Languidece el año de 1853 cuando el general Fruto Chamorro, no queriendo marchar por la senda de las leyes —porque él quería hacer algo extraordinario que aterrase a sus enemigos y deslumbrase a los pueblos que esperaban de él hechos grandiosos, según el historiador Jerónimo Pérez— cometió el error político de mandar a capturar a los señores diputados: Francisco Castellón, José Guerrero, Máximo Jerez, Francisco Díaz Zapata y otros más, abriendo la caja de Pandora que desatara la Guerra Nacional.
Evoco aquel episodio histórico a propósito de la no sentencia emitida por un grupo de magistrados sandinistas que, actuando como Sala Constitucional, pretende quitarle la inmunidad a los miembros de la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional, encabezados por José Pallais Arana, Wilfredo Navarro y eventualmente procesarlos con todas las consecuencias que sabemos, más que arrebato de prepotencia, será un error del ciudadano presidente y podrá desembocar en escenarios no deseados para la mayoría de los nicaragüenses.
Pero no todo es negro dentro del panorama. En primer lugar, la fortaleza del Gobierno y su capacidad de acción es relativa. Hace unos meses dije que el Gobierno de Ortega estaba aislado, tanto a lo interno como a lo externo. Hoy agrego un nuevo elemento: está cercado. Rodeado de sus propias torpezas, el Gobierno no tiene mucho campo en qué actuar. Si por ejemplo decidiese quitarles la inmunidad a los diputados de la Comisión Jurídica, Ortega estará cerrando prácticamente la Asamblea, lo que lo lleva a un estado de sitio. De presidente pasará a ser dictador.
Esto tensionará totalmente el escenario político. Preguntémonos por ejemplo: ¿cuál será la reacción de la Policía y del Ejército ante tales medidas? Si obedecen a Ortega, se convierten automáticamente en cuerpos represivos, sólo comparables con la extinta Guardia Nacional. Si desobedecen al presidente —que es su jefe supremo— por salvaguardar la Constitución, estaríamos en presencia de un golpe de Estado al estilo hondureño.
Pero mientras la oposición sigue dividida, la mentalidad de exclusión prevalece y cada quien pretende formar su propia alianza, atomizándose cada día más, el oficialismo actúa de forma dramática, ataca sañosamente creando confusión. Recientemente un grupo de diputados (un quinteto) perteneciente al ALN junto con los votos del BUN (bancada satélite del orteguismo) y los propios diputados del Gobierno logró hacer quórum en la Asamblea al reunir 47 votos. El poder de las lapas verdes se hizo efectivo y un nuevo grupo de traidores se agrega a la lista de los mercaderes de la política, creando un nuevo balance de fuerzas en la Asamblea Nacional.
Por otro lado, dos magistrados, quienes violentando la Ley Orgánica del Poder Judicial actuando como Sala Constitucional, emitieron nuevamente una no sentencia, en donde contrario al texto constitucional que dice en el Arto: 133. forman parte de la Asamblea Nacional como diputados, Propietario y Suplente, el Ex Presidente de la República y Ex Vicepresidente electo por el voto popular directo en el período inmediato anterior, le niega al doctor José Rizo Castellón, ex Vicepresidente electo por voto popular, sus derechos a ser diputado y se lo otorga a un aliado del orteguismo.
Al mismo tiempo, el Consejo Supremo Electoral le devuelve la personería jurídica al Partido Conservador, jugada cuyo resultado es crear un nuevo frente, cuya cabeza visible será Alejandro Bolaños Davis, rehabilitado en su escaño de manera sorprendente, dadivosidad del orteguismo que todo el mundo sabe cuál es su precio.
Eso quiere decir: que el orteguismo estará escasamente a ocho votos o quizás menos para poder, primero: barrer y nombrar a su gusto y antojo un nuevo Consejo Supremo Electoral, unos nuevos contralores, un nuevo Procurador de Derechos Humanos y los magistrados que sean necesarios a remplazar en la Corte Suprema de Justicia.
Pero lo más peligroso de todo esto es la segunda fase de esta operación: Si el orteguismo consigue llegar a los 56 votos que representan el 60 por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional, Ortega podrá introducir y aprobar una reforma parcial a la Constitución que le permita correr en el próximo período electoral sin ningún cuestionamiento, ya que su candidatura será avalada por la Constitución de la República y no por una oscura y tortuosa no sentencia de una supuesta Sala Constitucional. En otras palabras, la dictadura se cubrirá con el ropaje de la legalidad y el aspirante a tirano se revestirá de constitucionalismo, esto provocará un repudio popular de grandes proporciones, cuyo resultado será el principio del fin de sus ambiciones, como lo atestigua la historia con los Somoza. El destino fatídico de todos los tiranos desde Julio César.
El autor es abogado
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
