Por: Esteban Oviedo y Álvaro Murillo
Tomado de La Nacion.com
La Sala Constitucional señaló que el Gobierno de Costa Rica tiene la potestad de anular la concesión de minería a cielo abierto del proyecto Crucitas, en San Carlos, si estima que esa es la mejor decisión para el interés público.
El Poder Ejecutivo dispone de plena competencia para rescindir permisos mineros otorgados en el pasado a cualquier empresa, indicó el Tribunal, aunque esa determinación obligaría al Estado a enfrentar eventuales responsabilidades como una demanda.
Dicha aclaración se desprende de la sentencia con que la Sala IV rechazó un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno anterior de autorizar la operación de la mina Crucitas a la empresa canadiense Industrias Infinito.
El fallo judicial fue dado a conocer a mediados de abril, pero ayer el Poder Judicial divulgó parte de las causas que motivaron el razonamiento de la Sala IV.
En el voto 2010-6922, los magistrados dejaron en claro que la política ambiental “es una competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no del Judicial”.
La concesión de Crucitas se debe a acciones y políticas de congresos y gobiernos anteriores que estimaron conveniente la actividad minera, dice el voto.
Según la Sala IV, el Gobierno pasado sí estaba autorizado para declarar de conveniencia nacional el proyecto minero, si se cumplían los procedimientos respectivos.
Ahora, continúa la sentencia, la Asamblea Legislativa y el Gobierno “deben ejercer la última palabra” en cuanto a una posible anulación, si lo estiman oportuno. Una eventual declaratoria de interés público para justificar esa decisión es función del Congreso.
Ayer, la presidenta, Laura Chinchilla, encargó al primer vicepresidente, Alfio Piva, brindar una declaración sobre este tema, pero anoche, a las 8, todavía no se había recibido ninguna comunicación de la Casa Presidencial.
La Sala IV difundió el comunicado luego de que un grupo de ambientalistas recorriera 172 kilómetros la semana pasada, desde San José a Cutris, para protestar contra Crucitas, al tiempo que la Presidenta dijo que estudiaría una petición para derogar la declaratoria de interés público.
Chinchilla emitió un decreto el 8 de mayo para prohibir la minería metálica a cielo abierto.
La mina Crucitas es un proyecto para extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Esa cantidad equivaldría hoy a $836 millones.
El trámite de esta mina empezó en 1993, pero recibió los permisos de explotación y viabilidad ambiental en los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.
Luego, la extracción recibió una declaratoria de interés público por parte del gobierno de Óscar Arias, en el 2008, lo cual permitió cortar árboles en la zona.
Dicho aval fue apelado en la Sala IV por Edgardo Araya Sibaja, en representación de la Asociación Norte para la Vida, quien alegó daños al agua, los bosques y la lapa verde.
El desarrollo de Crucitas está detenido por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que estudia otra demanda pendiente.
