaragua a pedir que este Gobierno no atropelle sus derechos ciudadanos… Las fuerzas políticas tendrán que trabajar a lo inmediato en eso”, apuntó Tinoco.
Velásquez explica que de acuerdo con el funcionamiento de la OEA, lo más seguro es que se acepte la petición y se designe a un nuevo representante, porque el secretario Insulza no puede estar por encima de la voluntad de ningún país miembro.
Sin embargo, eso puede llevar mucho tiempo, desde semanas hasta meses, primero habrá que encontrar un nuevo representante que alcance el consenso, y una vez electo deberá esperar que el Gobierno de Nicaragua le otorgue el plácet para que pueda incorporarse a sus funciones.
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