Delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mundial de Torturas verificarán a partir de mañana lunes si el gobierno de Daniel Ortega está cumpliendo con las 109 recomendaciones que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para mejorar en temas de derechos humanos.
Pero un grupo de abogados asegura que Nicaragua no está cumpliendo con las 109 recomendaciones. “Ni las cumplirá”, dijo Gustavo García Prado, uno de los abogados, .
Lulio Marenco, otro de los abogados, indicó que recientemente el funcionario del gobierno de Ortega, Iván Lara Palacios, declaró ante la ONU que “todo es color de rosa” sobre derechos humanos en Nicaragua.
“Desmentimos eso (que dijo Lara), hay violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y se han incrementado”, declaró Marenco.
Asimismo enumeró una serie de situaciones en las que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su equipo están violentando los derechos humanos de todos los nicaragüenses, entre los cuales destacó el “rompimiento de la institucionalidad” en los poderes Judicial y Electoral.
Ejemplificó también el caso del ex procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, quien en contra de las leyes continúa a la cabeza de la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque ya se le venció su período, igual que ocurre con los ex magistrados judiciales Rafael Solís y Armengol Cuadra.
Los abogados mencionaron toda la ola de violencia que grupos afines al gobierno de Daniel Ortega han desatado en contra de miembros de la oposición, sin que las autoridades policiales y fiscales hayan actuado con beligerancia en esos casos.
Destacaron el caso de Leonor Martínez, quien ha sido vapuleada tres veces y los agresores están identificados pero gozan de inmunidad, así como el caso de la familia Chavarría, de quien demostraron que desde los años ochenta están siendo perseguidos por el sandinismo.
Los abogados Félix Icaza y Glenda Orozco mencionaron el caso del Modelo de Despacho Judicial que implementó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los Juzgados de Managua, el cual —según denunciaron— es inconstitucional y causa más corrupción y retardo de justicia.
Por haber denunciado a todos los magistrados de la Corte, Orozco e Icaza dijeron que están siendo perseguidos y junto a Marenco están amenazados de ser suspendidos en el ejercicio de su profesión por la Corte.
La libertad de expresión y acceso a la información serían otros derechos humanos que estarían violentando, ya que persiguen a periodistas como Carlos Fernando Chamorro, cierran radios como la de Santiago Aburto, y no brindan información de su gestión, convirtiendo la Ley de Acceso a la Información Pública en “papel mojado”.
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