En tiempos del internet, tapar violaciones a los derechos humanos es más difícil que hace dos o cuatro décadas, pero aún existen gobernantes que, ignorando esas circunstancias, niegan con tranquilidad sus abusos frente a un público que tiene a la vista las pruebas de las tropelías.
Es el caso del presidente Daniel Ortega, quien hace cinco días mandó un representante al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, a explicar que las turbas que han agredido a decenas de ciudadanos en Nicaragua nada tienen que ver con su gobierno, sino que se trata de acciones de particulares.
Cualquier persona, al escuchar esa versión oficial, puede comprobar de inmediato que es una solemne mentira. Basta con buscar en internet lo relacionado a “turbas Nicaragua” y hallará más de 35 mil respuestas, seguro encabezadas por una de las últimas acciones de esos grupos de choque, el asedio al Parlamento nicaragüense, e imágenes de otras zonas de Managua con automóviles en llamas y siluetas en primer plano de agresores portando piedras o lanzamorteros artesanales.
Entre tantas evidencias de los ataques de las turbas orteguistas, en YouTube están los vídeos de cuándo impidieron, a garrotazos, morteros y pedradas, una manifestación de la oposición y destruyeron vehículos, incluido uno del Canal 2 de televisión, el 18 de noviembre de 2008. También la agresión a periodistas y miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) a mediados de octubre del 2008.
Las imágenes confirman que son turbas al servicio del partido gobernante, el Frente Sandinista (FSLN): portan banderas rojo y negra, las dirigen funcionarios públicos o personajes vinculados con Ortega y son movilizadas en vehículos del Estado.
¿Cómo se atreve Ortega a mentir de forma tan descarada, si cualquier persona le puede probar lo contrario? Peor si a quien trata de engañar es al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formado por embajadores de diferentes países bastante informados, que en febrero pasado iniciaron el Examen Periódico Universal (UPR) a Nicaragua, en ese tema.
Después que en Ginebra lo señalaron por perseguir a defensores de los derechos humanos y acosar y reprimir al periodismo independiente, Ortega prefirió mentir antes que admitir los abusos cometidos. Su gobierno dispuso de cuatro meses, desde febrero, para dar una respuesta a las observaciones del Consejo, pero jamás encontró una razón o explicación admisible de por qué ha lanzado turbas contra sus críticos y fiscalizadores.
El hecho de ser un Presidente que actúa contra las leyes y los derechos ciudadanos, explica en parte por qué él ataca a los medios de comunicación independientes y prohíbe a sus funcionarios que les den información.
Los periódicos, la televisión y otros medios han sido testigos o guardan testimonios claves, para la historia, del acontecer diario y de cada época; y ahora, sobre la vía de internet, sus aportes son inmediatos y exactos si se trata de impedir que acontecimientos importantes sean falseados, dentro o fuera del país en que ocurrieron, como intenta Daniel Ortega. Por eso, el periodismo profesional ha sido un testigo muy perseguido por los dictadores.
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