Edmundo Jarquín, coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), considera que existen una serie de temas que el Gobierno debe aclarar sobre la construcción del puerto en Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, cuya inversión alcanzará los 500 millones de dólares.
Jarquín considera positivo que se diera a conocer el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua, a través de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), y dos compañías de Corea del Sur, a las que se otorgó la construcción del puerto.
La obra sería ejecutada por las compañías coreanas Dongmyeong Engineering Consultants Architecture (DMEC) y la Ox Investment Finance (Ox Investment).
“Hasta ahí todo bien. Pero al revisar el desordenado y en ciertas partes oscuro Memorando, surgen algunas dudas”, según Jarquín.
Considera que los primeros elementos de falta de transparencia son las dudas que surgen sobre “que las mencionadas compañías existan más allá del papel”.
“Una búsqueda de información sobre las compañías coreanas no arroja ninguna información que acredite capacidad de las mismas para enfrentar una construcción de semejante envergadura”, afirmó.
CONCESIÓN EXCLUSIVA
Jarquín cuestiona, además, que el memorando “luce como una concesión de exclusividad”, lo cual deduce “de una nota que aparece en el desprolijo documento”, en la cual se dice que el financiamiento “se negociará al momento de la negociación final entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Corea del Sur, o las instituciones delegadas para este fin”.
“Es decir, el tal financiamiento no existe, sino que con la exclusividad que se concede a las compañías coreanas, éstas irán a gestionarlo con el Gobierno de Corea y otras instituciones”, valoró.
Critica que la exclusividad al parecer no se limita al puerto, pues el documento dice que también es para “cualquier otro proyecto de igual naturaleza”.
“Deja el sabor, en otra dimensión y momento, a la exclusividad del colonialista tratado canalero Chamorro-Bryan, pero ahora con un gobierno que se reclama de antiimperialista”, estimó.
Jarquín plantea que son poco creíbles las condiciones en que el Gobierno pagará la deuda en 7 años, al ser el costo del financiamiento del 12 por ciento entre intereses, prima de riesgo, y administración y supervisión del proyecto.
“¿Alguien en su sano juicio cree que una inversión de esa envergadura pueda recuperarse en un plazo tan corto?… Si hasta para recuperar la inversión en un pequeño camión de carga se requieren plazos de 3 ó 4 años”, cuestionó.
También ve dudoso que a Nicaragua le aprueben los organismos financieros internacionales un financiamiento “tan oneroso”.
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