En la evolución de las formas de organización social se pueden observar diversos principios de legitimación del ejercicio del poder. Así, la divinidad, la fuerza bruta, la estirpe, la edad y el dinero han sido, entre otros, los criterios que en distintas épocas y lugares han determinado quiénes deben ostentar las facultades supremas de conducción de una colectividad humana organizada.
En la época moderna, a partir de la consolidación del Estado de Derecho, la legalidad es el principal criterio de legitimidad del poder. No son conceptos sinónimos pero se relacionan íntimamente. La legalidad está referida a cuestiones de formalidad técnico-jurídica. La legitimidad se encuentra indisolublemente vinculada a un sistema de creencias y valores compartidos.
De esta manera, en el contexto de un Estado Social de Derecho como Nicaragua, según establece el artículo 150 constitucional, el poder debe actuar conforme a la ley; pero no conforme a cualquier ley sino a la ley que mejor realiza los valores de libertad, justicia, democracia y respeto a la dignidad de la persona humana, entre otros.
En un sistema político concreto las relaciones entre legitimidad y legalidad pueden ser armoniosas o contradictorias. Un ejemplo de las primeras podría ser la promulgación de la Constitución de 1987 que legitimó mediante el Derecho las transformaciones socioeconómicas y políticas de entonces.
En cuanto a las relaciones contradictorias, no nos referimos aquí a aquéllas actuaciones que meridianamente constituyen meras aberraciones jurídicas, como la pretensión de integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con personas totalmente ajenas a la institución o el burdo ataque a la libertad de prensa mal disfrazado de conflicto laboral. Ante estos atropellos sólo cabe el rechazo categórico y la deducción de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.
Sin embargo, las fronteras entre lo legítimo y lo legal a veces resultan más sutiles y complicadas de delimitar. Por ejemplo, el actual colapso del Poder Judicial se debe a actuaciones legales pero claramente ilegítimas. La repartición prebendaria del pacto entre el FSLN y el PLC respetaba, en lo que cabe, los procedimientos constitucionales para designar magistrados de la CSJ, pero pulverizaba los principios rectores del Poder Judicial: independencia e imparcialidad. Por eso, los principales actores políticos involucrados en el “pacto”, ante las críticas de los distintos sectores sociales, se limitaban a repetir que designarían magistrados “de conformidad con la Constitución”.
Y hablando de actores políticos, hoy podemos ver cómo uno de ellos, casualmente coautor del “pacto” y corresponsable de la debacle institucional que sufrimos, alegando derechos “legales” pretende obcecadamente ser el candidato presidencial de la oposición unificada, sin percatarse de los gigantescos e insuperables inconvenientes políticos para ello. Es decir, no comprende —o se hace el que no comprende— que la existencia de derechos legales no implica la inexistencia de responsabilidades políticas; que la legalidad de su eventual candidatura no borra la absoluta ilegitimidad política de la misma. Ni este señor ni nadie tiene derecho, so pretexto de acudir al “soberano, al único, al pueblo”, de chantajear con la casilla de un partido político que todavía tiene la oportunidad de colocarse a la altura de los enormes retos que implica la defensa de la democracia. Con todo, a estas alturas la pelota ya no está en la cancha de este “candidato”, sino en la cancha de quienes le siguen haciendo el juego.
En cualquier caso, la construcción de un Estado de Derecho sólo es posible si se comparten honestamente los valores que lo sustentan. Por eso, quien arguye legalidad sin preocuparse por la legitimidad sólo demuestra autoritarismo o servilismo.
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