Fotos de La Prensa/Manuel Esquivel
Las aspiraciones de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia aún continúan vivas para Gabriel Álvarez, aunque, luego del proceso de entrevistas realizadas por una comisión especial en la Asamblea Nacional, está claro que no tiene muchas posibilidades.
Por ahora, la Corte Suprema de Justicia permanece descabezada, sin presidente ni vicepresidente, con cuatro nombramientos de magistrados pendientes, a la espera de un nuevo arreglo político entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, entre sandinistas y liberales. Ah, y claro, con un grupo de juristas que se niega a retirarse de sus puestos a pesar de que los períodos para los que fueron electos ya se vencieron, cubriéndose con el “manto” de un decreto presidencial que según Álvarez no es más que una falacia, una mentira.
No hay de otra. La negociación en este momento es la única salida que desde el punto de vista de este jurista podría destrabar el conflicto de un poder tan importante como el Judicial. Pero igualmente, el nombramiento de los cuatro magistrados cuyos períodos ya caducaron, no sacaría a esa institución del hoyo en que se ha metido a causa de los caprichos la clase política dominante.
El problema es mucho más complejo. No bastará con quitar y poner o simplemente reelegir nuevos funcionarios. Sin embargo, habría que decidir entre una solución que le ponga fin a este problema o una salida a corto plazo.
Si de responsabilidades se trata, desde su punto de vista es Arnoldo Alemán quien tiene más responsabilidades en este momento para que se solucionen los problemas de la Corte Suprema y el resto de instituciones. Pero a su parecer, el líder liberal no escarmienta.
Ya se sabe de las aspiraciones totalitarias y de control que tiene el presidente Ortega, pero Alemán, que se presenta como un demócrata, tiene más peso en lo que pase.
¿Cómo se puede destrabar el problema en la Corte Suprema de Justicia?
Indiscutiblemente, tarde o temprano habrá un acuerdo. Tienen que negociar, se tienen que arreglar, porque si no esto revienta.
El Poder Judicial en general, y la Corte Suprema en particular, tiene muchos años de sufrir un deterioro terrible, ésa es la verdad. Está muy desprestigiado, no funciona conforme los principios y criterios que funcionan los poderes judiciales en cualquier país medianamente democrático.
Si bien es cierto ya hemos tenido algún momento en el que ha estado descabezado el Poder Judicial, cada vez que haya una nueva crisis va a ser peor que la anterior. Cada vez quedan en evidencia los problemas estructurales del modelo.
Claro, estoy convencido de que no puede haber un grupo de magistrados diciendo “yo no reconozco a estos dos”, “esta señora puede llamarse presidenta, reina o lo que quiera”… Eso es insostenible.
El partido de gobierno siente que tiene tiempo a su favor. Ciertamente hay una relativa autonomía en el Poder Judicial, pero yo no creo que sea factible suponer que esto se puede resolver a fondo sin que sea parte de una solución a problemas generales como el nombramiento de los 25 funcionarios que están pendientes de nombrar en la Asamblea Nacional.
Tiene que haber un acuerdo, aunque pueda sonar a pacto. Podrá significar o no un fortalecimiento, una reedición del pacto, pero no puede ningún gobierno, ni aún el Frente Sandinista ni el presidente Ortega con todo su desprecio por la Constitución, la Ley y el Estado de derecho, no puede obligar a un buen grupo de magistrados, prácticamente la mitad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aceptar las ilegalidades. No es posible. Uno de ellos va tener que ceder.
Si opina que la negociación es indispensable, para qué se hicieron entrevistas a candidatos a esos puestos vacantes. Entrevistas en las que usted postuló a magistrado para la Corte Suprema de Justicia, promovido por la sociedad civil.
Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el problema de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema y otra cosa es el problema que dos ex miembros del Poder Judicial no son reconocidos así por una parte de la Corte Suprema de Justicia, pero la otra parte quiere obligar a que los reconozcan.
Eso es un problema terrible, entonces no hay quórum, está descabezada la Corte, están desintegradas las Salas, no el Poder Judicial como parece que entiende la doctora Alba Luz Ramos… bien se puede elegir o no a los cuatro magistrados que hacen falta y en teoría el problema de la Corte se podría resolver o no.
¿Esa negociación contemplaría entonces la aceptación de que algunos funcionarios se mantengan en sus puestos aún con los períodos vencidos para los que fueron electos, como el caso del doctor Rafael Solís?
Es que él podría ser reelecto, pero lo que dicen los magistrados liberales es que en este momento no son magistrados ni el doctor Solís, ni el doctor (Armengol) Cuadra, ni el doctor (Dámicis) Sirias.
Pero ellos siguen en sus cargos.
Claro, con el argumento jurídico del decreto 3-2010 del Presidente de la República. Un decreto que tiene enormes deficiencias jurídicas, es ilegítimo, violatorio de la Constitución. Es un decreto falaz, los propios considerandos ni siquiera encierran una determinada interpretación de lo que están supuestos a regular. Es decir, son simple y llanamente mentiras.
