Saúl Martínez y Elízabeth Romero
Inteligencia policial investiga el plan de ataque contra la unidad de la Policía, en Chichigalpa, por parte de líderes de grupos delictivos que aprovecharon la protesta de familiares, compañeros de trabajo y ciudadanos enardecidos por la muerte de Ervin José Urrutia López, de 27 años, la mañana del miércoles en los predios del ingenio San Antonio.
Después de eso aparecieron jóvenes encapuchados que se unieron a los grupos de ciudadanos que protestaron frente a la unidad policial.
Desde ese momento la Policía sospechó la presencia de líderes de grupos delincuenciales en los ataques constantes que destruyeron algunas calles para abastecerse de piedras, principalmente en la zona norte de la delegación, según versiones extraoficiales.
Minutos después ocurrió la muerte de Norvin Antonio Flores, de 19 años, en la esquina Los Antojitos, lo que caldeó más los ánimos y la Policía hizo uso de bombas lacrimógenas.
La lista en manos de la Policía indica sospechosos de estructuras pandilleras como “Los Comemuertos”, “San Antonio”, “Los Chilamates”, “Candelaria”, “Modesto Palma 1 y 2”, “Eric Ramírez”, “El Tanque” y “Carlos Fonseca 1, 2 y 3”.
Fuentes policiales comentaron que los ataques provenían de al menos 300 jóvenes.
También se conoció que la Policía realizará el peritaje respectivo de parafina, productos nitrados y balística a las escopetas, fusiles y revólveres ocupados a los ocho oficiales suspendidos.
Una fuente policial comentó posibles cambios en la delegación policial de Chichigalpa, iniciando con el subcomisionado Fernando Navarro.
El comisionado Lee Edwin López, segundo jefe policial en el departamento de Chinandega, actuaba ayer como jefe interino en Chichigalpa.
Al lugar se presentó el Inspector general de la Policía, comisionado general Juan Báez, acompañado del comisionado Guillermo Saballos, segundo jefe del Laboratorio Central de Criminalística (LCC), para supervisar las investigaciones.
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APROVECHARON TRAGEDIA PARA REAGRUPARSE
Según las fuentes, estos grupos aprovecharon la tragedia para reagruparse y cometer actos delictivos, apoyados por transgresores de la ley que les abastecieron de piedras y gasolina para los cócteles molotov, así como de licor que les motivó a enfrentar a los agentes policiales hasta la noche del jueves, cuando detuvieron las acciones.
La Comisión de Paz, con el alcalde sandinista Víctor Sevilla, notables representantes de instituciones y el párroco Eduardo Carrillo expresaron sus preocupaciones sobre el tema.
“Para nosotros, como autoridades civiles es motivo de preocupación desde el punto (de vista) social, de seguridad para la juventud. Hay comentarios de pobladores que jovencitos tenían un estado no correcto, algunos con la influencia de las modalidades de droga”, dijo el alcalde, quien descartó la posibilidad de que “sea un rebrote de pandillas, pero sí una acción juvenil que debe preocuparnos”.
¿RETROCESO AL PASADO?
Claudia Paniagua, representante de la Fundación Nicaragua Nuestra, una de las primeras organizaciones no gubernamentales en trabajar por la reinserción a la sociedad de los integrantes de grupos juveniles en el país, manifestó su preocupación por la situación presentada en Chichigalpa.
“Me preocupa observar que pareciera que estamos regresando al pasado, a 1997 y años anteriores, cuando la Policía entraba a los barrios con posiciones de fuerza en los arrestos y la población reaccionaba, igualmente con violencia, tratando de evitar los mismos”, indicó Paniagua.
En esos años, recordó Paniagua, aún prevalecía la polarización política en los barrios, donde sólo existían organizaciones comunitarias partidarias.
“Pareciera que se están perdiendo las buenas prácticas logradas entre 1998 y el 2008, años en la que imperó en los barrios una relación muy fructífera (entre la) Policía y la comunidad, totalmente apartidaria, y que por razones políticas pareciera se está perdiendo”, dijo Paniagua.
Paniagua dijo estar en desacuerdo en la utilización de los adolescentes y jóvenes en alto riesgo social, para dirimir conflictos.
RESENTIMIENTOS,EL DETONANTE
Wendy Flores, funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), manifestó que “hubo un aprovechamiento de la situación por parte de grupos juveniles”.
Sin embargo, ella es del criterio que “no se debe generalizar como una actuación de delincuencia común”. Esto, según la defensora de derechos humanos, porque lo que hay es “una demanda generalizada de la población”, por hechos anteriores que han ocurrido y han mantenido resentimiento entre los habitantes del sector.
“Hay muchas situaciones que la gente estaba reclamando, y que por supuesto el detonante fue la muerte de estas dos personas con el uso desproporcionado de las armas de fuego”, afirmó Flores.
Mientras Gonzalo Carrión, también funcionario del Cenidh, que investigó en el lugar lo ocurrido el pasado miércoles, confirmó que en Chichigalpa “hubo expresiones de violencia incontrolable”, producto de la actuación policial.
CAPTURA FUE ILEGAL
La orden de captura para el trabajador Alonso Cuadra, acusado de robo con fuerza de material valorado en menos de dos mil córdobas (por lo cual se iniciaron los incidentes), ya no tenía validez, estaba girada por el Juez Único Local de Chichigalpa desde el 15 de abril, para que se efectuara una audiencia inicial para el 21 de abril. La Policía no informó si había efectuado la orden de detención, así quedó en constancia en la secretaría del Juzgado.
Con información de pobladores, entrevistas con los lesionados, los casquillos que la gente recogió y con un vídeo que realizó un ciudadano, confirma que “hubo un uso irracional y desproporcionado de armas de fuego”, sostuvo Flores.
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