Desde 1948, en que se aprobó en Bogotá la Carta de la OEA, el ideal democrático no ha logrado ser una realidad plena en la organización regional más antigua del mundo. En medio de la guerra fría, las dictaduras latinoamericanas no sólo sobrevivieron sino se lucraron y fortalecieron, so pretexto de la lucha anticomunista. En vano, la oposición a Somoza exigió repetidas veces elecciones supervisadas por la OEA. En septiembre de 1978 se convocó la Decimoséptima Reunión de Consulta, a solicitud del Gobierno de Venezuela, y no fue sino hasta el 23 de junio del 79 que esa misma Reunión aprobó la Resolución II, en la que declaraba como base de la solución del grave problema nicaragüense “el reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista”.
El fin de las dictaduras y la ola democratizadora del último cuarto del siglo pasado en América Latina, la terminación de la guerra fría y el importante papel que finalmente obtuvo el Secretario General en la solución del conflicto centroamericano, a través de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV-OEA) llevaron a un consenso que permitió el desarrollo y fortalecimiento del principio democrático, expresado en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, aprobada en 1993, y en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, el 11 de septiembre de 2001.
Los acontecimientos ocurridos desde entonces han venido desdibujando lo que parecía evidente. Los países del llamado “socialismo del siglo XXI” han concertado y puesto en práctica una política de bloqueo y confusión, de manipulación descarada y descrédito, según conveniencia, dirigida a hundir la Organización y sustituirla por otra financiada con los petrodólares de Chávez. La forma de actuar en los casos de Honduras y Cuba y el silencio sobre Venezuela y Nicaragua, revelan el fariseísmo predominante, en medio de la complacencia e indiferencia de los gobiernos que gozan de auténticas credenciales democráticas. Como decía un veterano diplomático, en las reuniones sostenidas en Lima durante la 40 Asamblea, hablar hoy de democracia en la OEA equivale a adentrarse en un campo erizado de espinas.
Se ataca la noción misma de democracia, reviviendo capítulos de la guerra fría que ya creíamos superados, cuando el bloque soviético opuso a las democracias occidentales aquel burdo concepto de “democracias populares”. Se presenta la “democracia directa” y “participativa” como sustituto de la democracia representativa, capaz supuestamente de producir los frutos que en el campo de la economía y la justicia social no ha hecho posible esta última. Se oculta que la participación es un complemento de la representación y que, para que exista democracia real, es necesario primero garantizar la democracia formal. Sin derechos y garantías reconocidos por escrito en una Constitución no hay forma de exigir su cumplimiento en la práctica. Detrás del desprecio a la formalidad legal se esconde el déspota, que pondrá fin al derecho en el mismo momento en que su ejercicio empiece a incomodarle.
Otra falacia consiste en oponer, como irreconciliables, dos principios caros a la OEA: el de la no intervención en los asuntos internos de los Estados y el de la defensa y fortalecimiento de la democracia. La no intervención, sin embargo, no es un principio absoluto, sino instrumental, íntimamente vinculado al respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que no puede oponerse a la forma en que éstas dos últimas se expresan. La democracia es el ejercicio de la soberanía o del poder por la voluntad del pueblo. Uno de los elementos esenciales de la democracia, como bien define el Artículo 3 de la Carta Democrática, es “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, que, además, es un derecho humano reconocido en los Pactos internacionales. La no intervención pierde su razón de ser y no puede alegarse cuando este elemento esencial de cualquier democracia es vulnerado.
Desgraciadamente estos embustes continuarán arrojando confusión y llevando a la OEA por el camino de la incongruencia, la ineficacia y el mayor desprestigio, mientras los gobiernos verdaderamente democráticos continúen cruzados de brazos, entre la política del avestruz y la del apaciguamiento, confiados en la fuerza de una “lógica de la historia” que la misma ha demostrado no cumplirse sin voluntad y determinación políticas responsables. Entonces tal vez Nicaragua, hoy en medio de ese campo de zarzas, ya envuelta en llamas, vea llegar a su Secretario General con su manguera y su casco de bombero, sonando la campana de alarma.
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