Seis magistrados del régimen orteguista y dos abogados que usurpan cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pretenden arrogarse funciones legislativas al querer destituir el próximo 12 de julio a los magistrados liberales y en su lugar incorporar a conjueces del partido gobernante.
Los liberales se oponen a aceptar el ilegal decreto 03-2010 emitido por el presidente Daniel Ortega y la resurrección del inciso segundo y transitorio del artículo 201 de la Constitución Política de 1987.
Con ambas ilegalidades, el orteguismo pretende mantener en sus cargos a 25 personas (entre ellas los ex magistrados Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra), a quienes se les venció su período o está por vencérseles. Y además, quieren facilitarle la reelección a Ortega, lo que está prohibido en la Constitución Política de Nicaragua.
La lógica de los magistrados orteguistas es disolver la Corte Suprema constitucionalmente establecida, ya que los liberales que se oponen a reconocer a los dos abogados usurpadores han dicho que no cambiarán su criterio. Los magistrados oficialistas quieren sustituir a los magistrados liberales y de esta manera la CSJ estaría compuesta por ocho magistrados orteguistas y ocho conjueces orteguistas, para completar los 16.
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De consumarse otra ilegalidad más, en el Supremo Tribunal, como en tiempos de los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA), en la década del ochenta, los orteguistas “impartirán justicia” solos.
Y como si fuera poco, hace un par de semanas, los magistrados liberales denunciaron que el abogado Solís los amenazó con encarcelarlos si no se doblegan ante la dictadura de turno en Nicaragua.
Los magistrados oficialistas en la CSJ y los abogados Solís y Cuadra —a quienes ya se les venció su período como magistrados ante la CSJ—, aprobaron el espurio acuerdo número 41 con el que se le pone fecha a la destitución de los seis magistrados liberales en el Supremo Tribunal, luego de que incurran en tres faltas en la integración de Corte Plena.
COMO “DUEÑOS Y SEÑORES” DE LA JUSTICIA
La magistrada orteguista Alba Luz Ramos Vanegas, primera vocal de la CSJ, emitió este viernes el ilegal acuerdo número 41, firmado sólo por los oficialistas, en el que le da un plazo a los liberales de tres convocatorias para que se reúnan en Corte Plena, porque de lo contrario llamará a los conjueces y estaría destituyendo a los magistrados liberales.
Una fuente cercana a los magistrados orteguistas indicó que los despidos serían de personal que supuestamente no realiza ninguna función en el Poder Judicial, lo que se llamaría cargos fantasmas, entre los que mencionó a Agustín Alemán, sobrino del ex presidente Arnoldo Alemán.
Se procedió a la cancelación de unos 12 contratos de trabajo que en realidad eran contratos fantasmas, salarios astronómicos, que algunos de ellos no se presentaban a la Corte Suprema ni un día, sólo recibían el salario a través de tarjeta de débito, dijo la fuente.
La fuente indicó que se despidió a un médico que es personal del ex presidente Alemán y que no realiza ninguna función dentro de la CSJ.
A un hijo de la ex magistrada liberal Nubia Ortega de Robleto, que tiene el cargo de médico, le llamaron la atención porque no llegaba a trabajar y supuestamente se habría comprometido a trabajar dos horas diarias en la clínica de la CSJ.
A la todavía relacionista pública de la CSJ, Nubia Cabezas, la magistrada Ramos estaría ubicándola en un cargo del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y en su lugar puso al periodista oficialista Roberto Larios, quien hace buen tiempo fue democionado de ese cargo y trasladado a los Juzgados de Managua. Al principio se rumoraba que se iba a despedir al personal del despacho del magistrado Manuel Martínez, pero la información fue desmentida.
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En el acuerdo Ramos indicó que si en la tercera ocasión que ella convoque a Corte Plena, “sin que los magistrados propietarios (en este caso liberales) hubiesen concurrido a la sesión convocada, o habiendo asistido se retiren o se nieguen a cumplir y resolver los puntos de agenda establecidos, circunstancia que hará constar el secretario (de la CSJ), se citará a los 16 conjueces”.
Los magistrados liberales han señalado que los magistrados al servicio del orteguismo, encabezados por Ramos Vanegas, y sumados a éstos los abogados Solís y Cuadra, han insistido en dejarles claro que “si no piensan, si no hacen o actúan como nosotros, se van”.
