Leonor Martínez. LA PRENSA/ARCHIVO

Víctimas tras justicia que les niega el Estado

De tres, uno. El único caso por el cual la joven activista de la Coordinadora Civil, Leonor Martínez, logró que sus agresores fueran remitidos a un tribunal fue por el hecho perpetrado en su contra el 22 de octubre del año pasado, a media cuadra de su casa, cerca de la Cámara de Comercio.

De tres, uno. El único caso por el cual la joven activista de la Coordinadora Civil, Leonor Martínez, logró que sus agresores fueran remitidos a un tribunal fue por el hecho perpetrado en su contra el 22 de octubre del año pasado, a media cuadra de su casa, cerca de la Cámara de Comercio.

Sin embargo, la joven recordó que han sido tres las ocasiones en que fue víctima de agresiones por parte de grupos de choque allegados al partido de gobierno.

El primero había sido una agresión física leve y más que todo ataques verbales contra su persona, durante una marcha de organismos de derechos humanos, pero en el segundo caso, una pedrada lanzada por estos mismos grupos le impactó en el ojo derecho.

En esa ocasión junto a otros miembros de la Coordinadora Civil se movilizaba del Ipade hacia los predios de la Catedral Metropolitana. Ese hecho ocurrió el 8 de agosto del año pasado, cuando también estos grupos afines al partido de gobierno atacaron a otros miembros de la Coordinadora Civil, entre ellos al periodista Mario Sánchez.

Martínez sostiene que se trató de la misma persona la que encabezó el grupo que la atacó dos meses después, Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”.

“Hay viene la hija de p…”, recuerda que les oyó decir, al tiempo que le lanzaban una pedrada al rostro, refirió la muchacha, quien dijo que también el autobús en que se movilizaban resultó dañado por las pedradas.

Esa denuncia presentada ante el Distrito Cinco de la Policía no prosperó. Aunque dice Martínez que ella denunció el hecho, hasta la fecha las autoridades no le han explicado qué pasó con esta denuncia.

Martínez anunció que junto a su abogado y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, tratarán de obtener una versión oficial de las autoridades judiciales sobre la decisión de suspender por un año la causa denunciada por la Fiscalía por la agresión del 22 de octubre. Hasta ayer, ella no había sido notificada oficialmente, pues la única versión conocida fue a través de un periodista que pudo conocer la copia de la decisión judicial.

En la edición de LA PRENSA del sábado 24 de julio, se confirma que la Juez Cuarto de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, Martha Lorena Martínez, decidió suspender la causa por un período de un año y señaló que “la parte acusadora (Ministerio Público) cuenta con ese plazo para aportar nuevos elementos de prueba que sean coherentes y lógicos”, con la acusación.

La suspensión obedece a que el Ministerio Público argumentó ante la judicial que no cuenta con los suficientes elementos de pruebas para iniciar un proceso en contra del supuesto principal agresor, Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”.

¿QUE PRUEBAS ESPERA LA FISCALÍA?

La joven activista de la Coordinadora Civil se preguntó qué más pruebas espera obtener la Fiscalía si en noviembre próximo, ella deberá ser sometida a una nueva intervención quirúrgica por las fracturas provocadas en el brazo izquierdo ese pasado 22 de octubre. Y están los dictámenes médicos.

En mayo pasado, la Directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, aseguró ante representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que el expediente por el caso de agresión a Leonor Martínez estuvo por varias semanas en su escritorio, según dijo, porque “la versión inicial de Leonor era fácilmente refutable”.

Posteriormente señaló Granera, la Policía remitió el caso sustentado “con ángulo de distancia, capacidad de reconocimiento, testigos que estaban en distintos lugares de la calle” .

“En este expediente aparecen como investigados y presuntos autores Félix Armando Tercero y Erick Mairena, reconocidos por la víctima”, sostuvo en ese momento la primera comisionada Aminta Granera, en la exposición hecha a los defensores de derechos humanos internacionales, reunión a la que permitieron a los periodistas estar presentes.

Recordó la muchacha que el brazo se lo fracturaron cuando uno de los tres hombres que la agredieron físicamente le golpeó con una pistola, cuando se lo mantenían volteado hacia atrás, mientras otro la intimidaba con un cuchillo. Posteriormente la lanzaron al suelo y la agarraron a puntapiés.

El Ministerio Público acusó a Tercero Arróliga por el delito de robo agravado en concurso real con el delito de lesiones graves, ya que el pasado 22 de octubre del año 2009, “El Gato” supuestamente dirigía a tres personas, entre ellas Erick Armando Mairena Rojas.

La judicial mantuvo una orden de detención que existe en contra de Mairena Rojas, quien no hizo caso a una citación.

A criterio de Martínez, sus agresores le daban seguimiento porque primero ella trabajó en la comunidad del barrio, pero se retiró cuando observó que en las organizaciones comunales intervenían los llamados CPC.

“Ya me venían siguiendo porque uno de los CPC de mi barrio me siguió donde nos reuníamos, tres días antes de que me agredieran (el 22 de octubre del 2009), ya me seguían, miraban a qué hora me bajaba y por dónde venía”, explicó Martínez.

Además estima que las agresiones sufridas son en represalia a su persona porque ella ha participado en distintas actividades de reclamos contra la impunidad y la violación al estado de derecho en el país, por parte del Gobierno.

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