Los ojos de Ana Francela Araya, de 35 años, se humedecen y sus manos no sueltan el andarivel ortopédico que utiliza desde el 2007, cuando fue agredida por un estudiante del colegio de educación especial Melania Morales que sufre de esquizofrenia.
La docente, quien fue jubilada por invalidez total y ya no podrá tener hijos debido a las secuelas de la agresión, denunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se burló de ella al otorgarle una pensión de 1,191.91 córdobas, pese a que disponía de un salario mensual de 3,931.
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Si se compara la pensión de Araya con el precio de la canasta básica, que hasta junio de este año era de 8,785.50 córdobas según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), la docente únicamente puede adquirir los alimentos básicos (arroz, frijoles, aceite y azúcar), uno de los nueve grupos que componen la canasta básica para una familia de seis personas.
Ena Fuertes, secretaria de la Unidad Sindical Magisterial (USM), afirmó que en esta situación están, por lo menos, unos dos mil maestros que ya fueron jubilados y que no reciben la pensión correspondiente a sus años laborados.
El artículo 35 de la Ley de Carrera Docente dice que los maestros deberán ser jubilados con el ciento por ciento de su salario básico.
“Lo más relevante de este comité ejecutivo (que conforma al INSS) es que está presente José Antonio Zepeda (secretario de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua) y la titular del Trabajo Jeannette Chávez”, lamentó Fuertes.
Araya ya había sido víctima de agresión por el mismo muchacho en el 2004. El 9 de septiembre de ese mismo año fue operada en el Hospital Monte España de Managua. En el 2007 cayó por segunda vez al suelo, cuando trataba de evitar un enfrentamiento entre dos muchachos que sufren discapacidad. Pero fue hasta el 2 de abril de 2009 que Araya se sometió a una segunda intervención quirúrgica en el Hospital Militar.
Esta última caída provocó que la columna vertebral de Araya se fracturara y la incapacitara de por vida.
“Estoy arruinada porque no tengo familia, no puedo quedar embarazada, en mi columna tengo una barrita ortopédica con unos clavos, me hicieron injertos en la columna y ya no puedo laborar en ningún sitio”, relató Araya.
Añadió que el INSS “me hizo algo que no me lo esperaba, dicen que esto (pensión) es salario, pero un salario de hambre porque es de 1,191.91 córdobas. ¿Quién come con esto? Nadie”.
El INSS entregó a Araya la resolución de pensión número 1002659, el 23 de junio de 2010, según denunció ayer. En la misma, el INSS confirmaba la incapacidad total de la docente denunciante.
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