Arnoldo Alemán ha perdido acciones en el juego político. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ha demostrado mayor destreza y está ganando la partida. Sin embargo, lejos de que eso pueda sonar a un triste desenlace de la revuelta política criolla, para Félix Maradiaga, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Americana, significaría el surgimiento de una nueva crisis, igual o peor a la que vivimos recientemente tras el vencimiento del período de dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
Desde su casa de habitación, al final de una tarde lluviosa, Maradiaga reconoce las ventajas con que el FSLN ha ido avanzando en el ajedrez político a través de maniobras que aunque se disfracen de legales, no son del todo legítimas, y de una serie de mecanismos con los que aunque parecieran fallidos, en realidad ha servido para obtener los resultados deseados. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo quisieron imponer sus Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como órganos del Estado mediante la reforma a la Ley 290? Pues al final de tantas presiones y protestas, se retractaron a la reforma pero en la práctica los CPC se establecieron y en cada barrio continúan funcionando como organismos de control y en algunos casos, hasta garantes para obtener un trabajo.
Pero la culpa no es sólo del FSLN de Daniel Ortega, también la oposición tiene su carga en este asunto. Primero han demostrado que los intereses individuales han estado ante todo y eso ha dejado en evidencia la incapacidad de responder ante las maniobras del partido de gobierno, que como en ningún otro momento, ahora tiene el poder de quitar y poner diputados a su gusto y antojo sin que la oposición pueda reaccionar a tiempo.
Lo peor de la crisis no ha pasado. Todavía quedan importantes temas pendientes como el nombramiento de 23 funcionarios públicos en instituciones tan medulares para el quehacer político como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué panorama avizora en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas?
Contrario a lo que algunas personas hubieran esperado, la salida se ve más lejana de lo que se podría esperar. El partido de gobierno está firme en su intención de encarrilarse en el irrespeto a la institucionalidad y entonces hemos tenido mensajes mixtos, y debo empezar diciendo también que es una buena señal que al Partido Conservador se le haya regresado su personalidad jurídica pero este acto en otro escenario sería de buena fe, pero también se han visto algunas arbitrariedades como por ejemplo la resolución respecto a la diputación (suplente) legítima del ex vicepresidente José Rizo. La Asamblea parece estar perdiendo cada vez más su capacidad de ser el poder del Estado donde las diferencias políticas se puedan dirimir dentro del marco constitucional.
Respecto a la devolución de la personería jurídica del Partido Conservador y la diputación de Alejandro Bolaños Davis, ¿qué rol les tocaría jugar ahora que “vuelve a la vida” dentro de la Asamblea Nacional?
Partamos que dentro de los estatutos del Partido Conservador establecen que los legisladores de ese parido deben procurar la conformación de una bancada, entonces yo en ese sentido soy más flexible que otros observadores que creen que la conformación de una bancada conservadora o el accionar del diputado Bolaños Davis al margen de la bancada que ya existe, que está conformada por el diputado Montealegre, sería algo que fragmentaría a la oposición. Yo creo que el juego democrático es ése, el Partido Conservador tiene su personalidad jurídica, siempre la tuvo aunque legalmente no se le reconocía, así que es comprensible que el diputado Bolaños diga que él está procurando actuar en el marco del accionar de su partido.
También comprensible que haya preocupación de la oposición por un fraccionamiento. El Frente Sandinista ha demostrado hasta ahora que no da nada gratis y naturalmente si bien se celebra la decisión retardada de lo que siempre fue legítimo, al mismo tiempo es preocupante la forma atropellada con que se hace. Apartando la decisión y viendo el procedimiento, lo que genera alarma es que con la misma ligereza con que se le quita la diputación a un ciudadano que fue electo mediante los cauces legales y con la Ley Electoral vigente, con la misma sospecha se le regresa. Son decisiones que no dejan de meterle ruido a la política nicaragüense.
Es difícil creer que es un acto de buena fe, como usted acaba de decir.
