El magistrado de Apelaciones de Bluefields, Luis Flores Barrios, señaló que ha “arriesgado su vida luchando contra el narcotráfico”, pero no quiso revelar su respuesta a la queja en su contra por racismo y discriminación.
Flores Barrios tampoco quiso confirmar la información que circula en Bluefields, sobre que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habría decidido promover a la juez Penal de Juicios de Blue fields, Helen Lewin, al cargo de magistrada provisional para sustituirlo en ese cargo hasta que concluyan las investigaciones que se le siguen por supuesto racismo y maltratos laborales.
La Corte, además, habría decidido trasladar al juez Penal Local, Nelson Miranda Fitoria, de La Desembocadura del Río Grande al municipio de Bluefields, para que ocupe el cargo vacante de Lewin.
En tanto, en sustitución de Miranda se nombró a la asesora del Tribunal de Apelaciones de Bluefields (TAB), Lestel Wilson, como juez Local de La Desembocadura del Río Grande.
Lo anterior lo confirmó a LA PRENSA un magistrado judicial, quien adelantó que los cambios serán formalmente anunciados la próxima semana por el magistrado Marvin Aguilar, cuando éste arribe a Bluefields a investigar a Flores.
La magistrada Alba Luz Ramos, primera vocal de la CSJ, indicó que no tenía conocimiento sobre la suspensión del magistrado Flores Barrios, porque el caso está en manos del magistrado Aguilar, quien actualmente se encuentra de subsidio.
LA PRENSA intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el magistrado Aguilar, pero éste no respondió su teléfono celular.
¿XENOFOBIA?
Por su parte, Dalia Hernández, secretaria de la Asociación de Mujeres Juristas de Nicaragua (Amjunic), explicó que en la Costa Caribe de Nicaragua se está promoviendo un racismo y un brote de xenofobia interna que puede ser el inicio de un “segregacionismo”.
Según Hernández, lo que podría estar pasando en el caso de Flores, y también en contra de la magistrada María Eugenia Acevedo, es que los autóctonos estarían realizando una campaña en contra de todos aquellos funcionarios judiciales procedentes del Pacífico que son nombrados por la CSJ en los tribunales del Caribe, porque desean que “el espacio laboral debe ser ocupado por un costeño”.
“El temor por la presencia de personas nacionales del Pacífico (en las regiones autónomas) es sin duda una temática de larga tradición en el análisis coyuntural”, dijo Hernández.
Una fuente judicial indicó que el problema en las regiones autónomas del Atlántico Sur y Norte es que no se puede nombrar en todos los cargos a personas de la zona, porque existen demasiados contactos y afinidad con narcotraficantes.
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