El nuevo Presidente colombiano de derecha democrática, Juan Manuel Santos, toma posesión hoy en medio de un gran operativo de seguridad en el que participan 37 mil militares y policías.
La precaución no es para menos, pues a pesar de que las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido golpeadas y están debilitadas como nunca antes en su historia de 46 años, no se puede desestimar la posibilidad de que intenten alguna acción criminal, desesperada y suicida.
En realidad, Colombia no puede olvidar que cuando el Presidente saliente, Álvaro Uribe, tomó posesión para su primero de los dos períodos que estuvo en el poder, el 7 de agosto de 2002, las FARC dispararon varios cohetes contra el Palacio Presidencial de Bogotá, que es mejor conocido como Casa de Nariño (por el apellido de Antonio, prócer de la independencia nacional de Colombia). 19 personas murieron entonces como consecuencia de aquella acción terrorista que ensombreció trágicamente la toma de posesión presidencial.
Sin embargo, aunque las precauciones y medidas preventivas nunca sobran cuando se trata de defenderse de organizaciones criminales como las FARC, es mínima la posibilidad de que ahora ocurra otra acción terrorista como la del 7 de agosto de 2002. La verdad es que entre los diversos grandes éxitos que alcanzó la Administración de Uribe en sus dos períodos, destacan los golpes a la organización y la capacidad operativa de las FARC y de la otra agrupación terrorista de izquierda conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo mismo que al grupo también terrorista pero de extrema derecha denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Como dice el escritor y periodista colombiano Pedro Caviedes, en una columna de opinión publicada ayer en El Nuevo Herald de Miami: “Uribe no sólo derrotó al narcoterrorismo en el frente de batalla, lo derrotó en los círculos intelectuales, en los salones de fiesta, en los cócteles de las ciudades, en las bibliotecas, en las universidades, en las tertulias de los políticos, las manifestaciones públicas, las salas de prensa y los hogares de los colombianos; donde desde la radio, los televisores, los periódicos e internet, cada vez que se refirió a ellos no lo hizo como insurgentes ni rebeldes, sino como bandidos y narcoterroristas. Una y otra vez, sin complejos, se enfrentó a los defensores de “la lucha armada” (sin importar el largo de los abolengos ni el grosor de los diplomas), que durante tantos años culpabilizaron al gobierno de todos los males y legalizaron la ideología sanguinaria de los terroristas. A Uribe —sigue diciendo Caviedes— no le tembló la voz a la hora de defender a las Fuerzas Armadas, quienes hoy por hoy son vistos como héroes. Y con esta base llevó a todos los rincones del país la autoridad del Estado y exigió que le cayera todo el peso de la ley a los que se solazaban en otros países.
Pero “tampoco le tembló (a Uribe) el puño con los grupos de ultraderecha, de quienes también desestimó el falso piso ideológico sobre el que sostenían su barbarie, y los llamó como lo que eran, una banda más de bandidos y narcoterroristas”, escribe el periodista colombiano Pedro Caviedes.
De manera que sin perjuicio de que el presidente Juan Manuel Santos tendrá que seguir combatiendo y derrotando a las agrupaciones terroristas, principalmente a las FARC que son las más peligrosas y dañinas, los avances en esta batalla que logró el gobierno de Uribe le permitirán al nuevo gobernante colombiano concentrar y movilizar más esfuerzos y recursos, para la solución de los grandes problemas económicos y sociales que están pendientes en la agenda nacional de Colombia.
Aparte de seguir derrotando a las FARC, hasta liquidarlas si esto es posible, quizás la principal tarea del presidente Santos, quien asume hoy con el respaldo del 76 por ciento de la población colombiana (un punto más que el apoyo a Uribe cuando comenzó su gobierno en agosto de 2002), será la de cumplir su compromiso de campaña de crear dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo, a fin de resolver el problema del desempleo que ronda el 12 por ciento.
Y muy importante es para el presidente Santos, la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todos los colombianos, que han sido muchas veces quebrantados por culpa de la despiadada guerra de agresión de las FARC contra el Estado y la sociedad colombiana, pero que ahora el nuevo gobierno tendrá mejores posibilidades de salvaguardar.
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