Quisiéramos verlo como un acto de buena fe, pero lo que estamos viendo es un acto de cálculo político orientado en atomizar aún más a la oposición.
¿O sea que si se llegase a conformar, veríamos a una bancada conservadora con el dilema de hacer lo que políticamente le conviene al país o devolverle el favor al Frente Sandinista?
Yo creo que sería subestimar al Partido Conservador si decimos que “van a pagar el favor”. A diferencia de muchos otros diputados, los diputados conservadores han mostrado una posición a la altura del accionar legislativo democrático. Lo que sí está claro es que el partido de gobierno está dispuesto a invertir los recursos políticos necesarios para no permitir la unidad.
La personería jurídica del Partido Conservador y la diputación de Alejandro Bolaños Davis, lejos de ser preocupaciones hay que celebrarlo. Yo creo que las preocupaciones son proporcionalmente mucho menos respecto a los beneficios que traen. El factor de preocupación es como siempre el partido de oposición mayoritaria, el PLC. Es totalmente obvio, sin necesidad de escudriñar mucho, que no podría haber una oposición cohesionada sin una participación del PLC y hasta ahora los actos de buena fe del PLC han sido sobrepasados por actos de mala fe, y me refiero específicamente a la resistencia del doctor Arnoldo Alemán de reconocer que él de manera personal se constituye en un obstáculo para la unidad de las fuerzas democráticas.
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Y dentro de ese grupo opositor, ahora se incluye a ciertos organismos de la sociedad civil.
“Un grupo importante de la sociedad civil se ha visto obligado a asumir un rol que no es típico del tercer sector, como es el accionar político como entes de oposición. Sin embargo, en un análisis más pragmático de la realidad, la sociedad civil ha sido obligada a sumir ese rol por la incompetencia de los partidos. Pero es importante que estén claros que ese rol es temporal en la medida que los partidos políticos asuman esa responsabilidad”, recomienda Maradiaga.
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Siguiendo con los “actos de buena fe”, el diputado Wilfredo Navarro, del PLC, firmó la carta con la que se solicitó al Consejo Supremo Electoral que revisara la personería jurídica del Partido Conservador, sin embargo, esta vez también lo vimos celebrando la resolución de devolverla. ¿Cómo puede haber una ambivalencia como ésa?
Las ambivalencias son únicamente el reflejo de un acuerdo político de más alto nivel en donde el diputado Navarro ha demostrado que él es el operador político de un acuerdo que depende concretamente de dos caudillos. Así como el despojo de la personería jurídica del Partido Conservador y la diputación de Alejandro Bolaños Davis solamente pudo haber sucedido con el visto bueno del caudillo del PLC, igual el retorno de la misma me parece que solamente pudo haber sucedido con algún tipo de colaboración del PLC. Cuanto menos lo que el PLC decidió, es decir el doctor Alemán, es no intervenir.
Tratando de ver esto a futuro, en las elecciones del 2011 lo más lógico es que el Partido Conservador, ahora con su personería jurídica, quiera participar en su propia casilla como un partido independiente y no en alianza con la famosa gran unidad opositora que se quiere formar.
Efectivamente las probabilidades de tener un juego a tres y cuatro bandas se han duplicado de forma inmediata. Eso no debería extrañarnos en un sistema democrático donde la Ley vigente permite el multipartidismo y de forma normativa lo fomenta. Lo que sucede es que en la práctica existe un bipartidismo consolidado que se está desmontando para establecer un sistema de partido hegemónico, y un sistema hegemónico sólo podría funcionar en la medida que los otros partidos estén cada vez más fragmentados y no puedan hacer un contrapeso. Por eso la posibilidad de que el Partido Conservador ofrezca su casilla es casi algo que esté escrito.
Con estos cambios de estructura que podría haber en las bancadas de la Asamblea Nacional, ¿cómo quedaría el nombramiento de funcionarios?
