EL SALVADOR/EFE
Los empresarios del transporte colectivo en El Salvador anunciaron ayer que hoy restablecerán sus actividades, paralizadas parcialmente durante los últimos tres días, después que pandillas amenazaran a este sector, informó Catalino Miranda, presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans).
Ante las amenazas de los pandilleros, la policía y el ejército inició un operativo de seguridad para resguardar las unidades de transporte colectivo. “El temor tiene que irse quitando (…) creemos que la zozobra tiene que ir desapareciendo de nuestro medio”, expresó Miranda, quien añadió que la vigilancia de los organismos de seguridad “genera confianza y nos da valor”.
El paro de autobuses provocó pérdidas estimadas en unos 24 millones de dólares, según empresarios. La Cámara de Comercio informó que “se dedujo un promedio de cierre de negocios del 40 por ciento en los tres principales centros económicos del país, con lo cual se estimó una pérdida de al menos 24 millones de dólares. Dichas cifras sirven como un parámetro para estimar el daño económico causado por la delincuencia”.
“…Se ha pedido al Gobierno que ponga reparo en el tema de seguridad, no se puede seguir así”, lamentó una fuente gremial.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M-18), las principales del país y tradicionalmente enfrentadas, obligaron a paralizar el transporte colectivo en rechazo a una ley en su contra. Ambos grupos delictivos demandan que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, no avale la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre.
La norma penaliza la pertenencia y financiación de las pandillas y eleva a diez años la pena de cárcel por pertenecer a esos grupos. El Parlamento de este país aprobó ayer una reforma al Código Penal que fija penas de cinco a 16 años de cárcel a quienes provean armas a grupos ilegales.
Asimismo, ayer el gobierno salvadoreño anunció la destitución de una comisión de búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante la guerra. Mientras tanto el sacerdote Antonio Rodríguez leyó un mensaje en el que las pandillas se atribuyeron el paro al transporte.
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