El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió finalmente una parte del cofre de sus documentos sobre el Gobierno.
El BID reprobó prácticamente el anteproyecto original de contrataciones administrativas enviado por el Ejecutivo a la Asamblea el siete de abril de 2008, de acuerdo a documentos publicados en su sitio electrónico este miércoles.
Según la posición oficial del organismo multilateral, el anteproyecto merecía una revisión, “puesto que comparativamente a otras experiencias y prácticas internacionalmente aceptadas, su promulgación podría contener riesgos para alcanzar los objetivos propuestos de transparencia y en eficiencia en el mercado de compras públicas”.
En términos muy diplomáticos, el BID le sale al paso a las acusaciones vertidas en un diario de circulación nacional.
En esa publicación se dijo que el BID condicionó el desembolso de 42.5 millones de dólares a Nicaragua a cambio de la aprobación de un dictamen que las autoridades del banco dijeron desconocer.
El organismo multilateral publica ahora un análisis sobre el proyecto original de Ortega, cuyo contenido fue modificado en algunos puntos por la bancada oficialista, pero no en lo que se refiere a las contrataciones directas, que es el elemento más criticado, y el dictamen parlamentario incluso elimina la autorización del a Contraloría General de la República.
Así nació un dictamen preliminar, fechado el 30 de junio y que fue frenado en la Comisión Económica del parlamento a principios de septiembre, después de inconformidades del sector privado y una serie de irregularidades que favorecen el interés de debilitar los controles estatales de parte del Frente Sandinista, según una publicación de LA PRENSA.
GRANDES DEBILIDADES Y RIESGOS
El BID señaló “la ausencia de prácticas claves para crear un sistema robusto de adquisiciones, tales como procedimientos mínimos para la efectividad de los sistemas de impugnación, requisitos de competencia para los compradores públicos, reglas para lograr principio de mejor valor del dinero, manejo exclusivo de las transacciones por medios electrónicos, mecanismos antisobornos y colusión, administración y reporte de la ejecución de los contratos”.
Luego expone la incorporación de una serie de cláusulas en el anteproyecto de Ortega que pueden ser “riesgosas”, entre ellas “disponer que la mayoría de los contratos (en cantidad) se realicen a través de procedimientos restrictivos o directos, en vez de procedimientos abiertos”.
CONTRATACIÓN DIRECTA
El Ejecutivo ha empujado desde 2007 una mayor flexibilidad para las contrataciones directas con el argumento de que los procesos de licitación atrasan las obras de interés público.
El BID sugiere definir el concepto de “situaciones de emergencia” que en el anteproyecto se vuelve a repetir y que es usado en la actualidad, bajo el régimen de la Ley 323, como el principal argumento de los ministros para pedir exclusión de procedimiento.
“Se considera recomendable definir expresamente dichas situaciones, toda vez que la presente redacción podría utilizarse para evitar aplicar procedimientos de contratación más competitivos (…). Por tanto se sugiere que la definición de que uno de estos supuestos aplica a una compra debe ser tomada por una instancia superior, ajena a la autoridad convocante”, añaden.
En los primeros tres años de la Administración del presidente Ortega, la Contraloría General de la República aprobó a los ministros la contratación directa de 407 millones 435 mil 971 dólares con 56 centavos, una práctica que se cuestiona al ente fiscalizador, pues implica su renuncia a la función de establecer un “control preventivo”, según el artículo 155 de la Constitución.
El Banco, sin embargo, estimó conveniente eliminar la participación de la CGR en el procedimiento de compra, “a fin de evitar conflicto de intereses en las auditorías que se realizan posteriormente”.
LA FUNCIÓN DE LA DGCE
En el actual dictamen preliminar, la función de aprobar exclusiones de procedimiento fue cedida a la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), adscrita al Ministerio de Hacienda.
En el anteproyecto presidencial, la DGCE tenía otra función. Era colocada como contraparte en los contratos marcos: las compras a granel de determinados productos que el Estado puede hacer para ahorrarse en teoría recursos.
“La DGCE es el órgano rector del Sistema de Contrataciones, vela por la aplicación e implementación de la ley, entonces, acaso no existe un conflicto al agregársele la función de ejecutar licitaciones para ser el gran comprador para el Estado”, dice el BID.
“Adicionalmente se le está dando la representación de otras entidades, para la ejecución de los procesos, esto agrega otras funciones a la DGCE”, puntualiza.
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