Ante el vencimiento del período del presidente y de todos los Magistrados Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo Electoral, el recién pasado lunes 14 de junio, resulta urgente la elección de las nuevas autoridades electorales en tiempo y forma por la Asamblea Nacional para no tensionar más la frágil democracia nicaragüense ni someter a crisis a otro Poder del Estado.
El desafío y obligación perentoria de los diputados y diputadas, como representantes de los nicaragüenses, es que sean capaces de dejar a un lado sus respectivas banderas partidarias y de forma responsable y en interés de la nación, constituir un Poder Electoral, con Magistrados confiables, profesionales, apartidarios, independientes, capaces de garantizar el voto secreto, el adecuado conteo de los votos, que faciliten la participación de toda la ciudadanía, de los partidos y alianzas de partidos políticos sin exclusiones, ni obstáculos. Que fomenten la observación electoral nacional e internacional, que actúen con transparencia, certeza y justicia oportuna en sus decisiones administrativas y jurídicas.
Con una clara visión de servidores públicos, en pro de la actualización y modernización del sistema electoral, de los partidos políticos, del padrón electoral, identificación ciudadana, del registro del estado civil de las personas, cartografía electoral, etcétera. Garantes del respeto al voto ciudadano, de su expresión soberana en las urnas, capaces de anunciar la misma noche de la elección los resultados preliminares y poner a disposición pública el ciento por ciento del escrutinio de los votos, junta por junta receptora de votos, por municipio, departamento y nacionales del país por cada una de las elecciones a realizarse —las próximas son en noviembre de 2011—, de Presidente y Vicepresidente de la República, de Diputados ante la Asamblea Nacional —nacional, regional y departamental— y de Diputados ante el Parlamento Centroamericano. Su proximidad hace más urgente la adecuada elección de estos Magistrados Electorales.
Las elecciones son fuente de legitimidad democrática, pero para ello deben de ser organizadas y realizadas en claro respeto y cumplimiento de las normas constitucionales y electorales, de lo contrario serán fuente de violencia, irrespeto y violaciones al Estado de Derecho y puede generar incluso efectos no deseados como, guerra civil o regímenes considerados dictatoriales. En todos los casos, retroceso, atraso, hambre y pobreza y hasta el desconocimiento de las autoridades así “electas”, por el concierto democrático de naciones.
El Poder Legislativo, para dar su atención a este tema, construir los consensos y actuar con la transparencia que la sociedad le demanda, debería: convocar de inmediato a un diálogo interbancadas, en consulta con la sociedad civil pertinente, que cuente con la presencia de testigos calificados o auspiciadores del diálogo, constituidos por delegados de la Conferencia Episcopal, las Iglesias evangélicas, empresa privada, la Unión Europea, OEA, ONU y Centro Carter.
Es condición indispensable la diligencia, madurez política y cívica e inmediata actuación en este tema de al menos 56 diputados, no de 55 como erróneamente se ha dicho, ya que 55 es inferior al 60 por ciento de los 92 diputados que se requieren por ser votación calificada, según el artículo 138, numeral 8, de nuestra Constitución Política.
Señores diputados actúen como verdaderos representantes del pueblo de Nicaragua y contribuyan a la construcción de una Nicaragua democrática, próspera y armoniosa, a la realización de elecciones libres, justas, transparentes y honestas con magistrados y magistradas probos, eficientes e independientes, elijan adecuadamente ya, es obligación impostergable y de ineludible cumplimiento. De otra manera, serán co-responsables de que continúe la involución de la democracia en Nicaragua y serán tristemente recordados en la historia nacional.
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