El polémico presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, solicitó oficialmente la suspensión de un proyecto de Ley de Registro Civil, que modernizaría el procedimiento para la inscripción de nacimientos y permitiría un control de la cedulación y del padrón electoral.
El proyecto, que aún está en discusión en el parlamento y que está siendo impulsado desde hace más de cinco años por organismos de derechos humanos, principalmente, propone la creación de un Sistema Nacional de Registro del Estado Civil.
De acuerdo a la propuesta que se encuentra en la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, el Sistema de Registro estaría formado por varias instituciones gubernamentales que garantizarían el trabajo conjunto para registrar, de manera profesional, el nacimiento, los cambios en el estado civil y la muerte de los ciudadanos.
Con la creación del sistema, la hegemonía del CSE sobre el registro civil, que es la base para la cedulación y por consiguiente del padrón electoral, sería mermada para dar paso a un sistema apartidista y facilitador de las políticas sociales en el país.
Según el artículo trece de la propuesta, que aún no está dictaminada por la comisión correspondiente, el CSE sería parte del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y hasta ocuparía la secretaría ejecutiva, pero no ejercería un control discrecional sobre el proceso de registro en el país.
Pero “el Consejo Supremo Electoral no apoya ni está de acuerdo con el proyecto en cuestión (Proyecto de Ley General del Sistema del Registro del Estado Civil de la República de Nicaragua), por lo que solicitamos desestimar el mismo”, dice la carta oficial que Rivas, acusado de fraguar fraude en los últimos procesos electorales en el país, envió al presidente de la Asamblea Nacional, el orteguista René Núñez.
- La Ley del Registro Civil de las Personas en Nicaragua data de 1904, y desde esa fecha se han realizado algunas modificaciones que aún no responden a las necesidades actuales.
La ley también estipula multas para quienes no acudan antes del año a inscribir al nacido y hasta establece un juicio de reposición de partida de nacimiento cuando el niño no inscrito es mayor de un año.
La Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Unicef, Save the Children, Plan Nicaragua, la Unión Europea y otras entidades donantes son las pioneras en la lucha para facilitar la inscripción de los niños en el país. La iniciativa ya lleva más de cinco años en la Asamblea.
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“Es bastante extraño que el Consejo se pronuncie por desestimar toda la propuesta de ley, cuando en Nicaragua urge un mecanismo para acabar con el subregistro de las personas. Además, aún estamos en el proceso de discusión, podemos seguir discutiendo los elementos que se consideren pertinentes, por el bien del país”, respondió el diputado Agustín Jarquín, aliado del gobernante Frente Sandinista y presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios.
Jarquín explicó que la nueva ley mejoraría el desarrollo de políticas sociales con datos poblacionales reales y permitiría mayor seguridad en el acceso a documentación nicaragüense.
“Los casos de delincuentes que pagan y hacen sus negocios para obtener documentación de partidas de nacimiento o cédulas de nacionales se acabarían con un sistema que rija el registro de las personas”, defendió el diputado.
LO QUE HACE “SALTAR” A RIVAS
“Tendríamos un padrón electoral menos manipulable, porque con el desfase actual, en el padrón no estamos todos los nicaragüenses que somos, ni están todos los que en realidad son ciudadanos”, agregó.
De acuerdo a los datos oficiales del CSE, en Nicaragua hay tres millones 863 mil 837 personas dentro del padrón electoral.
Esa es la cifra más actualizada, hasta septiembre del 2008, sin embargo los expertos en el tema han criticado fuertemente la confiabilidad del padrón.
RIVAS HABLANDO DE INCONSTITUCIONALIDAD
De acuerdo a la carta enviada por Rivas a la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley de Registro es “inconstitucional” porque violenta el artículo 173 de la Constitución Política.
Según la Carta Magna, en el artículo 173 inciso 10, el CSE tiene como competencia el “organizar bajo su dependencia el registro central”.
Además de eso, Rivas apela a otros artículos de la Ley Electoral de Nicaragua, en donde también se habla de las funciones del CSE.
EL GATO CUIDANDO LA LECHE
Sin embargo, para la ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, “el problema es que ahora el Consejo Supremo Electoral es una criatura que se deformó y no podemos pelear esa función de reguladores del Registro Civil para un Consejo partidizado”.
La ex magistrada aseguró que el celo del CSE para controlar el Registro Civil “es excesivo”.
“Un sistema para regular y mejorar el registro funcionaría mejor si fuera coordinado por un conjunto de entidades. No veo nada dramático. No creo que se deba devolver todo el proyecto por eso, el celo del Consejo es excesivo”, dijo Zelaya, para quien la coordinación de parte del CSE sería fundamental “sólo si fuera una institución profesional y apartidista”.
La ex presidenta del CSE instó a las partes a encontrar un acuerdo, para beneficiar a la población.
A pesar de la oposición de Rivas, el mismo Gobierno solicitó asistencia técnica para revisar el Registro Central del Estado Civil de las Personas.
La solicitud se hizo a través de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA), en marzo pasado, durante la visita del embajador Dante Caputo, secretario de asuntos políticos de ese organismo regional al país.
Sin embargo, sin contemplar cualquier mejora en el sistema de registro, el CSE anunció hace algunas semanas la entrega de cédulas de “última generación”, un proceso que lleva más de cinco años de retraso y lo pretenden impulsar ahora, cuando a los actuales magistrados les quedan constitucionalmente unos cuantos días en el cargo.
La medida, anunciada en todos los medios oficialistas que ahora son la tribuna preferida del magistrado presidente, fue catalogada como “contraproducente” por el ex magistrado liberal del CSE, Silvio Américo Calderón.
De acuerdo con Calderón, es ilógico que se pretenda iniciar la cedulación, cuando el Registro Central del Estado Civil de las Personas no se encuentra actualizado. De hecho, en la mayoría de las oficinas municipales, que manejan la parte administrativa del Registro que luego pasa a las oficinas del CSE, la información se sigue escribiendo a mano.
Hasta ahora la propuesta de Ley de Registro Civil ha sido discutida con todas las oficinas de registro de las municipalidades.
La principal preocupación de los registradores municipales, que responden a la oficina central del CSE, es que la información de las personas se está deteriorando con el avance del tiempo.
Las dificultades para inscribir a los niños y niñas han generado que el subregistro de inscripción ande por el 35 por ciento en algunas zonas.
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