“Por el procedimiento judicial, por el comportamiento de los jueces, por la degradación moral en que se ha sumido el país, o por cualquier otra razón que usted pueda imaginar, inventar o descubrir, lo cierto es que nuestros tribunales son de INJUSTICIA y no de JUSTICIA”. Pareciera que estas palabras fueron escritas hoy, en alguna nota informativa o un artículo de opinión sobre los innumerables problemas de la actualidad que se ventilan —pero que no se resuelven, sino que se dilatan y se agravan— en los tribunales de justicia. Sin embargo, esos conceptos fueron escritos por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal hace 59 años, en un editorial titulado “Tribunales de Justicia”, que fue publicado en LA PRENSA del jueves 6 de septiembre de 1951.
El doctor Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas y Director Mártir de LA PRENSA, escribió y publicó tales apreciaciones sobre la administración de injusticia en la época de la dictadura familiar y dinástica somocista, cuando Nicaragua era gobernada férreamente por el general Anastasio Somoza García. Pero esas mismas palabras se pueden decir de la administración de justicia actualmente, cuando gobierna en forma autoritaria un antiguo comandante guerrillero que no oculta sus pretensiones de imponer otra dictadura familiar y dinástica, como la somocista, a la cual su régimen se está pareciendo cada vez más.
Ciertamente, aquella áspera calificación de los tribunales de justicia que hiciera el doctor Chamorro Cardenal hace 59 años, calza perfectamente con los innumerables casos de injusticia notoria que se conocen a diario en el país. Tal es la situación, para señalar un ejemplo de dramática actualidad, de la joven Fátima Hernández Canda, quien ha debido plantarse en huelga de hambre ante la sede de la Corte Suprema, en protesta por la retardación o falta de justicia por el abuso sexual que según su propia denuncia ella sufrió el año pasado, por el cual acusó oportunamente a su presunto violador ante las autoridades judiciales.
La huelga de hambre de Fátima Hernández y su hospitalización urgente, el lunes por la tarde, debido a los estragos que le ha causado el prolongado ayuno de agua y comida, así como su anunciada decisión de mantenerse en esa actitud de protesta hasta que se le haga justicia, o se muera, le han dado más intensidad emocional a este caso de injusticia gubernamental, que apenas es uno entre los miles y miles que hay en los tribunales de Nicaragua.
El miércoles de la semana pasada dijimos que, aunque todas las formas de violencia individual y social derivan de la naturaleza humana, sin embargo las agresiones físicas concretas se desencadenan u ocurren con mayor o menor frecuencia y magnitud, en virtud de diversos factores sociales, culturales y políticos. Y al respecto expresamos que “el tipo de poder político y la calidad humana de las personas que gobiernan —y de las que administran la justicia, agregamos ahora—, juegan un papel muy importante, inclusive determinante, en la manifestación de la violencia instintiva de los hombres o en su reversión y neutralización”.
Esto es válido también para la violencia sexual como expresión irracional, brutal y despiadada de una subcultura machista que lamentablemente todavía está arraigada en nuestra sociedad. Pero no es fatal e inevitable que esta subcultura criminal se manifieste con tanta reiteración. Ella puede ser desalentada, e inclusive erradicada, por la acción común de las diversas instituciones y agentes públicos, sociales y particulares. Y en esto le compete a la autoridad gubernamental desempeñar una función primordial, a través de procurar una educación institucional integral y transformadora, y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, pero también por medio del buen ejemplo que los gobernantes deben dar a la sociedad con su comportamiento personal y mediante una ecuánime, rápida y eficaz administración de justicia.
Sin embargo la realidad es otra. En Nicaragua “estamos viviendo en una época de inmoral desorden en la administración de la justicia que va desde el plano elevado de la recomendación estatal, hasta el pequeño y envilecido de la recomendación amistosa, hecha en las tabernas baratas y en las tertulias de vecindario”.
Esto también lo escribió el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, hace 59 años, en el editorial arriba mencionado. Pero es igualmente válido para el presente, porque hoy de nuevo los tribunales son de injusticia como lo eran ayer bajo el somocismo.
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