CORRESPONSA/RIVAS
Miembros de 45 familias beneficiadas por la Sociedad de Gestiones y Negocios Inmobiliarios Sociedad Anónima, (Geninsa), con 83 manzanas de tierras costeras ubicadas en el sector de El Astillero en Tola, llegaron hasta las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en el departamento de Rivas para exigir que cesen las invasiones a la propiedad y les reconozcan de una vez por todas que ellos son dueños de las propiedades citadas.
Los manifestantes llegaron a la PGR en Rivas con pancartas en mano, en donde exigían la inscripción definitiva de las propiedades y acusaban al procurador departamental Juan Bautista Betanco Meneses de presuntamente mandar invasores a las tierras.
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Gloria Velázquez, una de las manifestantes, entró a la oficina de Betanco Meneses para representar a las 45 familias.
Manifestó que el funcionario le dijo: “Nosotros no tenemos nada ahí. Y nos sentenció que ya sabe quién está a la cabeza de nosotros ”.
Cenelia Vargas, otra de las manifestantes, lamentó la posición del procurador departamental Betanco Meneses, quien les dijo a los reclamantes que no vale el título con que Geninsa y la familia del ex presidente Arnoldo Alemán obtuvieron las propiedades.
“Yo le recuerdo que, desde enero de 2007, Geninsa nos cedió legalmente la propiedad que ocupamos desde hace mucho tiempo, porque nosotros nacimos y crecimos en esas tierras”, reclamó Vargas.
Según indicó, aunque las 83 manzanas fueron desmembradas legalmente por Geninsa e inscritas provisionalmente en el Registro Público de la Propiedad de Rivas bajo la cuenta registral 27,759, asiento número 8, del tomo 284 y 313, la falta de recursos les ha imposibilitado concluir el trámite.
Por ello no entienden cómo ahora les pueden decir que no tienen nada.
“Por eso venimos a protestar frente a la PGR”, dijo otro de los beneficiados, que no se identificó.
DENUNCIAN PRESENCIA DE EX MILITARES
La preocupación de los pobladores de El Astillero también se debe a que a las propiedades llegó un grupo de supuestos ex militares afines al partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes trataron de asentarse en el sitio con champas e incluso “apoyados por morteros”.
Los ex militares —según los denunciantes— aseguraron que habrían sido enviados por el procurador Betanco Meneses y por el secretario político departamental del FSLN, Amílcar Aguilar.
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