ACUERDO 41 COMOPISTOLA EN LA CABEZA
Con el acuerdo mencionado, los orteguistas en la Corte pretenden destituir a los magistrados liberales, cuyo nombramiento es únicamente atribución de la Asamblea Nacional, y con ello “legitimar” la convocatoria de los llamados conjueces, que pasarían, según el acuerdo, a ser magistrados propietarios por tiempo indefinido.
Ante el argumento de los liberales de que los conjueces no contaban con un reglamento, los orteguistas emitieron el remedo de reglamento con el acuerdo número 41, pero aún no cuentan con la certificación de parte de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional que los acredite como conjueces de la CSJ. Aparentemente una formalidad legal que a los orteguistas no les quita el sueño.
Los liberales alegan que ninguna ley regula el tema de las ausencias de los magistrados, no así el tema de la excusa, la implicancia, la recusación que están claramente delimitadas.
Según los liberales, la reunión en la que los orteguistas estarían terminando de demoler la institucionalidad de la CSJ, sería hasta el lunes 12, debido a que esta semana en Nicaragua se celebra la VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, con la cual buscan legitimar el anómalo funcionamiento del Supremo Tribunal.
A partir de mañana miércoles 7 de julio, hasta el día viernes 9, Nicaragua será sede de ese evento, en la que participarán los países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra, así como la Comisión de Venecia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el magistrado Francisco Rosales, ex presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, el evento es “casi mundial”, y en ella se abordará cómo pueden ser tutelados los derechos económicos y sociales por la Constitución Política, mismos que los orteguistas violan en Nicaragua.
SOLÍS AFIRMA QUE CORTES LEGITIMAN ILEGALIDADES
El abogado del orteguismo, Rafael Solís Cerda aseguró que la presencia de al menos nueve presidentes de Cortes Supremas de Justicia y las delegaciones de los Poderes Judiciales de 17 países, estaría legitimando a la actual Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que funciona con ex magistrados —como Solís y Cuadra—.
Según Solís, a los opositores del Gobierno de Daniel Ortega “les duele” que la comunidad internacional —refiriéndose a los representantes de las Cortes latinoamericanas— estén legitimando la actual composición de la CSJ nicaragüense.
El magistrado Rosales agregó que el nivel de la VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional tiene un nivel “alto” y que no tienen miedo que miembros de la oposición armen algún escándalo o protesta en las inmediaciones del hotel Barceló Managua, sede del evento.
“No debemos tenerle miedo a cualquiera”, dijo Rosales, indicando que miembros de la oposición estuvieron solicitando al Poder Judicial de República Dominicana que no asistiera a la Conferencia, pero no lograron el objetivo.
Liberales y orteguistas necesitan reunirse en Corte Plena para elegir a las nuevas autoridades de la CSJ, pero dicha reunión no se ha llevado a cabo debido a que los primeros no reconocen como magistrados a Solís y a Cuadra.
ORTEGUISTAS SE DANTREGUA POR EVENTO
Ayer, cinco de los seis magistrados liberales se presentaron a la Corte Plena convocada por la magistrada Ramos, pero debido a que las posiciones de ambos bandos se mantienen inalterables, no llegaron a ningún acuerdo, y más bien los orteguistas se dieron una tregua hasta el lunes 12 de julio, para cuando quedó convocada la próxima Corte Plena.
Ramos llamó “poco serios” a los magistrados liberales, porque éstos continúan negándose a reconocer a Solís y a Cuadra como magistrados.
Según Ramos, ella estaría dispuesta a excluir de la Corte Plena a Solís y a Cuadra, si los liberales le muestran una certificación de un acta de la Asamblea Nacional en la que se establezca que el segundo párrafo del artículo Constitucional 201 ya fue derogado.
EL EXTINTO ARTÍCULO 201
En su momento el ex presidente del Poder Judicial, magistrado Manuel Martínez, explicó que el segundo párrafo del artículo constitucional 201, invocado por los orteguistas para mantener en sus cargos a funcionarios públicos a quienes se le vence su período en este año 2010, realmente era transitorio cuando se dictó en la Constitución Política de 1987, y sólo tenía vigencia para en ese momento histórico.
Para el magistrado Martínez es peligroso que en el Poder Judicial haya magistrados a quienes se les venció su período el pasado 11 de abril, y pretendan acogerse al decreto de Ortega y al segundo párrafo del artículo constitucional 201 para mantenerse en sus cargos más allá de esa fecha, porque crearía inseguridad jurídica.
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