A la golpiza sufrida por Leonor Martínez, la joven activista de la Coordinadora Civil, se suman los casos de agresión y robo de una cámara a funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y agresiones por separado al periodista Mario Sánchez y a Jaime Chavarría, en los cuales los organismos de derechos humanos tienen mínimas expectativas de que se haga justicia.
Esto, porque según la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, en los casos en los que aparecen como responsables allegados al “círculo para la represión de Daniel Ortega”, pueden ser engavetados y por tanto quedarán en la impunidad.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), consideró por su parte que “aquí hay justicia sólo para un sector y ese sector es cuando tiene vínculos con el Frente Sandinista (…) aquí se violan todos los derechos humanos, porque la justicia es lo que menos prevalece”.
En el caso de Chavarría, después de dos años de haber sido lesionado gravemente sigue esperando que se realice la audiencia inicial contra sus agresores. Y pese a que han aportado las direcciones correspondientes, los notificadores alegan que no los localizan.
Carmona aseguró que mien
tras Ortega tenga control de jueces y la Fiscalía, no habrá justicia “pronta y objetiva” en casos de actos vandálicos, pues la “Fiscalía nunca encuentra mérito y los jueces se hacen de la vista gorda”. Destacó que es muy diferente la actuación en caso de personas críticas al Gobierno.
El activista de la CPDH mencionó que un ejemplo claro es la situación enfrentada por el misionero católico Alberto Boschi, quien fue despojado de la nacionalidad nicaragüense por la Dirección General de Migración y Extranjería.
La presidenta del Cenidh recordó que en el caso que experimentaron los miembros de ese organismo, entre los que estaba ella, a la salida de la Fiscalía no sólo fueron agredidos sino que uno de los asistentes de los grupos de choque les robó una cámara fotográfica. Y pese a que presentaron fotografías del caso, la Fiscalía no ha decidido si remite o no el caso a los tribunales. Y no descarta que el caso sea engavetado, dado que los denunciados “son los protegidos de Daniel Ortega”.
“A mí me dijeron en la Fiscalía que (el expediente) ya estaba completo sólo para resolver, (pero eso) hace como seis meses, allí hay una tranca para seleccionar qué casos pasan y los que quedan en impunidad”, criticó la presidenta del Cenidh. Igual dijo, sucede con el caso del periodista Mario Sánchez.
- La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que aún no conoce los detalles de la información que recibió el viernes Leonor Martínez sobre el argumento que habría ofrecido la Fiscalía de que no cuenta con los suficientes elementos de prueba sobre su agresión, por lo cual el caso permanecerá en suspenso por un año.
Núñez indicó que si es así como lo plantea Martínez, sería “una barbaridad más”, porque éste fue un hecho público.
“Lo que pasa es que hay determinadas adláteres de Daniel Ortega que tienen inmunidad”, adelantó Núñez, quien refirió que igualmente volverá a preguntar en la Fiscalía qué pasa con el caso denunciado por ese organismo.
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En todos esos casos, la presidenta del Cenidh estima que los agresores “son inmunes”.
“Son órdenes políticas directas que les dan y lamentablemente uno tiene que decepcionarse del comportamiento de aquellos funcionarios a los cuales en algún momento determinado les dimos el beneficio de la duda o quisimos confiar que aún quedaba gente honrada, pero ya vemos que la situación se está generalizando”, afirmó Núñez.
Y agregó: “Ya le he dicho al doctor (Julio) Centeno que no permita que él esté pintado en la pared allí, que haga valer su responsabilidad (…) pero todo sigue igual y los casos acumulándose, acumulándose, ¿qué es lo que pasa?, que van a terminar completamente desprestigiados”.
Por su parte, Lulio Marenco, representante de Leonor Martínez y Jaime Chavarría, se preguntó: “¿Cómo te vas a sentir representado por alguien que hace algo a tus espaldas?”
Y mencionó que esto es lo que ha pasado en el caso de Martínez y de Chavarría, cuando “se supone que la Fiscalía está para defender a las víctimas”, pues señaló que las autoridades judiciales “están utilizando unas mañas ya viejas”, que no llaman a la víctima, sino “que ellos hacen lo que quieren hacer, sin notificar a la otra parte”. Y la Fiscalía ha aceptado que celebren el juicio.
“ Hacen lo que quieren, sin la notificación a la otra parte. De viaje se denota que tienen ribetes políticos, interesados en defender a estos señores”, apuntó el abogado Marenco.
DOS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE CAUSA
Marenco consideró que el sistema judicial “es manipulable”, pues él en representación de Chavarría introdujo una acusación particular en vista de que la Fiscalía después de meses no decidía acusar.
En ese momento, ellos solicitaron una constancia donde comprueban que no existía otra causa introducida por este caso. Posteriormente solicitó otra constancia en la que aparece la Fiscalía acusando horas antes que Marenco.
El abogado no descarta que la acusación particular pueda ser rechazada, cuando debieron haber acumulado los dos procesos.
Lo peor no termina ahí. La primera causa de Chavarría —que supuestamente introdujo primero la Fiscalía— el abogado conoció tiempo después que en el Juzgado Primero Local Penal fue engavetada sin que ellos se enteraran del proceso.
Mientras, que en el Juzgado Cuarto Local Penal la titular del mismo ha utilizado otro procedimiento, pese a que el abogado aportó las direcciones correspondientes de dónde habitan los siete acusados como sospechosos de la agresión, pero la audiencia inicial no ha podido realizarse porque la juez aduce que los notificadores no han localizado a los señalados.
Walquiria López, funcionaria de la CPDH y quien ha estado presente en al menos dos intentos de audiencia, asegura que en una ocasión los acusados estaban afuera del complejo judicial en aparente intimidación, pero la judicial justificó que si no estaban citados no podía haber audiencia.
“Le están dando largas al asunto (…) hay falta de interés de hacer justicia”, opinó López.
Es más, en el Juzgado donde el caso fue llevado por la Fiscalía, los sospechosos sí fueron localizados.
LLEVARÁ CASO A CORTE INTERNACIONAL
Chavarría fungía como jefe del Distrito Cuarto de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuando el 27 de julio de 2008 él y su familia fueron agredidos por un grupo de supuestos miembros de los CPC, al momento que reclamaban por el cierre temprano de la Junta de Verificación 313, ubicada en la escuela Josefa Toledo, en Ciudad Jardín, previo a las elecciones municipales.
Al igual que como ocurrió con Leonor Martínez, Chavarría señala que sus principales agresores fácilmente pueden ser encontrados en la Alcaldía de Managua.
Sobre su causa en los juzgados, Chavarría dijo que “indudablemente no va a prosperar. Yo lo dije desde un inicio, yo no tengo esperanza en la justicia en Nicaragua, pero sí, voy a agotar todo el proceso interno, para después hacer una acusación ante una corte internacional”.
Carmona señaló que este caso ya fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que espera que lo admita, pero la falta de resolución a lo interno es una de las limitaciones existentes, pues así posteriormente lo llevarían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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