Por ejemplo, en uno de sus considerandos el decreto dice que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece 45 días para nombrar a los magistrados y eso es falso. ¡En ninguna parte de la Ley Orgánica dice eso!
Dice que el Presidente es el encargado por la Constitución para coordinar la relación armónica de los poderes del Estado. Eso es otra falacia. El decreto están inconstitucional que su propia fundamentación es grosera y ostensiblemente, ya no sólo inconstitucional, sino falacias, mentiras. Yo mantengo la opinión de que este tipo de actos jurídicos deben ser declarados inconstitucionales por la Corte Suprema o derogados por la Asamblea Nacional.
¿Y qué pasaría con las decisiones que han tomado estos funcionarios que se aferran al cargo?
Esas decisiones están viciadas de nulidad, pero no sólo éstas. El Poder Judicial funciona de manera muy arbitraria desde hace buen tiempo. Hemos visto un sinnúmero de veces cómo se integran Salas de manera inconstitucional y también vemos el cinismo gigantesco con el que algunos magistrados manipulan la Ley pretendiendo justificar decisiones políticas. Es lamentable cómo el Poder Judicial se ha visto reducido a un cuerpo corporativo cuya función principal es garantizar la reelección.
En los últimos meses, en la parte más beligerante del Poder Judicial, quienes tienen la sartén por el mango han reducido sus objetivos a garantizarle la reelección al presidente Ortega.
Ellos no están tratando de encontrar teorías jurídicas que validen técnicamente su posición. Ellos no son tan ignorantes, conocen algo de derecho, pero su función es hacer creer a la gente, confundirla y tener un grado mayor de legitimidad que en realidad está por el suelo con esta pretensión reeleccionista.
¿Cuánta legitimidad tiene ahorita la magistrada Alba Luz Ramos?
La doctora Alba Luz Ramos no tiene ninguna legitimidad si pretende actuar como presidenta de la Corte Suprema de Justicia…
Pero lo está haciendo…
Ella dice que lo es. Dice que la Ley le da el fundamento necesario, sin embargo, el propio comunicado que se conoció de la Corte Suprema de Justicia reproduce en el punto dos el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y éste señala que el primer vocal sustituye cuando el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema faltan de manera temporal y espontánea. Ése no es el supuesto que se presenta actualmente porque sencillamente no hay presidente ni vicepresidente. La falta es definitiva pero ellos manipulan y quieren darle un contenido que la Ley no tiene.
Ellos dicen que hay un precedente con el doctor Guillermo Vargas Sandino, en 1995. Pero eso no es de recibo por dos razones. Uno, las actuaciones arbitrarias o ilegales no producen jurisprudencia en el sentido que le presten legitimidad a otras actuaciones en el mismo sentido. Lo que es ilegal hoy seguirá siendo ilegal hasta que las leyes se reformen para darle cabida. Pero, además, habría que analizar cuál era el cuerpo normativo que regía en aquel momento con el doctor Vargas Sandino. Pero independientemente de quién haya sido, eso no tiene sustento hoy porque la Ley Orgánica no lo dice. Sencillo. Pero ellos, este grupo de magistrados sandinistas, reciben orientaciones de los niveles superiores del partido sandinista y este grupo de magistrados vienen manipulando la Constitución e interpretando de manera absurda muchas veces las Leyes con el afán de que cuando no logran llegar a un acuerdo con los liberales, pues simplemente imponerse.
Pero ese acuerdo político que según usted es inevitable, más bien ayudaría a continuar el círculo vicioso con que ha funcionado la Corte Suprema de Justicia.
Mire, yo creo que es absolutamente pernicioso y dañino para Nicaragua. Me refiero al pacto con el que se repartieron las instituciones…
Pero igualmente me dice que tendrían que negociar, que volver a repartirse…
En este momento tendrían que reunirse, ponerse de acuerdo en nombrar a un presidente y un vicepresidente de la Corte.
Los magistrados que terminaron su período deberían aceptarlo. Quedan doce magistrados en la Corte, hay quórum suficiente, más que el necesario. En términos teóricos nada impide que se reúnan los doce magistrados y que sigan con su acuerdo, dividiéndose: uno de ellos presidente, otro vicepresidente, dos de ellos presidentes de dos salas, otros dos de las otras dos salas… todas las estructuras del Poder Judicial es en número pares para dividirse mitad y mitad, lo que sucede es que esto no le conviene al Frente Sandinista porque si se va con doce magistrados a elegir y nombrar, perderían condiciones para alcanzar sus objetivos políticos, pero en principio es lo primero que debería ocurrir. Después vendría la reelección de los magistrados Solís y Cuadra si así lo deciden hacer.
Yo creo que vale la pena comentar el papel de los magistrados del grupo liberal que en este momento coinciden con un criterio de legalidad. Sin embargo, pareciera que el liderazgo superior, en este caso el doctor Arnoldo Alemán, sigue insistiendo en mantener el diseño institucional conforme la lógica pactista más dañina y perjudicial. ¡No escarmienta!
