José Bernard Pallais Arana
El empecinamiento del Gobierno, en desoír los reclamos del pueblo por sus desmanes en contra del Estado de Derecho, ha propiciado que se comience a pensar en otros métodos de lucha más efectivos. Llegando a hablarse con insistencia de la desobediencia civil a nivel nacional para obligarlo a rectificar su rumbo. El filósofo estadounidense John Rawls en su obra Teoría de la justicia sostiene que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la misma ley o en la actuación del Gobierno. Actuando de este modo dice; apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la sociedad, y declaramos que según nuestra opinión, los principios del contrato social entre personas libres e iguales no están siendo respetados. Bajo este concepto, la desobediencia civil no busca la ruptura o reorganización del orden constitucional; más bien los actos de desobediencia civil utilizan la violación de las leyes en forma simbólica y calculada, para comprometer la conciencia moral de toda la comunidad, forzándola de esta forma a revisar una cuestión a la luz de sus fundamentos de legitimidad.
Por ello coincido con la posición de que la desobediencia civil desempeña un importante papel correctivo en un sistema democrático y la respuesta que el Estado le dé constituye la prueba de fuego de la madurez democrática de los ciudadanos y de la sostenibilidad misma del Gobierno. Personalmente considero que el hecho de que se afirme que la desobediencia civil es entre otras cosas no violenta, no implica que sólo esta forma de disenso se encuentre justificada en un Estado democrático. La rebelión en ciertos casos extremos de injusticia puede ser un medio legítimo y necesario cuando un grupo concentra el poder valiéndose de manipulaciones, engaños, amenazas, corrupción y terror. El mejor ejemplo de esto lo dio el pueblo nicaragüense en 1979, cuando le dijo basta ya a la dictadura de los Somoza. Otro ejemplo se vivió en la década de los ochenta, cuando se enfrentó a la dictadura orteguista. En ambas ocasiones la desobediencia desembocó en guerra civil, logrando el pueblo acabar con los sistemas represivos que se habían instaurado.
En la actualidad volvemos a tener un régimen que aunque llegó al poder democráticamente, se quiere mantener en el mismo violentando los principios que sustentan toda democracia, mediante la violación sistemática de la voluntad popular, de las leyes, de la Constitución y de todo aquello que limita sus ansias totalitarias; usando para su beneficio a las fuerzas del orden público para reprimir y al sistema judicial para imponerse de forma arbitraria.
A mi criterio el gobierno del presidente Ortega hace rato ha cruzado la frontera de la legalidad; destruyendo las bases de nuestro pacto social expresado en la política de reconciliación nacional que permitió en los noventa la reconstrucción del país a través del sometimiento de todos a los resultados de elecciones democráticas y al imperio de la ley. La ruptura de ese entendimiento lo ha convertido en un Gobierno ilegítimo, que avanza en forma vertiginosa al totalitarismo. Es decir que gobierna bajo la autoridad única del dictador, sin más ley que la que emana de su voluntad. Si bien es cierto que las actuaciones del presidente Ortega no nos dejan lugar a dudas sobre sus pretensiones, también es cierto que como oposición por la traición y la inexperiencia de algunos, hemos hecho poco por frenarlo. Para lograrlo hace falta que la oposición se convierta en un solo cuerpo con un solo objetivo, que la consigna que nos inspire sea la defensa de nuestros principios democráticos y el restablecimiento pleno de nuestro Estado de Derecho. Para alcanzarlo debemos olvidar prejuicios del pasado y antagonismos estériles. Cuando lo hayamos logrado estaremos listos para librar con éxito la batalla contra el totalitarismo que pretende consolidar Ortega, fundados en tres principios: unidad, organización y movilización.
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