Se va a retrasar. La crisis se va agravar, aparentemente. Toda la evidencia que tenemos hasta ahora es que vamos a tener una repetición de los escenarios de tensión y crisis legislativa que se dieron cuando se vencieron los cargos de algunos magistrados. No hay ninguna flexibilidad del partido de gobierno de colocar otros candidatos que sean más potables, porque ya lo han dicho las distintas bancadas de oposición que estarían dispuestos a hacer una selección de los cargos vacantes si no hay ciertos personajes involucrados, fundamentalmente el que más documentado ha sido es el del presidente del Consejo Supremo Electoral actual.
Lo que vemos con toda claridad es que no va haber un consenso en un primer arranque y lamentablemente el país va ser nuevamente sujeto de un nuevo episodio de crisis que lo que hace es elevar el riesgo país y causarle a la nación un estrés innecesario.
¿O sea que podríamos llegar a las elecciones presidenciales del 2011 con los mismos magistrados que están ahorita en el Consejo Supremo Electoral?
Creo que sería muy difícil que el partido de gobierno haga una apuesta tan descarada hacia la ilegalidad. El Frente se ha caracterizado hasta ahora por hacer un juego de “minimax”, minimizando sus propios riesgos al momento de maximizar la pérdida de la oposición. Eso ha sido posible porque la oposición lo ha permitido. Aunque tenga que romper la legalidad recurrentemente, vemos que el Frente ha tenido un cálculo político bastante estratégico de hasta dónde puede presionar esos niveles de ilegalidad.
Si hacemos un análisis cronológico, tenemos su apuesta por reformar la Ley 290 con la cual convertía a los CPC en prácticamente un órgano estatal, como un sistema de gobierno en el cual estos Consejos del Poder Ciudadano estaban legitimados. ¿Qué hizo el partido de gobierno cuando tuvo una arremetida de la opinión pública nacional e internacional? Se retractó.
Después lo vimos, por ejemplo, con ataques a la sociedad civil y su decisión de abrirle un juicio por lavado de dinero a Cinco, MAM y Oxfam, y también la respuesta (de la opinión pública) hizo que se retractaran. Sin embargo uno ve los logros que obtuvieron: los CPC no quedaron como entidades gubernamentales, pero sí legitimados desde la perspectiva del gobierno como entidades de interacción reconocida. Con el tema de sociedad civil prácticamente amedrentaron a una cantidad de donantes que ahora son más cuidadosos de auspiciar a ciertas organizaciones. Y podría seguir enumerando, pero el punto es que la estrategia de “minimax” le está funcionando al Gobierno por la incapacidad de respuesta de la oposición.
Si seguimos esa misma ruta, el análisis prospectivo nos podría llevar a un panorama en el que el partido de gobierno no estaría dispuesto a jugárselas todas cuando de por sí el hecho de llevar a Daniel Ortega como candidato causaría suficiente cuestionamiento. Yo creo que va haber un arreglo antes de las elecciones, pero ese arreglo habría sometido en primer lugar a la oposición a un enorme desgaste, y en segundo lugar sometería al país a que aumente su riesgo país, algo triste para las inversiones.
¿Qué significaría ese regreso a la crisis para la ciudadanía, para la gente que anda a pie?
Habría un doble efecto. Desesperanza en las instituciones y eso lo han demostrado tanto las encuestas de M&R como las encuestas que hace la LAPOP de Vanderbilt University, donde muestran que la ciudadanía nicaragüense está aumentando su cinismo político, lo que se califica como la opinión de los ciudadanos que afirman que no creen en sus instituciones. Por ejemplo, si uno dice “todos lo políticos roban” o “todos funcionarios públicos son malos”. Y el segundo efecto es que está aumentando un sentimiento de que los cauces de oposición institucionales son cada vez menos efectivos.
¿Cómo queda Arnoldo Alemán en esta jugada?
