Guatemala/ACAN-EFE
El juez Quinto de Primera Instancia Penal de Guatemala, Mario Najarro, ordenó hoy el traslado del ex presidente de Guatemala (2000-2004), Alfonso Portillo, de una cárcel pública hacia un cuartel militar para garantizar su seguridad.
En breves declaraciones a una emisora local, Najarro anunció que por disposición judicial, Portillo, quien se encontraba detenido en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, en el norte de la capital, sea trasladado al cuartel de Matamoros, también en ciudad de Guatemala.
Najarro explicó que el traslado del ex mandatario hacia la instalación militar fue solicitado hoy por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con el fin de garantizar su seguridad porque en ese lugar su vida corría peligro.La Cicig, dijo, justificó que Portillo “corre peligro y está en grave riesgo y pidió su inmediato traslado” al cuartel militar, lo cual fue aceptado por su tribunal.
El abogado de Portillo, Telésforo Guerra, también había gestionado ante el Juzgado el traslado de su cliente a una instalación militar para garantizar su seguridad. En declaraciones hoy a una emisora local, Guerra dijo que la Cicig “se dio cuenta de la inseguridad en la que estaba el ex presidente”.
Portillo está recluido en la misma instalación donde están detenidos los empresarios Francisco José y Estuardo José Valdés Paiz, acusados por la Cicig de ser los autores intelectuales del asesinato, el 10 de mayo de 2009, del abogado Rodrigo Rosenberg. Ambos se entregaron a la justicia a finales de junio pasado luego de permanecer prófugos desde diciembre de 2009.
Un convenio suscrito entre los ministerios de Gobernación y Defensa permite recluir en instalaciones militares a los reos que estén en peligro en las cárceles públicas y los primeros beneficiados fueron los Valdés.
Portillo fue detenido en enero pasado a petición de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por el delito de conspiración para el lavado de dinero de unos 70 millones de dólares. La extradición del ex mandatario ya fue aprobada por todas las instancias jurídicas de Guatemala, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC), pero, según la ley, tiene que ser firmada por el presidente de la república.
Sin embargo, antes de ser enviado a Estados Unidos, Portillo debe responder a la justicia de su país por la malversación de unos 120 millones de quetzales (15 millones de dólares) durante su administración.