Por Octavio Enríquez
El Ministerio Público desechó esta mañana la denuncia interpuesta por diputados de la oposición encabezados por José Pallais, en contra de los contralores colegiados a los que se les venció el período y que decidieron continuar ilegalmente en sus cargos amparados el “decretazo” del mandatario Daniel Ortega.
“Los delitos denunciados de nombramientos ilegales y usurpación de funciones públicas, contemplados en los artículos 436 y 296 PN (Código Penal), no pueden imputárseles objetivamente a los denunciados por no tener los elementos de prueba suficientes para ejercer la acción penal”, dijo hoy el fiscal general de la nación, Julio Centeno Gómez.
Por tanto, para el funcionario dicha denuncia carece de méritos para elevar una causa ante los juzgados.
Centeno Gómez alegó además que todo se origina en “situaciones de carácter jurídico político” en el Supremo Poder del Estado de la Asamblea Nacional “que trascienden la esfera de nuestra competencia al no contar con los elementos indubitables necesarios, que nos permitan la apreciación objetiva… que por imperativo legal el Ministerio Público debe determinar entre lo lícito y lo ilícito”.
La resolución fue notificada a las 10:05 a.m. Una hora más tarde, el doctor Guillermo Argüello Poessy, uno de los que se amparó en el ilegal decreto de Ortega, dijo con sarcasmo en su despacho de la Contraloría General de la República, que dicha resolución era una lección de derecho para los opositores.