Arnoldo Alemán queda en el lugar que ha escogido, que es el de ser el socio minoritario del acuerdo. Arnoldo Alemán sabe que entre todos los escenarios posibles el rol de socio minoritario del pacto es el que le corresponde. En otros tiempos el otro papel que hubiese jugado es de la oportunidad histórica de poder reinventarse como líder en el sentido de demostrar que su liderazgo partidario trasciende los intereses personales y reconocer a profundidad que es un obstáculo a la unidad y que retirándose podría aumentar las probabilidades de una unidad de oposición. Hasta ahora no hemos visto esa actitud galante del doctor Alemán, cuya candidatura presidencial es legal, pero no sería legítima en el sentido que la gran mayoría de la opinión pública lo reconoce como un personaje controversial.
¿Qué pasará con el tentáculo de Alemán en la Corte Suprema de Justicia?
Lo que antes eran tentáculos ahora son cada vez más en singular. Precisamente el doctor Arnoldo Alemán está perdiendo acciones en la Corte, donde el Frente Sandinista ha colocado, ha apuntado sus energías para convertir de manera más franca a un ente sujeto a las fuerzas partidarias.
Arnoldo sabe que es copartícipe de un modelo de justicia verdaderamente vergonzoso donde existen bancadas dentro de la Corte Suprema, un modelo que cuestiona el principio más básico de la democracia representativa y la democracia liberal como es la separación de poderes. Lo que nunca se imaginó es que iba a perder acciones y convertirse en un socio minoritario en la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué tipo de magistrados hay en la Corte Suprema de Justicia?
Representantes de partidos políticos que se asemejan cada vez más a los delegados de un partido en un cuerpo político.
Le hago esa pregunta porque cuando se piensa en la Corte Suprema de Justicia y la crisis actual, al hablar de culpables sólo se menciona a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, sin embargo, tenemos magistrados que están actuando por su propia voluntad.
Sí, tenemos ciudadanos que en otros momentos no muy lejanos jugaron un rol que les ganó especial respeto. No me gustaría referirme a nombres particulares, pero se podría pensar en varios ejemplos de abogados que en el ejercicio de esa digna profesión se ganaron el respeto de muchos ciudadanos, sin embargo hoy la tentación del poder y el empecinamiento les ha ganado un triste papel de delegados de un partido político en un cuerpo político y eso es un factor que agrega la desesperanza de la ciudadanía. Cuando una Corte tiene más del 80 por ciento de desaprobación de la ciudadanía, lo que queda es el completo desacato a la autoridad.
¿Qué lectura hace de la resolución que tomó la Corte Suprema de Justicia al otorgarle la diputación suplente al doctor Alfredo Gómez Urcuyo?
Absolutamente arbitraria. Es un caso quizás menos descarado que las otras resoluciones en el sentido que, resoluciones que llegan al nivel de descaro de decir que la no inscripción de ciertos candidatos y específicamente la del presidente Ortega como candidato a la Presidencia viola sus derechos ciudadanos, eso es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero ésa es una resolución que tiene el mismo nivel de ilegitimidad, pero no alarma tanto porque era algo que se venía cantando desde hace rato. Era evidente que los socios del pacto no tenían interés en tener a un diputado que posiblemente iba a ser incómodo como el doctor José Rizo.
¿Cuánto podría significar el voto del doctor Gómez, en el caso que el ex presidente Enrique Bolaños lo nombre como su suplente?
En este momento lo que se ha visto es que cada voto cuenta. El Frente no la ha tenido fácil con la cantidad de diputados necesarios para mantener su control legislativo. En segundo lugar, la capacidad que el partido de gobierno tiene para poner y quitar diputados es un elemento desmoralizador de la oposición. Tenemos un partido de gobierno que ha alcanzado la facultad, al margen de la Ley, de poner y quitar diputados. Una noche un ciudadano se acuesta como diputado del Parlacen (Parlamento Centroamericano) y al otro amanece como diputado de la Asamblea Nacional sustituyendo nada más y nada menos que a un Vicepresidente. El valor no es más que simbólico, es realmente una reafirmación del territorio que el Frente Sandinista va ganando cada vez utilizando un ajedrez fuera del tablero de la Ley.
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