Por Carlos Alberto González
BOGOTA/AP
Los colombianos acudían el domingo a las urnas para escoger a un nuevo presidente y la mayoría de las encuestas apuntan a que la contienda se definirá en una segunda vuelta el 20 de junio.
«El país está tranquilo», dijo el domingo temprano el ministro de Defensa, Gabriel Silva, ratificando que el plan de seguridad en los 10.075 puestos de votación instalados en más de un millar de municipios del país esta funcionando con más de 300 mil militares y policías.
«Vamos a tener las elecciones más tranquilas» en décadas, aseguró Silva a la radio Caracol.
Los 29,9 millones de personas habilitadas para votar deberá elegir entre nueve aspirantes, entre ellos una mujer y un ex guerrillero, pero son dos de los candidatos los que concentran el favoritismo: el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, del Partido Verde, y el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).
Sin embargo, la mayoría de los sondeos indican que ni Mockus, un matemático de 58 años, ni Santos, un economista de la misma edad, conseguirían este domingo más de 50% de los votos validos que exige la ley colombiana para alzarse con el triunfo.
Sin ese porcentaje, ambos deberán medirse en una segunda vuelta, prevista para el 20 de junio y cuando se gana por simple mayoría.
Con una abstención que tradicionalmente supera el 50%, la Registraduría Nacional, o la autoridad que organiza las elecciones, ha dicho que espera una votación de unos 16 millones de personas. La Registraduría ha dicho que un primer boletín con 95% de los resultados se divulgará a las 19.00 horas (0000 GMT).
El ganador sucederá al actual mandatario Alvaro Uribe para el cuatrienio de gobierno 2010-2014 y asumirá el cargo el 7 de agosto próximo.
Los dos grandes favoritos de la contienda han asegurado que mantendrán algunas políticas de Uribe, quien culmina una gestión de ocho años o dos períodos sucesivos de gobierno, como la llamada ‘Seguridad Democrática’ o como denomina al jefe de estado al combate a grupos armados ilegales, principalmente las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, Mockus ha acentuado diferencias al decir que en su eventual gobierno lo que habrá será ‘legalidad democrática’, es decir, ese mismo combate a los ilegales, desde rebeldes hasta narcotraficantes, pero sin que se produzcan violaciones a las leyes, como el escándalo surgido en 2008 sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados más tarde por el ejército como insurgentes o criminales abatidos en choques regulares con la fuerza pública.
Tal escándalo ha sido uno de los flancos de los más duros ataques en la campaña contra Santos, quien como ministro de Defensa (julio 2006 a mayo 2009) estuvo al frente de las más exitosas operaciones militares contra las FARC.
En un país sumergido en un conflicto armado interno desde hace casi medio, el tema de los grupos ilegales y su contención son pieza clave en los programas de gobierno de los distintos aspirantes, desde la única mujer en la elección, la ex canciller Noemí Sanín, del Partido Conservador, hasta Gustavo Petro, senador y ex miembro del ya pacificado grupo rebelde Movimiento 19 de Abril (M-19).
Sanín, Petro y sus otros rivales, como Rafael Pardo, del Partido Liberal y Germán Vargas Lleras, del oficialista partido Cambio Radical, han dicho que seguirán combatiendo a las guerrillas, pero tanto como Mockus destacan que será siempre siguiendo las leyes.
El ex ministro de Defensa Santos se ha defendido asegurando que las ejecuciones extrajudiciales ni fueron un política de Estado ni promovidas por su despacho, que, asegura, fue el que las castigó con una purga en octubre del 2008 de al menos una veintena de militares, entre ellos tres generales del ejército.
Aparte del tema de la seguridad interna, la campaña también ha estado dominada por asuntos como las relaciones de Bogotá con sus países vecinos, principalmente con Venezuela y Ecuador, destacando todos la necesidad de normalizar esos lazos, virtualmente rotos en los dos últimos años de gestión de Uribe, precisamente por asuntos como acciones contra las FARC.
El nuevo mandatario además tendrá que enfrentar un abulto déficit fiscal de 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una tasa de desempleo superior al 12%, al cierre del 2009, y un auge de 16% en los homicidios: pasaron de 15.250 casos en 2008 a 17.717 el año pasado, según el Instituto Nacional de Medicina Legal.
