Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, de Venezuela, y crítico del gobierno de Hugo Chávez Frías, es objeto de una orden de captura dictada por un tribunal de Caracas desde el viernes, cuando otro órgano de la justicia de ese país también notificó la inhabilitación política y profesional del periodista Francisco Pérez.
La orden contra Zuloaga no había sido ejecutada ayer porque él no se encontraba en su domicilio cuando llegaron los agentes de los servicios de inteligencia venezolanos (Sebin).
Sin embargo, las acciones contra Zuloaga y Pérez han sido condenadas ampliamente, por considerar que éstas agravan las presiones del gobierno de Chávez Frías contra los medios de comunicación que le critican. Una semana antes de la orden, Chávez se había quejado de que Zuloaga lo había acusado de asesino, pero andaba libre.
Mientras, Pérez fue sancionado por acusar de nepotismo a un alcalde oficialista de un poblado del norte de ese país.
REVIVEN POLARIZACIÓN
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, justificó que la orden de captura contra Zuloaga obedece al delito de “usura”, por el que el empresario fue imputado en el 2009 debido al supuesto almacenamiento irregular de 24 vehículos, de concesionarios propiedad de la familia. La orden de captura también afecta al hijo del presidente de Globovisión.
Sin embargo, la televisora publicó un comunicado para rechazar la orden contra su presidente y señalar que la opinión y el disentimiento se han convertido en un delito en el país.
“A Guillermo Zuloaga se le está castigando por lo que se informa a través de Globovisión, ( ) por el único delito de ser presidente de Globovisión”, dice el comunicado, citado ayer por el diario El Universal.
El diario venezolano informó, además, que la Mesa de la Unidad (alianza opositora) elevó su protesta enérgica por la orden de detención, cuyo propósito creen que es reavivar la polarización política a través de un clima de enfrentamiento.
Globovisión tiene abiertas numerosas causas administrativas en su contra y ha sido amenazado de cierre en varias ocasiones. Para sus responsables, los ataques contra Zuloaga tienen conexión directa con la línea editorial del canal, aunque el Gobierno niega esos motivos.
El presidente de Globovisión, de 67 años, también tiene varias causas abiertas ante la justicia y sobre él pesa actualmente una prohibición de salir del país, porque en marzo fue imputado de divulgar información falsa y ofender a Chávez Frías en unas declaraciones.
Antes de la orden de captura,
Chávez había dicho que Zuloaga “dijo que yo había mandado a matar gente y sigue libre. Eso sólo ocurre en este país (…). Eso no se puede quedar así (…). Hay un sistema que debería poner las cosas en su lugar”.
“Anda suelto y tiene un canal de televisión. Por ahí dicen lo que les da la gana. Sigue siendo este canal la punta de lanza de la burguesía. Vamos a ver quién aguanta más”, agregó Chávez.
POR DECIR LA VERDAD
Horas antes de que se conociera la orden contra Zuloaga, el viernes, se conoció que el periodista venezolano Francisco Pérez fue inhabilitado “política y profesionalmente” por un período de tres años y nueve meses, luego que otro tribunal de ese país resolvió que él cometió “ofensa” e “injuria” contra el alcalde oficialista de Valencia, Edgardo Parra, a quien acusó de nepotismo.
El periodista, quien tiene tres décadas de experiencia, declaró a la venezolana Unión Radio que la sentencia fue sorpresiva y que a su juicio no ha ofendido en ningún momento la dignidad del alcalde, sino que ejerció su derecho profesional para señalar la verdad de los abusos de Parra.
OTRAS PRESIONES
El lunes pasado la sede de la Cadena Capriles, parte del grupo del diario Últimas Noticias, fue atacada con cinco bombas molotov. Además, la Fiscalía venezolana decidió investigar al portal Noticiero Digital por presuntos “llamados al desconocimiento de la institucionalidad”, días después de que Chávez lo acusó de difundir “incitaciones a un golpe de Estado”.
Carlos Correa, responsable de la organización no gubernamental Espacio Público, consideró “preocupante” que “hable el Presidente y al día siguiente se encuentren decisiones judiciales” contra los mencionados.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, dijo que “se está demostrando que en Venezuela no hay independencia de poderes, valor esencial de la democracia”.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Academia de Televisión de España y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), también expresaron sus condenas.
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