E l 11 de julio es para los liberales nicaragüenses lo que el 19 de julio es para los sandinistas. Representa la fecha en que José Santos Zelaya inició la revolución liberal de 1893. Desde entonces, y por más de un siglo, el liberalismo local ha celebrado las reformas de dicho período y el supuesto salto modernizador que produjo. El problema es que no ha pasado de allí. La nostalgia, como un ancla, lo amarró a un pasado exaltado con pasión sectaria, pero pocas veces estudiado con espíritu crítico, y contribuyó a que olvidara la importancia de generar una visión liberal para el futuro. El peso del liberalismo decimonónico ha oscurecido la luz del liberalismo del siglo XXI.
Entre los liberales locales suele estar ausente el debate de ideas y propuestas mientras abunda la retórica vacía. Esto tiene repercusiones prácticas. En marzo, las bancadas liberales votaron en forma contraria a su filosofía al imponer tasas de interés a los micropréstamos y violentar el principio de libre contratación. Para romper esta situación y proyectar una auténtica agenda liberal, es preciso examinar con honestidad las inconsistencias ideológicas de la revolución de Zelaya, y destacar los planteamientos que demanda el liberalismo del siglo XXI. Lo que exige bajar a José Santos Zelaya de pedestales que nublan la objetividad.
Es cierto que en algunos aspectos Zelaya fue modernizador y liberal, pero en otros fue tradicionalista e iliberal. En el primer aspecto destaca la promulgación de una constitución republicana bautizada como la libérrima, precisamente por consagrar las libertades ciudadanas y extender el sufragio a toda la población. También destacan la separación iglesia-estado, su apoyo a la cobertura educativa y la introducción de códigos civiles y penales calcados de los modelos de naciones avanzadas. Pero a diferencia del liberalismo moderno, que trata de limitar el papel del Estado, precisamente para ampliar al máximo la autonomía e iniciativa individual, Zelaya aumentó en forma extraordinaria el peso y poder del Estado en la vida nacional; hizo crecer desmesudaradamente la burocracia y el endeudamiento público, aumentó el tamaño del ejército y propició el monumentalismo dilapidador. Más grave e iliberal aún, irrespetó la misma Constitución que prohibía la reelección haciéndose reelegir por 17 años y coartó las libertades públicas, sustituyendo la democracia por la dictadura y rompiendo con la tradición civilista y pacífica que había caracterizado el período de los treinta años conservadores. Su empecinamiento provocó la guerra civil y su caída.
En muchos sentidos Zelaya reprodujo algunas de las características más tradicionales y menos liberales de las sociedades latinoamericanas, tales como las relaciones verticales y autoritarias de mando y el caudillismo. Respecto al Estado, repitió la dañina práctica mercantilista de utilizarlo como instrumento para repartir beneficios y concesiones a los amigos, y como mazo para castigar al adversario político. Si el liberalismo nicaragüense aspira a escribir una agenda verdaderamente liberal para el siglo XXI, es preciso que marque en forma explícita sus diferencias con el pasado liberal, tanto de Zelaya como de los Somoza. Debe también remozarse con los aportes intelectuales y las experiencias libertarias del siglo XX; beber de la filosofía de Hayek, Friedman y Von Niessen, e inspirarse en ejemplos como el de Margaret Thatcher de Inglaterra o los Chicago boys de Chile, que en la década de los setenta sentaron las bases para convertir su país en el más pujante de América Latina.
Dentro de la agenda liberal nicaragüense del siglo XXI, es indispensable priorizar la democratización interna de los partidos, a fin de romper con la dañina e iliberal tradición de los caudillos. También es fundamental el compromiso con una reducción drástica del tamaño y ámbito de acción del Estado. El estado liberal está llamado a ser un ente pequeño, facilitador de la iniciativa individual de los ciudadanos y los emprendedores, buscando reducir trámites y regulaciones, velando por la libre competencia y creando condiciones que estimulen la inversión privada. Asimismo, ha de tener una función estrictamente subsidiaria, no reemplazando sino apoyando la iniciativa de los ciudadanos, sobre todo en aquellas tareas que los rebasan. La agenda liberal ha de comprometerse a fondo con la prohibición de toda reelección, y priorizar el funcionamiento honesto e independiente del Poder Judicial, rompiendo con la práctica —en que cayó el PLC a través del pacto— de politizar los poderes del Estado. Finalmente, el liberalismo debe proponer un agresivo plan educativo que abra las oportunidades de ascenso a los más pobres y privilegie la educación básica.
Nicaragua necesita una verdadera revolución liberal. Pero para esto necesita verdaderos liberales.
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