La crisis actual les da una oportunidad a los actores políticos para intentar romper esa lógica, pero bueno, el pacto tiene su lógica y las condiciones políticas por otro lado no son tan favorables al pacto como lo fueron en su momento de concepción, por mucho que el doctor Alemán quiera impulsarlo y reeditarlo porque la verdad es que hay muchos indicios que los liberales quieren cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral por unos “clones” que mantendrían la misma lógica (pactistas).
¿Cuál es la piedra más grande en el zapato de la Corte Suprema, Arnoldo Alemán o Daniel Ortega?
El tema es muy complejo, pero es importante la coherencia del discurso. El presidente Ortega se nutre de fuentes ideológicas de izquierda. Desde los ochenta sus actuaciones no coinciden plenamente con lo que conocemos como democracia tradicional, estado democrático de derecho. Hubo esfuerzos en su momento para crear un sistema llamado democrático, pero que sin profundizar en el tema, no coincide plenamente. Destituir a un alcalde cuando le da la gana a un funcionario partidario, eso no es democrático ni aquí ni en ningún sitio.
En cambio, el doctor Alemán navega con bandera de demócrata y yo creo que en este momento tiene mucha más responsabilidad porque el proyecto del presidente Ortega es claramente totalitario. Los nicaragüenses sabemos a qué atenernos con su propuesta de visión, pero si el doctor Alemán dice que su propuesta es democrática, tiene mayor responsabilidad política que el otro líder. Pero yo creo que el doctor Alemán no está siendo convincente y ha quedado por debajo de las expectativas que muchas de sus seguidores pueden tener en este momento.
Las entrevistas
Para Gabriel Álvarez el proceso de entrevistas que se realizó en la Asamblea Nacional para elegir los candidatos a los 25 cargos públicos vacantes (en teoría) fueron “mal concebidas”.
“Mal concebidas y mal diseñadas porque ellos afirman, los diputados lo han dicho públicamente, su misión no era más que revisar si los candidatos cumplíamos con los requisitos establecidos por la Constitución. Es decir, si teníamos la edad requerida, si éramos abogados y notarios, si no estábamos suspensos de nuestros derechos civiles y políticos… lo que siempre piden”, dice el jurista.
A su criterio, ésa no debió ser la labor de los diputados, pero como siempre, la política frena el camino hacia lo correcto.
Lo que hicieron fue “una labor secretarial pero tenía un sentido político en el que aún aquellos candidatos con menos aptitudes, menos calidades, más desprestigiados por su partidización fueran aprobados por los diputados para después ser electos en el plenario”.
Sin embargo, afirma que las condiciones políticas han cambiado con el tiempo. Álvarez ha sido candidato a magistrado en un par de procesos anteriores, y recuerda que antes ni siquiera se llegaban a conocer cuáles eran los candidatos propuestos por la sociedad civil o ni siquiera eran tomados en cuenta por los partidos políticos.
Una Corte ilegal
“La Corte Suprema de Justicia muy a menudo actúa ilegalmente. Me atrevería a afirmar que casi siempre que hay un caso político o con intereses económicos de por medio, se actúa en base a criterios de oportunidad política, relaciones y contactos, tráfico de influencia”, asevera Álvarez.
“Y no lo digo porque tenga acceso a información de la Corte Suprema, no, lo vemos en la evidencia pública, lo vemos en cómo se integran las Salas de manera atropellada. Vemos, generalmente a los magistrados sandinistas que integran la sala con magistrados que tal vez ni son miembros de esa sala o lo hacen con los propietarios y los suplentes, y luego interpretan la Ley diciendo que eso es posible, cuando lo que hacen es nada más una retórica política para seguir objetivos políticos. Se escudan en la solemnidad de la magistratura”, agrega.
El nivel de deterioro en el Poder Judicial es tal que los cálculos se hacen según la cantidad de liberales y sandinistas que integran las Salas. Según Álvarez, eso demuestra que este poder ya no es capaz de resolver por sí solo sus propios problemas mediante la lógica interna que rige su Ley Orgánica y reglamentos.
¿Ante un panorama como ése, aún sigue interesado en ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia?
Yo nunca he tenido la vocación judicial. A mí me encanta el derecho, pero mi vocación ha sido más académica que judicial, sin embargo una magistratura en la Corte Suprema es un reto muy importante y creo que es una obligación cívica de los juristas del país contribuir a desmontar todo este sistema.
Si creyera que existen al menos condiciones mínimas para trabajar en esa dirección, estaría dispuesto a asumir el reto. Yo no ubico a Gabriel Álvarez emitiendo un voto razonado, si me encontrara con un obstáculo insuperable para ir despartidarizando poco a poco el Poder Judicial, creo que no me quedaría más que renunciar y seguir haciendo mi esfuerzo como ciudadano para que otro llegue a ordenar el trabajo de la Corte.
Una Corte arbitraria
“La Corte Suprema de Justicia funciona de manera arbitraria. Es paradójico que abogados, personas con formación jurídica mínima, funcionen a como les da la gana, a como se inspiran en un determinado momento, así actúan (los magistrados), por un farolazo”.
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