De no lograr destrabar el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Daniel Ortega está arriesgando el crecimiento económico del país, al no poder disponer de 70 millones de dólares para proyectos de inversión pública.
Pero además se arriesga el empleo dentro del Estado y la sostenibilidad de los distintos programa sociales, porque de llegar a incluir los 529 córdobas de bono salarial a los empleados públicos en el Presupuesto de la República, para sostenerlo deberá recortar partidas a otras instituciones.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), es de la opinión que si bien la alternativa más viable que tiene el Gobierno para lograr encauzar el programa con el FMI es comprometerse a asumir el bono como ajuste salarial el próximo año, será una medida que desatará una serie de problemas a nivel interno.
El Gabinete Económico espera conseguir que el Directorio del FMI retome la cuarta revisión del programa con Nicaragua, lo cual pasa por asumir dentro de la Carta de Intención las nuevas medidas en materia económica. Debe explicar el efecto del bono-salario en la inflación, la masa salarial del Estado y si éste será permanente.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien preside la Comisión Económica en la Asamblea, opina que debe revisarse el comportamiento del crecimiento económico primero para determinar si se contará con los recursos para cubrir el bono.
Gutiérrez es de la posición que “es necesario que ese beneficio para los trabajadores se mantenga el año que viene”.
Por su parte, Aguerri dijo que debe entenderse que al entrar el bono al Presupuesto implica una presión en el gasto público, porque al volverse un incremento salarial el año que viene se tienen que encontrar las fuentes para sostenerlo”.
[/doap_box]
Daniel Ortega manifestó el viernes no estar seguro que Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) vuelva a dar los 500 millones de córdobas de regalo para el complemento salarial a los trabajadores del Estado.
Según Aguerri, al tener que evitar perder el programa con el Fondo y dar el bono, el Gobierno se verá obligado a quitarle partidas a distintos sectores del Estado para cumplir con el incremento.
“Ya el trabajador reconoce que el bono-salario lo va a recibir, indistinto de quién sea el Gobierno. No se le puede quitar.
Con esta medida se arriesga la estabilidad de la economía y provocó la presión en materia salarial”, afirmó Aguerri.
El sector privado en la discusión del salario mínimo del 2011 no respaldará un ajuste en el porcentaje del 10 por ciento aproximadamente, que es lo que representan los 529 córdobas.
“Una empresa para pagar los salarios necesita vender. El Gobierno busca cómo recaudar más, por eso es más fácil para ellos decir yo aumento porque lo quita a quien está ganando”, explicó el presidente del Cosep.
En ese sentido afirmó que los próximos ajustes salariales que respalden seguirán “en base a la competitividad, productividad y no por populismo”.
NO PAGO CONTRA NORMATIVA DE LA MORATORIA
Los 70 millones de dólares que se necesitan para garantizar el pago de empleados públicos y realizar los proyectos de inversión pública como carreteras, saldrían de las reservas internacionales que dispone el Banco Central de Nicaragua (BCN), pero una vez que obtenga un capital similar de fondos del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para evitar un desfase del programa comienzan a cumplir con los temas pendientes con el FMI.
Ayer sábado, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras publicó la Norma Especial para la aplicación de la Ley No 716: Ley Especial para la renegociación de adeudos de las microfinancieras y deudores en mora; conocida como Ley de Moratoria.
Una norma que provocó inconformidad en el Movimiento de Productores y Comerciantes Deudores (los No Pago), pues señala que la Superintendencia “reformó la Ley aprobada por la Asamblea”, por supuestamente quitar varios de sus beneficios.
Omar Vílchez, líder del grupo, dijo que no la reconocen y por tanto no se ajustarán a la misma, prometiendo retomar las protestas.
No aceptan a quienes se les permite acceder a la renegociación, porque excluye a cualquier crédito que no sean agropecuarios y comerciales obtenidos al 30 de junio de 2010. Vílchez lee que la ley beneficia a los ciudadanos de cualquier actividad económica que estén en mora con las financieras.
La molestia es mayor porque la Superintendencia aclara que la suspensión de acciones legales, como embargos, no aplica en los casos que ya exista una sentencia firme.
“Toda la gente con bienes adjudicados queda fuera. Quiere decir que esa gente va a perder sus propiedades y no lo vamos a permitir. Ésa era la principal razón de lucha”, afirmó.
Por su parte René Romero, presidente de las financieras, dijo que se ajustarán a lo dispuesto. “La Ley es dura pero es la Ley. Querían la Ley Moratoria, la tienen, ahora vamos a cumplirla”.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
